Poder Judicial, Poder del Narco

Columna

El puercoespín

“Ana María fue asesinada en su propia casa. Tenía 18 años.

Todos los días la violencia feminicida nos quita a 10 mujeres. Todos los días la violencia de género nos azota como sociedad.

Por las niñas y jóvenes de este país. Ya basta. Ni una más. Ni una menos.”

Tuiteó el ministro Arturo Saldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Congreso del Estado de Tamaulipas, a contracorriente, destituyó al fiscal Raúl Ramírez Castañeda quien fuera nombrado por Francisco García Cabeza de Vaca -delincuente en fuga- con el único propósito de protegerle las espaldas al ex gobernador y para garantizarle impunidad en su estado. Los diputados lo echaron de la Fiscalía.

Sin embargo, por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomada literalmente por los cómplices de Genaro García Luna, funcionario encontrado culpable en una corte de los Estados Unidos, actualmente controlan el Instituto de la Defensoría de Oficio; la Dirección Administrativa del Consejo de la Judicatura; y el Departamento de Investigaciones.

En meses reciente todos ellos (la derecha conservadora) medios de comunicación, partidos políticos (PRI, PAN y PRD) orquestaron una campaña mañosa llena de mentiras y falsedades para llevar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una incondicional de ellos, la ministra Norma Piña.

Con la llegada de Norma Piña la Suprema Corte empezó a actuar a favor de los miembros del crimen organizado, traficantes, políticos, funcionarios públicos y empresarios para mantenerlos a salvo del brazo de la justicia, es decir, garantizarles la impunidad plena.

Su primer paso fue instalar en los puestos estratégicos de la Suprema a sus cuadros operadores como lo señalamos al principio. Después se empezaron a dar, en cascada, los amparos a favor de las empresas nacionales y extranjeras, así como a los delincuentes presos por los delitos contra la salud y funcionarios públicos y empresarios asociados para saquear al Estado mexicano: Rosario Robles, presa por la Estafa Maestra fue liberada; a la esposa de Genaro García Luna le liberaron sus cuentas; Cárdenas Palomino recibió varios amparos aunque no pudo ser liberado; a Emilio Lozoya Austin, le anularon las pruebas del sistema financiero, lo que lo pone prácticamente con un  pie en la calle; Tomás Zerón, acusado haber inventado la Verdad Histórica, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y prófugo de la justicia, fue amparado por la jueza Ma. Isabel Hernández, entre otras canalladas.

Y en el colmo de los excesos Norma Piña se atrevió a solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 6 mil 109 millones de pesos, donde de ese presupuesto 2 mil millones de pesos son para gasto superfluos que ellos mismo documentan en su iniciativa de ley. Y todavía más, la magistrada presidenta se atrevió a amenazar al Poder Legislativo de que de no aprobarse su presupuesto podría estar en riesgo la estabilidad política en las elecciones de 2024.

La manifestación descarada y mafiosa (no puede describirse de otra manera) lucharon contra viento y marea para liberar un delincuente. Se trata de Uriel Carmona, ex fiscal de Morelos, que cuatro veces la Fiscalía del Distrito Federal lo aprehendió y lo encarceló por defender delincuentes, obstaculizar la justicia en el caso de un feminicidio, practicar la tortura, es decir, un delincuente incrustado en una institución del poder público para beneficiar a delincuentes y particularmente feminicidas.

A pesar de que, en la Suprema Corte, cuatro de los once magistrados son mujeres, ninguna de ellas se pronunció por darle una perspectiva de género al caso de Uriel Carmona. Simplemente guardaron un silencio ominoso.

En este caso del ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó ver su cara perversa y misógina. Y las políticas y los políticos nada dijeron, con pocas excepciones.

Las violentas feministas que cada vez que se manifiestan las mujeres u organizaciones sociales hacen su aparición en los eventos públicos, esta vez, nada hicieron ni nada dijeron. Su complicidad las delata.

Por cierto, en la manifestación de ayer 26 de septiembre, en el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa las mujeres de negro, allí sí, volvieron a aparecer para realizar sus pintas y destrozos de la infraestructura pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está literalmente secuestrada por el crimen organizado y los partidos políticos juegan a la política y, lejos de exigir un comportamiento institucional de los magistrados, los animan a actuar facciosamente y en forma parcial con el firme propósito de politizar sus actos y propiciar el fracaso del actual gobierno.

La más reciente acción injusta, ideologizada y nefasta para los niños fue la cruel suspensión de la entrega de los libros de texto gratuitos en los estados de Chihuahua y Coahuila porque sus gobernadores decidieron hacer negocios con las empresas editoriales.

La asociación facciosa de los partidos políticos (PRI, PAN y PRD) con los ministros de la Suprema Corte y de politizar e ideologizar sus decisiones y de decidir con base en la promoción y beneficio del crimen organizado y de abandonar su esencia, aplicar la justicia, nos habla de un Poder podrido y hondamente controlado por el crimen organizado.

El sistema de partido asociados al crimen organizado y trabajando para gobiernos extranjeros y las élites pudientes es una razón más para desaparecer el actual sistema de partidos y de reformar profundamente la composición y constitución de la Suprema Corte.

Me llama poderosamente la atención que las asociaciones de abogados guarden un sepulcral silencio. Para los abogados asociados no parece estar sucediendo nada, todo parece estar en orden para ellos. ¿Será que a los abogados asociados y organizados colegiadamente les conviene más una integración de la Suprema Corte por miembros al servicio del crimen organizado?

Mientras tanto, en la plaza pública, los que están a favor de la Suprema Corte y su forma de proceder la defienden con los argumentos más pueriles posibles, como si se tratara un juego entre niños y lo que estuviera en juego fuera algo sin importancia. ¿A quién le conviene el bajo nivel de discusión? Obviamente a crimen organizado y a sus beneficiaros colaterales, es decir, a todos los integrantes de la cadena de participantes: sociedad política y poderes fácticos.