Renunciar a gobernar

Difícil de negar es que gran parte de quienes están al frente de las instituciones públicas le han fallado a la población colimense. Año con año, la inseguridad y la violencia se recrudece, las condiciones económicas no mejoran, los servicios públicos continúan siendo deficientes, la conducción gubernamental no termina por satisfacer las expectativas de la ciudadanía y los recursos públicos continúan siendo el botín de unos cuantos. Elección tras elección, las y los colimenses son testigos de cómo, a pesar de que se renueva el partido o grupo político en el poder y que se lanza el nuevo plan, política o programa; la mayoría de las necesidades y problemáticas sociales empeoran o permanecen igual.

Quienes hace poco más de un año llegaron al poder —renovando las esperanzas de una población gobernada a nivel estatal por un único partido durante más de 90 años– se propusieron concretar ahora sí un cambio profundo, ser cercanos a la gente, generar condiciones de bienestar y arrojar frutos para todas y todos (y no para unos cuantos, como sucedía en el pasado). Su espíritu transformador es aún mayor, tienen el objetivo de ir a la raíz de los problemas y abonar a la construcción de una Colima más justa, equitativa, solidaria y segura. Entonces, ¿por qué un gobierno con esos plausibles propósitos y valores falla en alcanzarlos?

Las razones pueden ser múltiples: desde eventos extraordinarios que exigen cambio de prioridades y propósitos hasta errores de cálculo en el diagnóstico y diseño de intervenciones orientados a cumplirlos. O el hecho de renunciar, de origen, a gobernar. Es decir, de conducir los asuntos públicos deliberadamente hacia el cumplimiento de los propósitos y valores previamente establecidos. Así, fallan los gobiernos cuando a los propósitos y valores por los cuales fueron electos en las urnas, el grupo en el poder antepone sus fines políticos o económicos. De ahí que cualquier acción o intervención concreta tenga poco o nada que ver con los supuestos puntos de llegada establecidos o que las acciones gubernamentales sean en un fin en sí mismo: la entrega de algo, no para resolver un problema, sino para mantener un vínculo político o partidista.

En otras palabras, las acciones concretas que realiza cotidianamente el gobierno están no en función de los problemas y necesidades de la población, sino de los rendimientos políticos o económicos que puedan obtener. Por tanto, cualquier nueva obra o programa gubernamental es elegido (o diseñado) no por su plausibilidad y eficacia para resolver un problema o garantizar el ejercicio pleno de un derecho, sino por los rendimientos políticos o económicos que ofrecen al grupo en el poder. De ese modo, no sorprende la existencia de programas que reparten dinero o cosas —como la entrega de mochilas, computadoras o apoyos económicos— o de realización de eventos artísticos, pero que carecen de una justificación y explicación clara de cómo esas acciones abonan al espíritu transformador o una Colima más justa, equitativa, solidaria y segura. Hoy ese es un problema que afecta a la entidad. Quienes tienen la tarea de gobernar, de legislar y de ser oposición, han renunciado a ello. La preocupación (y ocupación) por la continuidad de las carreras políticas, de mantener el poder o de incrementar los beneficios políticos o económicos forma parte del origen de la simulación y la inercia de las instituciones públicas.  

*Fotografía tomada de la red social de la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva.