ONU lleva crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General

Colima, México, Avanzada (02/04/2026).- El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió solicitar al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que remita de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, a fin de que se consideren medidas de apoyo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.

La determinación, emitida con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, concluye que existen indicios fundados de que en el país se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El Comité sustentó su análisis en la existencia de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y momentos.

El organismo precisó que este procedimiento tiene carácter preventivo y no busca fincar responsabilidades penales individuales, sino movilizar la atención y cooperación internacional. Para ello, consideró información aportada por organizaciones civiles, la respuesta del Estado mexicano en septiembre de 2025 y datos recopilados desde 2012, incluidos exámenes periódicos y su visita al país en 2021.

Si bien el Comité reconoció que el contexto de violencia ligado a la denominada “guerra contra las drogas” ha influido en esta problemática, aclaró que no encontró pruebas de una política federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas. No obstante, subrayó que estos crímenes pueden configurarse aun sin una directriz centralizada, siempre que exista un patrón sistemático contra la población civil.

En ese sentido, advirtió que, aunque el Estado mexicano sostiene que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos, ha recibido información que apunta a la posible participación, aquiescencia o tolerancia de funcionarios públicos en algunos casos. Asimismo, recordó que, conforme al derecho internacional, estos delitos también pueden ser cometidos por organizaciones no estatales.

El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, enfatizó que no es necesario que estos actos ocurran en todo el territorio ni que provengan de las más altas esferas del poder para ser considerados crímenes de lesa humanidad.

Respecto a la magnitud de la crisis, el organismo señaló que, aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas concentra miles de casos, no permite identificar con claridad cuántos corresponden a desapariciones forzadas. No obstante, destacó el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con miles de cuerpos y restos humanos, además de decenas de miles sin identificar, lo que refleja la gravedad del problema.

El Comité advirtió que, pese a las medidas implementadas tras su visita en 2021, no se observa una mejora sustancial y las autoridades continúan rebasadas por la dimensión de la crisis, por lo que consideró urgentes reformas estructurales.

Ante este panorama, el CED adoptó la medida excepcional de poner el caso de México en conocimiento de la Asamblea General de la ONU, solicitando valorar acciones de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, identificación forense e investigación, así como para esclarecer posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

También instó a la creación de mecanismos eficaces para garantizar verdad, justicia y protección a las víctimas, sus familias y colectivos de búsqueda, con el objetivo de evitar un mayor deterioro de la situación.