“Operación salud Colima”, otro slogan más

Operación salud Colima es, junto con Colibecas, una de las estrategias prioritarias de la presente administración estatal. Puesta en marcha formalmente desde mediados de 2022, tiene el objetivo, apenas enunciado en algunas notas de prensa, de “mejorar la oferta, la calidad y la calidez de los servicios de salud para todas y todos”. Y no es para menos, la pandemia por Covid-19, además de evidenciar la relevancia del sector, puso en el centro de la discusión su insuficiencia, deterioro, abandono, carencias y baja calidad. De ahí que pareciera ser plausible y meritorio la existencia de un proyecto surgido desde local para atender y enfrentar los retos y desafíos en materia de salud, de acuerdo con las características particulares de la entidad, así como con las necesidades y problemáticas específicas de la población colimense.

El problema es que el slogan Operación salud Colima, que transmite la idea de referir a una estrategia surgida desde y para lo local que busca hacer realidad el ejercicio pleno del derecho a la salud en el estado, es la apuesta de la presente administración estatal por reproducir y subordinarse al esquema que la federación ha definido y opera desde el centro del país. Mediante la realización de convenios estado-federación, los actores locales han decidido dejar a cargo del gobierno federal 4 rubros esenciales del sector: infraestructura y equipamiento, personal, abastecimiento de medicamentos, así como servicios médicos. En otras palabras, bajo el lema de “federalización” (que curiosamente pareciera evitar o esconder la palabra centralización), el gobierno del estado ha renunciado a asumir su papel de convertirse y ser un agente activo y funcional en materia de salud. ¿Dónde quedan entonces las razones de ser del gobierno estatal y las facultades concurrentes en salud que define la Constitución y las leyes secundarias? 

La decisión de centralizar los servicios de salud preocupa no sólo por lo fundamental del sector para la vida cotidiana de las y los colimenses, sino por la ausencia de criterios y diagnósticos puntuales que justifiquen y expliquen a la población su pertinencia para el corto, mediano y largo plazo. A nivel local, por ejemplo, Colima es uno de los estados en los que IMSS-Bienestar, organismo público de la federación que llevará la rectoría en la materia, no operaba, careciendo de infraestructura, personal y recursos materiales propios en la entidad. Además, las autoridades locales tampoco han justificado y explicado a la población colimense las ventajas y la  viabilidad técnica (presente y futura) de transitar a un esquema casi igual al extinto (por no mencionar fracasado) Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que, en los últimos años, ha mostrado estancamiento y retrocesos en materia operativa, presupuestal, de equipamiento, de infraestructura y en su desempeño (véase aquí). Para ponerlo en perspectiva, a principios de febrero de 2022 el gobierno federal anunció que pondría en marcha el esquema que sustituiría al Insabi y, en ese mismo mes, ambos gobiernos (federal y estatal) estaban ya firmando un Convenio Marco para establecerlo en la entidad. ¿Qué estudios o análisis serios y rigurosos realizaron las autoridades locales para sustentar la decisión y cuándo se hicieron públicos o se sometieron al escrutinio ciudadano?

Operación salud Colima es otra muestra más de la apuesta de la actual administración estatal por subordinar la agenda y la atención de los problemas y necesidades de la población colimense a las prioridades y la realidad que perciben las autoridades federales desde sus oficinas en el centro del país. Es muestra también de la opacidad, la arbitrariedad, la falta de rendición de cuentas y la carencia de consideraciones técnicas en la toma de decisiones. Atrás quedan las expectativas y la esperanza de construir y fortalecer instituciones locales para que, en cooperación, colaboración y coordinación con la federación, ofrezcan a las y los colimenses servicios de salud de calidad, acordes a la realidad del estado y operados de manera eficiente y eficaz y administrados con transparencia y rendición de cuentas.