Colibecas: ¿plataforma política o buenas intenciones?

Colibecas es el programa más promocionado del actual gobierno estatal. En entregas masivas en planteles educativos, auditorios o el mismo complejo administrativo, estudiantes y padres de familia son convocados por las autoridades estatales para recibir los apoyos del programa por parte de la titular del ejecutivo (o alguien en su representación). En este segundo año, su puesta en marcha acumularía un presupuesto total de alrededor 600 millones de pesos (mdp) destinados a la entrega de mochilas, uniformes, útiles y computadoras (véase información desagregada en Tabla 1). A pesar de ello, el programa carece aún de reglas de operación que transparenten y den certidumbre a la población sobre los requisitos, plazos y formas de entrega de los apoyos; así como de un diagnóstico explícito que explique con claridad sobre las razones y argumentos de su creación.

Tabla 1. Evolución presupuestal por apoyo del programa Colibecas.

Sobre los objetivos y el problema que busca atender o resolver el programa hay fuentes distintas de información con diferentes explicaciones. El asunto no es menor, cada problema público requiere de un análisis específico sobre las causas que lo generan y de las vías de acción factibles para solucionarlo o atenderlo. En ese sentido, la información disponible —en diferentes documentos— sobre Colibecas deja poco claro si el problema concreto a enfrentar es el abandono escolar, la desigualdad educativa en las infancias y juventudes, la falta de recursos económicos de las familias con hijas e hijos estudiantes o alguno relacionado con la calidad educativa. Cada uno de ellos tiene particularidades y causas concretas que los originan y que deberían ser el punto de partida del diseño del programa. Por lo que confundirlos es abonar, en gran medida, al fracaso del programa.

De igual manera, faltan argumentos y razones explícitas que justifiquen la selección de los instrumentos o de los apoyos gubernamentales. Si el problema público a enfrentar es, por ejemplo, el abandono escolar, el diseño del programa debería explicar el mecanismo por el cual la entrega mochilas, los uniformes y las computadoras resuelve las causas del problema. Tampoco queda clara la justificación sobre las poblaciones objetivo seleccionadas: por qué se privilegiaron los mismos apoyos a todos los estudiantes de un mismo nivel educativo si las diversas problemáticas señaladas están presentes de manera diferenciada en zonas urbanas y rurales, como el mismo Plan Estatal de Desarrollo indica; o si realmente el problema del abandono escolar está localizado en otros niveles educativo y no en los estudiantes de educación básica.

Por su parte, en términos presupuestarios, los montos asignados al programa no son menores. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad supera al presupuesto destinado para este año (2023) a programas con funciones exclusivamente de educación como el de Educación Media Superior, con 448 mdp aprobados; de Educación Superior, con 191 mdp; de Infraestructura Educativa, con 12 mdp; o de otros sectores como a la función de Policía, para la que fueron aprobados únicamente 348 mdp. De ahí la importancia no sólo de explicar y justificar a la sociedad la manera en qué son empleados los recursos públicos, sino de garantizar la viabilidad técnica de los programas para que estén en mejores posibilidades de lograr los objetivos planteados. Pero el problema es más grave aún, Colibecas no plante alguna estrategia de evaluación del programa para conocer si verdaderamente está resolviendo el problema que busca atender.

Colibecas ha sido anunciado como el inicio de la transformación en Colima. Quienes lo diseñaron e implementan argumentan que dicho programa es producto de un mejor manejo de los recursos públicos y de disminuir la corrupción. Sin embargo, al igual que en las administraciones pasadas, la planeación y el diseño de este tipo de programas parece obedecer a cálculos políticos o, en el mejor de los casos, a buenas intenciones, pero sin justificaciones técnicas que garanticen un buen empleo de los recursos públicos. De ahí la importancia de continuar exigiendo rendición de cuentas a quienes están al frente de las instituciones públicas sobre cada una de sus decisiones y acciones.