La intención de aplicar una cuota general por inscribir perros y gatos desató cuestionamientos legales y sociales; el ayuntamiento rectificó y limitó el cobro únicamente a caninos considerados “potencialmente peligrosos”.
Baja California, México, Avanzada (11/04/2026).- El anuncio del ayuntamiento de Tecate sobre la creación de un padrón de mascotas con un cobro de 117 pesos por hogar provocó una rápida reacción de rechazo entre ciudadanos y asociaciones protectoras de animales, obligando a las autoridades municipales a modificar su postura apenas un día después de que la medida se viralizara en redes sociales.
La propuesta, impulsada por el Instituto Municipal de Bienestar Animal (Imbat), planteaba registrar a todos los perros y gatos de compañía bajo una tarifa única, sin importar el número de animales por vivienda. La directora del organismo, Gabriela Vázquez, promovió la iniciativa como un llamado a la tenencia responsable, pero sus declaraciones detonaron el debate público al evidenciar un enfoque recaudatorio no contemplado explícitamente en la legislación vigente.
Para el 31 de marzo, la información ya circulaba ampliamente en plataformas digitales y, en cuestión de horas, comenzaron las críticas centradas en dos puntos: la falta de sustento legal para el cobro y la ausencia de políticas efectivas para atender a los animales en situación de calle. La presión social obligó al gobierno municipal —encabezado por Morena— a emitir un posicionamiento en el que reconoció las inquietudes ciudadanas.
Como resultado, el ayuntamiento reculó en su intención original y aclaró que el cobro de 117 pesos se aplicará únicamente a los llamados “caninos potencialmente peligrosos”, una categoría definida en la Ley de Protección a los Animales Domésticos. Esta normativa incluye razas como pit bull terrier, rottweiler, doberman y bullmastiff, entre otras, aunque no establece cuotas obligatorias, sino únicamente la necesidad de registro conforme a reglamentos municipales.
El ajuste, sin embargo, no ha disipado del todo las dudas. Especialistas y activistas señalan que ni la ley estatal ni el reglamento municipal de Tecate contemplan cobros específicos por el registro, lo que mantiene abierto el cuestionamiento sobre la legalidad de la medida, incluso en su versión acotada.
El origen del intento municipal se remonta a un exhorto emitido en 2025 por el Congreso de Baja California, que instó a los ayuntamientos a aplicar una reforma vigente desde 2013 para crear registros de perros potencialmente peligrosos, una disposición que hasta ahora no había sido implementada de manera efectiva.
En contraste, otros municipios del estado han adoptado enfoques distintos. En Tijuana, por ejemplo, el reglamento establece que el registro de animales domésticos no tiene costo, aunque sí contempla la obligatoriedad del uso de microchips en mascotas comercializadas en establecimientos formales, una medida que en la práctica se cumple de forma irregular.
A nivel estatal, también existe una iniciativa legislativa para crear un padrón general de animales de compañía que incluya la identificación mediante microchips, propuesta que busca atender el incremento del abandono y mejorar el control sanitario. No obstante, el proyecto aún no ha sido discutido en el pleno.
Mientras tanto, el uso de microchips ya es una realidad en contextos transfronterizos. Desde agosto de 2024, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades exigen este dispositivo en perros que ingresan a territorio estadounidense desde países considerados de riesgo en materia de rabia, como mecanismo para verificar su estado de vacunación.
El caso de Tecate pone en evidencia la falta de claridad normativa y la necesidad de políticas públicas integrales en materia de bienestar animal, en un contexto donde las medidas administrativas, sin sustento sólido ni consenso social, tienden a generar más resistencia que soluciones.