Le tapan la boca al Jaguar: el amparo de Alito contra la gobernadora Layda Sansores

Estricto Derecho

El tema de hoy tiene que ver con el nuevo modelo de comunicación gubernamental, en el que los gobernantes ya no gobiernan, porque prefieren dedicarse a atender sus redes sociales, y hasta programas creados con ese propósito, en los que expresan sus puntos de vista sobre diversos temas del quehacer cotidiano, lo que evidentemente genera reacciones por parte de la ciudadanía, sobre todo de quienes son aludidos en estos espacios.

Todo esto empieza en el año 2018, cuando el actual presidente llega al poder y retoma este modelo que utilizó en su momento cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de estar todos los días dando esta conferencia en la cual hacía del conocimiento de la gente (en aquél tiempo) las acciones de gobierno. Sin embargo, ese propósito ya quedó en el olvido, porque ya no se informa lo que hace el gobierno, ahora se trata de estar atacando a los opositores, de estar comentando frivolidades y, sobre todo, de distraer la atención pública para que no se hable de los temas que realmente debieran ser de interés público.

Como este modelo en cierta manera le resultó al Presidente de la República, cuando llegaron al poder otros miembros de su partido quisieron replicarlo después. Ahí tenemos como ejemplo los Martes del Jaguar con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores e, incluso, la versión tropicalizada que hace nuestra gobernadora, con sus intentos de diálogos que hace, pero que ni siquiera llegan a serlo, porque no existe igualdad de condiciones, ya que no se le puede preguntar libremente de cuestiones que realmente quiere saber la gente.

A raíz de que empieza a replicarse este modelo de comunicación gubernamental en las entidades federativas, en el caso particular de Campeche, la gobernadora Layda Sansores utilizó estos espacios para estar atacando sistemáticamente a distintos personajes de la oposición, con el fin de someterlos políticamente, a tal grado que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional promovió un juicio de amparo reclamando que la gobernadora no es cualquier persona, sino una autoridad, es la titular del Poder Ejecutivo de un estado, y utiliza recursos públicos cuando hace este tipo de comentarios, dirigidos a afectar a un ciudadano que no está en la misma posición que ella.

En este amparo promovido por el dirigente nacional del PRI, la jueza de distrito que conoció del juicio resolvió, en primera instancia, darle parcialmente la razón a Alito; después, inconforme con esta determinación, la gobernadora interpuso una revisión, la cual fue remitida al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual decidió confirmar la decisión emitida por la jueza federal.

Derivado de la determinación de este tribunal colegiado, el pasado viernes se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación tres criterios jurisprudenciales de gran importancia, porque delimitan los alcances de este modelo de comunicación gubernamental que tenemos en la actualidad. Estas tesis son bastante interesantes porque, de entrada, la primera de ellas establece que estas declaraciones, manifestaciones o comentarios que realiza un servidor público, hombre o mujer, en ejercicio de sus funciones, a través de estos medios de comunicación o de sus redes sociales, que impliquen una denuncia que pueda afectar el derecho al honor y la presunción de inocencia de la persona respecto de quien se están haciendo constituyen actos de autoridad y, por tanto, contra ellos se puede promover un juicio de amparo por parte del particular que resulte afectado.

En la siguiente tesis, se estableció que le corresponde a la autoridad que hace estas declaraciones, manifestaciones o comentarios, a través de estos espacios, demostrar la veracidad de los señalamientos que realiza, de las denuncias de probables actos de corrupción o de hechos ilícitos, quedando a cargo de la autoridad acreditar que esa información que está difundiendo es veraz, lo cual es de suma importancia, porque una autoridad no puede estar despotricando todos los días contra medio mundo sin tener un sustento válido de lo que afirma. Y en la tercera tesis que se publicó, tenemos algo que es todavía más interesante, porque el tribunal colegiado mencionado estableció que el derecho al honor y la presunción de inocencia de los particulares deben prevalecer, en estos supuestos en los que colisionan con los derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión de estos servidores públicos que, a través de sus redes sociales y medios de comunicación emiten estas declaraciones, manifestaciones o comentarios.

Este último punto es verdaderamente interesante porque en su momento la gobernadora de Campeche quiso escudarse precisamente en estas dos figuras, ya que decía que por el derecho de acceso a la información de la sociedad en general, ella casi nos hacía el favor a todos los mexicanos de darnos a conocer estos detalles; y en segundo término, porque también se rasgó las vestiduras diciendo que se violentaba su libertad de expresión.

Afortunadamente, este tribunal federal no le dio la razón y, en cambio, lo que sí le hizo ver es que, cuando un servidor público utiliza estos medios de comunicación o estas redes sociales, no es un ciudadano más como cualquiera de nosotros, porque tiene el carácter de autoridad y, en atención a esa investidura, está obligado a actuar conforme lo establece nuestro marco legal, ya que las autoridades son las primeras que deberían poner la muestra en cuanto al respeto a los derecho de las personas, de ahí que, como se estableció en la última de estas tesis, deban respetar el honor y, fundamentalmente, la presunción de inocencia de los gobernados.

Y así llegamos a lo medular: ¿por qué es importante este tema para Colima? Porque precisamente este modelo de comunicación gubernamental lo tenemos también en nuestro estado. Lo acabamos de ver en los meses recientes: cuando un exsecretario fue vinculado a proceso, teníamos declaraciones un día sí y otro también de funcionarios de la administración estatal o del partido de la gobernadora, quienes trataban de hacer pronunciamientos al respecto, y fueron incluso a la presidencia municipal de Colima a querer darnos cátedra de derecho, aunque no sepan ni la O por lo redondo; tuvimos después a otro funcionario de un organismo intermunicipal que quiso agarrar como bandera política el tema de la planta de tratamiento, para tener un dividendo de carácter electoral; y recientemente, hace unas semanas, hablando del relleno sanitario metropolitano, la gobernadora y el consejero jurídico hicieron exactamente lo que hemos mencionado: aprovechar estos espacios para atacar a particulares sin un sustento válido, sin tener una determinación judicial firme que corrobore lo que están diciendo.

Con asombro, hemos visto la ligereza con la que se ponen frente a los micrófonos y empiezan a despotricar a diestra y siniestra, destruyendo el honor de los demás, entre otros derechos, solo porque eso les beneficia políticamente. No les importa si afectan a una persona física o moral, eso queda en un segundo plano, lo único que cuenta es obtener un rédito electoral.

Afortunadamente, estos criterios que comentamos resultan aplicables para estos casos que referimos, y para otros que en su momento quieran ser utilizados indebidamente por las autoridades. Ahora, las personas que resulten afectadas tendrán la posibilidad de promover un juicio de amparo, para que los tribunales federales puedan ponerle un alto a estas autoridades que actúan indebidamente.

Hacemos votos para que estos nuevos criterios representen el fin de este esquema de comunicación fallido, cuya última finalidad es ocultar la ineficiencia y la incompetencia de las autoridades que lo utilizan. En lugar de hacer escándalo y de difamar públicamente a otros, sería mejor que pusieran a trabajar a la Fiscalía, a la Contraloría, al OSAFIG, al Tribunal de Justicia Administrativa, para que realmente se finquen las responsabilidades que, hasta la fecha, la sociedad colimense sigue esperando que Indira Vizcaíno le exija a Nacho Peralta. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué lo protege? Ojalá nos respondiera…

OTROSÍ: Hablando de este tema, en días pasados la delegada del gobierno federal, en su excesivo tiempo libre que tiene, quiso hacer quedar mal en redes sociales a la presidenta municipal de Colima por tener sucia la glorieta de una colonia cuyo nombre ni siquiera supo. Tuvo una respuesta ejemplar de la presidenta, quien rápidamente solucionó este ‘gravísimo’ problema. Ahora, mediante este espacio, le hacemos saber a la desquehacerada funcionaria federal que en Colima tenemos una necesidad más importante: la seguridad pública. Esperamos que ella y la gobernadora se pongan a trabajar en el tema y, a la brevedad posible, nos devuelvan la paz y la tranquilidad que tanta falta nos hacen.