“Detrás de la Copa, las Fosas”… y el Estado

Karla Eulise Rosas Jácome/GIASF

El pasado 22 de febrero se llevó a cabo la asamblea dominical del bajopuente del Estadio Azteca convocada, como cada domingo, por la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones de Tlalpan y Coyoacán, en la que se reunieron habitantes y colectivos de Santa Úrsula Coapa y otras zonas del sur de la CDMX, quienes se han organizado contra la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como parte de las protestas por este evento, hicieron intervenciones gráficas en vallas publicitarias y columnas del bajopuente referentes al desabasto de agua y gentrificación; sin embargo, ese domingo resaltó una pinta en especial: un balón de fútbol con forma de cráneo con la frase “Detrás de la Copa, las Fosas”, recordando al hallazgo de fosas clandestinas en los alrededores del Estadio Akron en Zapopan, Jalisco, una de las sedes de la Copa Mundial.

A pesar de que se han realizado hallazgos en zonas cercanas al estadio Akron desde 2018, el caso tomó relevancia en febrero de 2025, cuando trabajadores de una constructora encontraron 169 bolsas en la zona de Las Agujas.

Posterior a este hallazgo, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acudieron a la zona para continuar la búsqueda de restos, pues la extensión del terreno indicaba que podía haber más, y fue así. Hacia noviembre de 2025 ya se habían localizado alrededor de 290 bolsas con restos humanos, que ascienden a más de 500 en las zonas aledañas al estadio si se toma en cuenta lo encontrado desde 2018: en Nextipac y Plan de la Noria se encontraron 89 bolsas, entre 2018 y 2022; en Arroyo Hondo, Zapopan, 48 bolsas en el mismo periodo; y entre noviembre de 2024 y enero de 2025 en Lomas del Refugio, se han exhumado por lo menos 100 [5].

Y es que con el mundial no se detienen las desapariciones ni la violencia.

El pasado sábado 28 de marzo, colectivos de madres buscadoras realizaron una manifestación frente al antiguo Estadio Azteca, durante su reinauguración como Estadio Banorte y horas antes del partido amistoso entre México y Portugal. Al grito de “¡México campeón, en desaparición!”, exigieron el avance en las investigaciones y el reconocimiento de 6,000 personas desaparecidas sólo en la Ciudad de México.

El contraste entre la afición que acudía por el partido y las buscadoras fue representativo de la política nacional que se ha impulsado desde hace varios sexenios, pero que se ha recrudecido con la designación de México como sede mundialista, una política que busca a toda costa ocultar la realidad de la desaparición en México.

La manifestación se realizó un día después de la presentación de la actualización y el informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia de prensa matutina de la presidencia.

Los resultados de este informe y la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se esperaban a finales del año pasado [1], pero no fue hasta el 27 de marzo del presente año que se dieron a conocer.

La disminución de las cifras

Al día de la presentación, se reportaron 394 mil 645 casos registrados de personas desaparecidas, incluidos casos desde 1952, previos a la creación del RNPDNO en 2018. Marcela Figueroa indicó que de ese universo, el 66%, 262 mil 111 personas, ya han sido localizadas, y de ellas, el 96% no fue víctima de algún delito. Cabe mencionar que para ninguno de estos datos se explicó la metodología usada para llegar a esas afirmaciones.

Respecto a las personas con estatus de desaparecidas y no localizadas, realizaron una división: una primera sección entre 1952 y 2005 referente a las desapariciones ocurridas durante la “guerra sucia”, las cuales mencionaron que fueron cometidas por el Estado; y una segunda sección a partir de 2006, referente a las desapariciones ocurridas a partir de la “guerra contra el narco”, y que relacionaron principalmente con la delincuencia organizada. Es decir, en este análisis no reconocieron la responsabilidad del Estado en las desapariciones ocurridas de 2006 a la fecha. 

De las 132 mil 534 personas con estatus de desaparecidas y no localizadas, 2 mil 356 corresponden a la primera sección de 1952 y 2005, mientras que 130 mil 178 corresponden a registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas desde 2006 a la fecha. A partir de los 130 mil 178 casos de personas con estatus de desaparecidas, realizaron tres grupos: Sin Datos Completos mínimos de identidad para realizar una búsqueda, Con Datos Suficientes y Con Actividadesen registros administrativos posteriores a la fecha de su desaparición, y Con Datos Completos y Sin Actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición. Cada grupo representa aproximadamente un tercio del total mencionado: el primer grupo con 46 mil 742, representa 36% del total; el segundo grupo con 40 mil 308, 31% del total; y el tercer grupo con 43 mil 128 casos, el 33% del total.

Esta fragmentación de los datos tuvo ya influencia en los datos del Registro Nacional, pues luego de obtener una prueba de vida, se cambió el estatus de “desaparecidas” a “localizadas” a 5 mil 269 personas. 

Por otro lado, de los 43 mil 128 registros considerados como personas desaparecidas bajo esta nueva división, el 71% fueron subidos al Registro Nacional por Fiscalías, pero solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación y 26 mil 611 son reportes, los cuales, según se dijo, no inician una investigación dentro de la Fiscalía. De acuerdo con lo mencionado, a partir de la última reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicada en julio de 2025, es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación en las Fiscalías, además de condicionar el estatus de “persona desaparecida” a la apertura de la carpeta [2].

Participación y aquiescencia del Estado

Lejos de lo que se afirma en el informe de la revisión del RNPDNO, la participación del Estado en la desaparición de personas continúa siendo un hecho vigente. Varias de las solicitudes presentes en el Informe sobre las solicitudes de medidas urgentes presentadas en virtud del artículo 30 de la Convención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, publicado el 19 de marzo de 2026, implican la participación directa de agentes del Estado.

Entre las 40 solicitudes de acción urgente relativas a México que se registraron durante el período del informe —del 17 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026—, resaltan tres locaciones en las que se informó de colusión del Estado: Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Oaxaca. Sobre Jalisco, el párrafo 55 del informe menciona que varios casos involucraron presuntamente a agentes del Estado o a personas que se hacían pasar por tales: “En un caso, hombres armados que se identificaron como miembros de la fiscalía sacaron por la fuerza a varias personas de un lugar de trabajo, y las imágenes de video mostraron una patrulla de la policía municipal en las cercanías. En otro caso, una persona habría sido detenida por individuos que viajaban en vehículos con distintivos de la policía municipal, aunque posteriormente se informó a los familiares que tal operación no se había llevado a cabo.”

Respecto a Guanajuato, el párrafo 56 menciona un caso en el que un menor fue secuestrado por individuos vestidos con uniformes militares, además de haber testigos que informaron haber visto cómo lo detuvieron miembros de la Guardia Nacional. Este caso adquirió especial visibilidad, pues el padre del menor desapareció luego de denunciar la presunta participación de agentes estatales en el secuestro de su hijo, y a pesar de la solicitud del Comité de otorgarle medidas cautelares de protección.

El párrafo 57 enuncia casos de desapariciones reportadas en Sinaloa, en donde se denunció la operación de grupos criminales en lugares donde se ha reportado la colusión o tolerancia de agentes del Estado. Los casos incluyen “personas secuestradas de sus hogares por hombres armados y desapariciones grupales ocurridas en el lugar de trabajo”. Sobre Oaxaca, se informa de un caso en el que varios trabajadores “fueron detenidos e interrogados en un puesto de control poco antes de perder el contacto con sus familiares”.

La participación del Estado en las desapariciones no solamente refiere a las detenciones que este pueda realizar, sino también a la obstrucción y omisión que realiza frente a las denuncias y al no efectuar las investigaciones necesarias. Hay múltiples relatos de familiares de personas desaparecidas que cuentan la misma experiencia al acudir a realizar una denuncia por desaparición o a preguntar el estado de la investigación: obstrucción en los procesos, persuasión por parte de los agentes encargados para no realizar la denuncia o de esperar 72 horas para levantarla, y nulo avance en las investigaciones, por lo que se ven obligados a ser ellos quienes reúnan la información necesaria para iniciar procesos de búsqueda.

En el informe se alude justamente a múltiples denuncias sobre intentos de obstruir o retrasar los procesos de búsqueda e investigación, y los casos mencionados no son la excepción. En ellos se reportó que pasos clave de la investigación, como la identificación y el interrogatorio de agentes del Estado y el análisis de datos de video y geolocalización, no fueron realizados; se realizaron esfuerzos limitados para examinar distintas hipótesis sobre la desaparición, y no se tomaron medidas efectivas para identificar e investigar a los funcionarios presuntamente involucrados.

Todo esto sin mencionar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, donde la participación policial, militar y de funcionarios públicos está más que documentada.

Para cerrar esta sección, debo mencionar que a la fecha de escribirse esta columna, el mismo Comité contra la Desaparición Forzada concluyó que existen indicios de que las desapariciones se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques dirigidos a la población civil [6].

La realidad del contexto nacional

La nueva cifra de personas desaparecidas construida a partir de esta revisión al RNPDNO contrasta con la realidad de la crisis forense, omite la responsabilidad del Estado e ignora la negligencia y la falta de eficiencia por parte de las Fiscalías y los Ministerios Públicos.

La realidad de la desaparición es mucho más cruda de lo que se quiere hacer parecer. De acuerdo a la actualización de los datos de la Plataforma Ciudadana de Fosas en febrero de este año, las fiscalías estatales reportaron un total de 5,532 fosas clandestinas entre 2006 y 2024, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) informó de sólo 630 fosas en el mismo periodo [3]. Entre 2023 y 2024, fiscalías estatales reportaron 1,451 fosas y la exhumación de 1,616 cuerpos, en comparación con los 2,017 cuerpos y 2,719 restos óseos de personas reportados por medios [4].

En cuanto al año pasado, tan solo el Colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco realizó dos hallazgos importantes. Además de las fosas encontradas en los alrededores del estadio Akron, en marzo de 2025 se redescubrió un campo de exterminio en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en el que fueron encontrados más de 1,800 objetos personales y restos óseos calcinados. Además, en el predio se encontraron sitios acondicionados que presuntamente eran usados como campos de entrenamiento para las personas víctimas de reclutamiento forzado.

En lo que va del presente año, se han hecho otros descubrimientos, como es el caso del panteón clandestino localizado en el desierto cercano a Sonoyta, en Hermosillo, Sonora, por integrantes del colectivo Buscando a Jonás de Puerto Peñasco. En la zona identificaron al menos 16 fosas y restos óseos que podrían corresponder a más de 20 personas, así como objetos personales y ropa.

Estas cifras, sin olvidar los más de 72,100 cuerpos sin identificar en poder de los Servicios Forenses, reflejan un panorama lo suficientemente alejado de las cifras oficiales como para cuestionarlas. No sólo eso, sino que el mismo Estado que minimiza la problemática de desapariciones, niega su responsabilidad en las mismas.

Más de 132 mil 825 personas desaparecidas en el país del mundial

Muchas son las afirmaciones hechas desde el gobierno federal que indignan por su clara tendencia a minimizar la crisis en torno a la desaparición. Es preocupante ver cómo, frente a la información pública, se continúa negando la magnitud de una problemática en pro de transmitir la imagen confiable para turismo e inversión económica que requiere su papel como anfitrión de la Copa Mundial, a costa del dolor de miles de familias que continúan buscando.

Lo que muestra la actual Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas es un claro desdén hacia las desgastantes experiencias de las familias al acudir a las Fiscalías y Ministerios Públicos, y la complicidad de la presidencia con estas instituciones al permitirles evadir sus responsabilidades de investigación y búsqueda sin ninguna consecuencia.

La nueva estrategia continúa un discurso que simplifica las condiciones estructurales que posibilitan la desaparición, pues sugiere que la mayoría de reportes tienen que ver con desapariciones voluntarias; que la falta de información en los registros se debe a carencias de la ley o a un mal uso de la plataforma por parte de las propias familias y que el Estado dejó de ser responsable de las desapariciones desde hace 20 años.

En un país donde los niveles de impunidad son altísimos, el planteamiento del gobierno federal es inaceptable. Es una red de colusión y omisión entre las autoridades y el crimen organizado que permite que cada día desaparezcan 42 personas.

A pesar de los esfuerzos que han hecho los colectivos y las organizaciones civiles para reunir información sobre la cantidad de personas que continúan desaparecidas, sobre la localización de fosas, para reunir evidencias y datos para cada caso, pues esta no es recabada por organismos oficiales, el Estado continúa poniéndoles obstáculos.

Sin embargo, no se rinden. El retiro de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en las ciudades que serán sedes de partidos, y la presencia cada vez más generalizada de cuerpos policiales en estos mismos sitios, nos deben invitar a la indignación y a la resistencia, a no dejar que un evento de entretenimiento permita borrar a las más de 132 mil 825 personas que aún esperan por volver con sus familias.

Referencias:

[1] En el artículo “Abandonan ‘censo’ de AMLO; anuncian nuevo cómputo de desapariciones” publicado en A dónde van los desaparecidos, se detalla el proceso que llevó a este informe. https://adondevanlosdesaparecidos.org/2026/01/08/abandonan-censo-de-amlo-anuncian-nuevo-computo-de-desapariciones/

[2] Esto fue mencionado por la presidenta el 18 de diciembre de 2025, durante la conferencia de prensa matutina. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-18-de-diciembre-de-2025?idiom=es#:~:text=Ahora%20por%20ley,a%20la%20plataforma

[3] En la presentación se menciona que el análisis muestra que las fiscalías estatales concentran una mayor parte de los reportes de hallazgos de fosas clandestinas, mientras que los registros de la FGR son significativamente menores. Además, en la entrega de información para el cierre de 2023 y todo 2024, la FGR ya no desagrega los datos de las fosas por cuerpos o restos, sino únicamente reporta el total de fosas por entidad.

[4] Particularmente en 2024 fueron 786 hallazgos de fosas clandestinas reportadas por fiscalías estatales, así como 844 cuerpos y 289 restos, siendo los estados con mayor número de hallazgos Baja California, específicamente el municipio de Tijuana, Sonora en Hermosillo y Coahuila en el municipio de San Pedro.

[5] El País, La crisis de los desaparecidos de México rodea una de las sedes del Mundial, 14 de diciembre de 2025. https://elpais.com/mexico/2025-12-15/la-crisis-de-los-desaparecidos-de-mexico-rodea-una-de-las-sedes-del-mundial.html

[6] Aristegui Noticias, En México hay indicios de crímenes de ‘lesa humanidad’: Comité ONU pide llevar desapariciones a Asamblea General de manera urgente, 2 de abril de 2026. https://aristeguinoticias.com/0204/mexico/en-mexico-hay-crimenes-de-lesa-humanidad-comite-onu-pide-llevar-desapariciones-a-asamblea-general-de-manera-urgente/