Oficio Ciudadano

Como todos sabemos, nuestro estado se ha venido distinguiendo a nivel nacional en el tema de la inseguridad; sin embargo, ahora lo hace a nivel internacional. Sí,  de acuerdo a la medición del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México es el país con el mayor número de ciudades violentas: 17 de un total de 50 ciudades, y según mediciones 2022 de dicho consejo, Colima fue la ciudad más violenta del mundo, seguida de Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco.

Con 181.94 homicidios por cada 100 mil habitantes, la ciudad de Colima lidera el “Ranking 2022 de las 50 ciudades  más violentas del mundo”. Esta tasa de homicidios es la tercera más alta desde que realizan esta clasificación (2009), antecedida solo por Zamora, Michoacán en 2021 con 196.63 homicidios y Ciudad Juárez, Chihuahua, con 229.06 en 2010.

Este informe, obviamente criticado por las autoridades mexicanas, analiza la violencia en ciudades  con más de 300 mil habitantes y sin un “conflicto bélico abierto”, y en este año que se analiza incluyó 10 ciudades de Brasil, 7 de Estados Unidos, 6 de Colombia, 4 de Sudáfrica, 2 de Honduras y una de Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica, respectivamente.   

Si bien la calificación es para la ciudad, no podemos dejar de mencionar la responsabilidad de la gobernadora Indira Vizcaíno en este tema, sin deslindar totalmente de ella a la alcaldesa de la capital,  Margarita Moreno, así como a la de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, puesto que la conurbación de estas dos ciudades se refleja en la estadística criminal analizada.

Y señalo la responsabilidad estatal porque la procuración y administración de justicia son de este ámbito en su demarcación territorial, compartiéndola con el gobierno federal que a su vez la tiene en todo el país, coordinándose subsidiariamente con las entidades que más lo requieren; además de que la seguridad pública lo es de forma coordinada con las autoridades municipales. Al parecer, el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, no han sido suficientes para que este pequeño estado del occidente se libere de la criminalidad  que atenta todos los días contra la tranquilidad y seguridad de los colimenses. 

Además, si hablamos de otro rubro sumamente importante también para la entidad como lo son las finanzas públicas, Indira Vizcaíno tampoco sale bien librada. Sabía que heredaba una situación financiera complicada, no cualquier ejecutivo estatal “tira la toalla” a tres o cuatro meses de entregar el mandato a su sucesor, como lo hizo José Ignacio Peralta Sánchez; y sin embargo, no ha puesto el menor empeño en su primer año de gobierno para enfrentar dicha situación y emprender acciones serias que reviertan el estado caótico que recibió, financieramente hablando. Al contrario, en ese primer año de gobierno incrementó el sueldo de la alta burocracia estatal además de aumentar la plantilla,  para cumplir con los compromisos pactados.

Incluso, con el manejo frívolo de las finanzas en la contratación de deuda de corto plazo, es decir, pagadera a un año, es que la SHCP prendió ya el semáforo rojo para Colima, la única entidad en todo el país que tiene semáforo rojo en materia de deuda, para alertar a su gobierno de la situación crítica en que se encuentra, con un pasivo circulante de casi 4 mil millones  y un pasivo total de más de 7 mil 600 millones de pesos, al cierre del ejercicio 2022. 

En un breve análisis, si observamos el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del año pasado que recientemente publicaron, comparando las cifras del año 2021 con las del 2022, encontraremos que el total de Pasivos Circulantes o de Corto Plazo se incrementó en más de 600 millones de pesos y que de este rubro el mayor incremento se tuvo en el renglón de Otros Pasivos a Corto Plazo, al aumentar en más de 930 millones de pesos, cuando, como en el caso de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, debería haber disminuido cuando no desaparecido. Claro, si se tomara con seriedad la preocupación de sanear las finanzas.

Y esto no obstante que el monto de los ingresos de un año a otro fue mayor en poco más de 1 mil 300 millones de pesos y que el incremento en la nómina fue de solo 27 millones de pesos. Si se compararan los datos al 31 de diciembre del año 2020, nos daríamos cuenta si este último monto fue todo el impacto en el aumento autorizado por esta gobernadora al rubro de Servicios Personales, o si ya desde el año 2021 se reflejó una diferencia con los sueldos y salarios del anterior gobierno.

Así estamos en Colima con la 4transformación. Un discurso desgastado y sin reflejo alguno en la realidad de nuestro estado, salvo en que cada día pesa sobre nuestra cabeza una mayor deuda pública y cada día nos preocupa más salir a la calle y sufrir las consecuencias de la violencia desbordada.