Alguien no hace nada

Columna
El puercoespín 

El padre de la gobernadora es acompañado por dos escoltas y se transporta en una camioneta de un millón doscientos mil pesos, propiedad del gobierno del estado, pero que él utiliza para su uso personal, visitar Zentralia para hacer sus mandados -por ejemplo-. Un escolta lo acompaña permanentemente y el otro se queda en el vehículo con el motor encendido. 

La secretaria General de Gobierno puso a trabajar a sus hijos (hija e hijo) en la Secretaría de Educación y eso causó enojo entre los trabajadores de la Secretaría, por el nepotismo abusivo de la funcionaria, pero mucha más indignación provocó que ambos asistan a su trabajo con escoltas proporcionados por el gobierno del estado. La secretaria General de Gobierno dispone de un total de 12 escoltas para su servicio personal, todos pagados por nuestros impuestos.

Colima, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU, debería tener mil trescientos cuatro elementos dedicados a la Seguridad Pública; sin embargo, tan solo cuenta con 704 elementos, pese a lo anterior, más de 200 elementos de la Policía estatal están comisionados como escoltas, choferes y mandaderos de funcionarios y de sus esposas y parientes, así como de empresarios, regidores y diputados de Morena, por órdenes de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. A unos los mandan a recoger niños al colegio y otros andan haciendo el super para las esposas de los funcionarios, mientras Colima queda desprotegido, pues restando los 200 policías comisionados para uso exclusivo de los machucones del gobierno los 504 restantes se dividen en tres turnos, lo que da la cifra de 168 policías al servicio de la seguridad por turno, es decir, los efectivos reales cuidando el orden. Pero, no es tan así la cosa, es mucho más grave, de esos 168 por turno se debe de disponer de esos efectivos para apoyar al Poder Judicial y hacer traslados de reos a los juzgados a comparecer a los detenidos bajo proceso, además se deben de hacer resguardos de inmuebles donde se cometieron hechos delictivos lo que hace que la cifra de policías efectivos sea mucho más reducida. La cifra exacta la desconozco, pero deben de ser mucho menos de cien por turno.

La diferencia la está haciendo Manzanillo, por ejemplo, porque entre otras cosas cuenta con 400 policías municipales de los cuales 350 son certificados, es decir, que cuentan con un Certificado Único Policial (CUP) y cincuenta más en proceso de certificarse, lo que garantiza el buen desempeño de la policía de proximidad, es decir, una policía cercana a los ciudadanos y vinculada a otros sectores sociales.

La seguridad es un asunto de efectivos, es decir, que con cuánto personal se cuenta para realizar la labor operativa de acuerdo con la cantidad de habitantes del estado, de armarlos y equiparlos perfectamente, así como su capacitación; luego vendría la estrategia y operación; sin embargo, el gobierno del estado de Colima ni siquiera cumple con la primera premisa. 

La gobernadora no ha hecho nada para contar con los elementos suficientes para brindar una seguridad eficiente, mucho menos podemos hablar de un cuerpo policial perfectamente armado y equipado, de tácticas y estrategias ya ni hablar. 

La gobernadora y su equipo están ensimismados pensando en sus intereses, están pensando en ellos primeros y nadie más. No están haciendo su tarea.

Existen 24 puesto de primer nivel, es decir, secretarios y subsecretarios, directores y subdirectores, según el organigrama del gobierno estatal. Sus prioridades son dotar de seguridad a los miembros de primer nivel del gobierno y después a los ciudadanos. Si sacamos cuentas, solo ellos y los miembros de los demás poderes, gozan de los privilegios de la Seguridad que brinda el estado, los habitantes no somos, ni por error, considerados en sus planes, si es que tienen.

Brindarles seguridad a los miembros del primer nivel del gobierno, según sus responsabilidades y riesgos, sería entendible y legal, pero ampliar la seguridad a sus familiares como el caso de padre de la gobernadora y los miembros de la familia de la secretaria General de Gobierno resulta un exceso y además inmoral, cuando la mayoría de los ciudadanos no contamos con seguridad mínima. 

La distracción de efectivos de seguridad para su uso privado es un abuso inadmisible. Y todavía más injustificable, indigno y reprobable es destinar a los efectivos a tareas no propias para lo que fueron contratados, sino que los están obligando a desempeñarse como choferes, pilmamas, trabajadores del hogar, entre otras funciones ajenas a sus tareas originales.

Todo lo anterior lo hacían los funcionarios del Prian, es cierto, y hoy los morenos lo siguen haciendo bajo el concepto patrimonialista del gobierno, algo totalmente injustificable. 

¿Por qué la Policía no cuenta con los suficientes efectivos, el armamento imprescindible, el equipamiento necesario y el adiestramiento eficaz? Por una sencilla razón, la gobernadora no ha gestionado la contratación del personal suficiente; ha sido incapaz dotar a la corporación del armamento imprescindible, el básico; y no ha promovido el adiestramiento que convierta la institución en una corporación eficaz, porque, simple y llanamente, la gobernadora no hace nada, no hace su trabajo.

Si los miembros de la Policía están cuidando a los empresarios amigos de la gobernadora, a los políticos del Congreso, a los miembros del Poder Judicial, a los miembros del Gabinete y sus familias, está claro que la corporación policiaca va a resultar insuficiente para poder cuidar a los 750 mil habitantes del estado de Colima.  Si de entrada tenemos un déficit de policías y estos están siendo usados con sentido estrictamente faccioso, nepótico, patrimonialista y abusivo, y aparte, no se está haciendo nada para proteger a los ciudadanos de los criminales, será imposible pensar en la mejorar de la seguridad. 

No hacer nada para mejorar la seguridad pública y, además, se merman los recursos humanos y financieros de la Secretaría de Seguridad Pública, será un despropósito esperar mejoras.

No hacer nada ya provocó: 73 muertos en noviembre y diciembre de 2021; 887 muertos en 2022; y 466 asesinatos dolosos en lo que va de 2023. También es necesario precisar que 17 policías han sido asesinados, en lo que va de 2023, en el cumplimiento de su deber.

La indolencia del gobierno de Indira es muy perversa, hay mucha maldad en quien no hace nada para parar tanto asesinato.  

Más de 118 cuerpos han sido encontrados en bolsas de plástico; más de 107 cuerpos en 99 fosas clandestinas.

El Congreso del Estado está desaparecido, no pide cuentas al Poder Ejecutivo, evade sus responsabilidades, traiciona a los ciudadanos que los eligieron. El Poder Judicial no dice nada públicamente, le importa muy poco lo que sucede. El Poder Judicial Federal suspendió labores y trabajan desde su casa para no arriesgar sus vidas. 

El pueblo de Colima ha manifestado su dolor y su angustia por lo que estamos viviendo; sin embargo, el gobierno ni lo ve ni lo escucha.

Las mujeres le tumbaron la puerta y pintaron el Palacio, pero ni las vio ni las escuchó.

¿Qué sigue? No sabemos. En Colima solo sabemos, a ciencia cierta, que el gobierno de Colima no hace nada, solo existe la inercia administrativa. 

Los cadáveres se acumulan en bolsas de plástico, en fosas clandestinas, en la morgue estatal y algunos flotan en las corrientes de las aguas pluviales como un mensaje macabro que, paradójicamente, nos recuerda que seguimos vivos y nos hemos acostumbrado a vivir entre muertos. Esa es nuestra Colima, un estado sembrado de muertos. 

Joven tómese una selfi conmigo, para el feis, me dice la gobernadora desde lejos. Yo solo la miro presumiendo sus tatuajes y su infantilismo mórbido. 

*Imagen tomada de la red social de la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva.