Poder Judicial baluarte de los ricos

Columna

El puercoespín

La votación para la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial se inscribe en la crisis, a nivel mundial, del modelo de gobierno republicano agotado.

En México el Poder Judicial es oscuro, corrupto, elitista, nepótico que tiene secuestrado el negocio de la justicia.

El Poder Judicial es una casta divina que se siente muy por encima de la sociedad mexicana -la situación ésta última se dio al perder el Prian el control de los poderes Legislativo y Ejecutivo- y los señores del dinero se vieron obligados a hacer uso del Poder Judicial como su baluarte y último reducto.

Los fideicomisos del Poder Judicial solo son la punta del iceberg de un poder podrido y al servicio de los más ricos del país.

El Poder Judicial no rinde cuentas a nadie y si se le exigen las evade con negociaciones políticas más absurdas que un cuento de Franz Kafka.

El Poder Judicial no lo regula nadie, pues el Consejo de la Judicatura es un chiste mal contado. No en balde éste es presidido por quien ostenta, en su momento, la Presidencia de la Suprema Corte. En México los jueces nunca son castigados, salvo en casos, verdaderamente escandalosos y solo castigos, como retirarlos del cargo, sin procesarlos penalmente. Los órganos de control son una vacilada.

Recordemos los casos de la sinvergüenza jueza de Veracruz que más tardaron en aprehenderla que en ser liberada. El procurador de Morelos cinco veces fue aprehendido y cinco veces liberado, a pesar de ser un escandaloso defensor de feminicidas.

 Los fideicomisos son una bicoca frente al gran negocio que representa para la Suprema y todo el Sistema del Poder Judicial la compra-venta de la justicia, el verdadero gran negocio.

Históricamente los grupos de abogados o los abogados asociados o los bufetes prestigiados de abogados tienen, como primer paso, vincularse a los candidatos a gobernador o presidente, en su caso, vendiéndoles asesoría política y estrategias de márquetin electoral (mediciones, estrategias, logística, propagada).

En el segundo paso estos abogados les construyen a los candidatos, ya en el poder, un andamiaje de estrategias legales para evadir impuestos, conseguir créditos tramposos a mediano y largo plazos -y, en su caso, renegociaciones de deudas, entre otras cosas-, así como colocar dinero de los políticos y sus socios en paraísos fiscales a través de rutas irrastreables por la Unidad de Inteligencia Financiera.

El tercer, y último momento, es venderles impunidad a través de sus conexiones con los magistrados y jueces de Distrito y si es necesario cabildear con los ministros de la Suprema.

Los principales abogados que estos servicios son: Gómez Mont, Creel Miranda, Antonio Lozano Gracia, Fernández de Ceballos, Juan Collado, Miguel Carbonel y Julio Scherer Ibarra, entre muchos bufetes de “prestigio”.

Gracias a este andamiaje y engranaje de abogados se construyen las formas “legales” de robarse el dinero del erario. Esta asociación de bufetes y del Poder Judicial hizo posible el florecimiento de las figuras de las asociaciones público-privado (donde el gobierno pone el dinero y absorbe las pérdidas y los empresarios toman las ganancias); el gran negocio de los fideicomisos, esas mágicas formas de transferir el dinero a estos instrumentos para robárselo y que dichos dineros no sean auditables por la Auditoria Superior de la Federación, es decir, poner el dinero a salvo y no rendir cuentas; además,  la burdas maniobras de anular las leyes que les perjudican, bajo cualquier forma que más les acomode, como la inconstitucionalidad y faltas al debido procedimiento, que finalmente lo suyo no es el cuidado del derecho, sino robarse el dinero, sea de la forma que fuere; y por último, crear y sostener leyes que le dan poder a los organismos autónomos cuyo objetivo es minar el poder del Estado y disminuir el poder de los demás poderes (Legislativo y Ejecutivo) y favorecer a las empresas más leoninas y ambiciosas como el Grupo México, que controla las minas y los ferrocarriles y las empresas de telecomunicaciones como Televisa y TV Azteca.  

El Poder Judicial solo está demostrando que son corruptos, trabajan para los grandes empresarios y sus tareas principales son proteger a los más ricos de México.

Pero, lo verdaderamente lamentable es su asociación con el crimen organizado y los narcotraficantes y sus abogados vinculados a los políticos y a los criminales, así como su poder político representado por el Prian que terminan constituyendo un gran consorcio de criminales bien asociados. Cosa que nadie ve ni quiere ver cuando las evidencias están frente a nosotros. Y muy bien documentadas en libros y artículos periodísticos.

Las anécdotas

Xóchitl

El voto de Xóchitl Gálvez en el Senado, o mejor dicho, el no voto de Xóchitl, es propio de una gran farsa. La señora se entretuvo partiendo un pastel y aplastándolo en la cara de su compinche, Kenia López, lo que le “impidió” bajar al salón de sesiones a ejercer su voto.

Su no voto, lejos de ser una simple circunstancia irresponsable de la payasa del Senado, resulta ser un cálculo bien pensado para que no le sea recriminado el voto en la campaña legal; sin embargo, su no voto, es una traición a los trabajadores del Poder Judicial que, dijo defender en el pleno, y hasta se rasgó las vestiduras.

Xóchitl es una payasa y nunca dejará de serlo. Sus apoyadores podrán seguir apoyándola, pero su práctica política está muy lejos de ser seria.

Sus conductas no le importan a sus fanáticos, pero a los demás mexicanos sí nos importa porque somos un país donde una oposiciones, de tan bajo nivel, es un insulto a toda la sociedad, rebasa a sus partidarios.

Olga

Olga Sánchez Cordero, parecía una dama y una mujer respetable. Yo creo que lo parecía y hubiera jurado que lo era.

En la tribuna dijo “Hay momentos que son definitorios” y luego votó a favor de la permanencia de los fideicomisos. Sus argumentos fueron las mismas mentiras de la oposición. Olga se definió y se definió a favor de la corrupción al votar en contra de acotar la corrupción. Ella se asumió como corruptas y partidaria de corrupción, en eso ella tiene todo su derecho de ser corrupta.

La postura de Sánchez Cordero nos lleva a pensar que la corrupción pisa fuerte muy fuerte. El animal es grande.

Sánchez Cordero cobra su pensión de 480 mil pesos y cobra 105 mil 600 pesos, más prestaciones, como senadora. Con esas percepciones cualquiera vota por la corrupción.

Qué pensará un burócrata pensionado por el Issste que cobra la pensión mínima legal de 5000 pesos al mes.

El Poder Judicial es un gran negocio, imposible desligarse de él.