Oficio Ciudadano

Según noticias nacionales de Milenio TV, Colima ya escaló al nada honroso primer lugar de estados más violentos del país: 107 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando incluso a Zacatecas que ahora está en segundo lugar con 79 mientras la media nacional se ubica en  85. Y es de resaltar que cinco de esas seis entidades que encabezan esta estadística, tienen gobiernos morenistas. A los dos mencionados le siguen Baja California, Morelos, Sonora y Guanajuato. 

Y eso que los actos violentos en Zacatecas se intensificaron en los últimos días, cuando en las celebraciones decembrinas estados vecinos como Durango, protegieran sus fronteras con esa entidad y apenas este lunes, dos menores de 15 y 17 años fueron atacados a balazos mientras hacían trabajos de labranza en un poblado de Zacatecas. Ello no obstante que la propia Secretaria de Seguridad Pública declaró que habían disminuido los homicidios en el país, incluso en las 6 entidades más violentas. Colima mientras tanto, ya lleva un récord de 939 personas asesinadas en los primeros 14 meses del gobierno Indirista, según la información de la propia Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo.  

¿Por qué resalto el origen político de esos gobiernos? Porque sin duda emulan la estrategia que a su vez sigue el gobierno nacional, creyendo que “el dejar hacer, dejar pasar” les funcionará con los grupos delictivos, – aunque por las dudas trae camioneta blindada la gobernadora de nuestro estado – o que el propio gobierno federal les rescatará de la crisis en algún momento dado.

Corrobora mis suposiciones el hecho de que el recién nombrado Subsecretario de Seguridad Pública, General  Luis Rodríguez Bucio, desempeñándose en aquel momento como Comandante de la Guardia Nacional, ignoró las alertas del gobierno del Estado de Chihuahua respecto al penal de Ciudad Juárez,  que recientemente vivió la fuga violenta de 30 reos del Centro de Readaptación Social número 3, mismo que dejó un saldo de 17 muertos. Al menos dos de las tres comunicaciones enviadas por dicho gobierno, fueron dirigidas a este funcionario. Así ha sido ascendido en su responsabilidad pública, ahora como subsecretario.

Por esta estrategia de “abrazos, no balazos” es que el “Chapo” Joaquín Guzmán Loera, solicita públicamente al presidente, de su ayuda para ser regresado a México y la madre de Emilio Lozoya le pide que se acepte el acuerdo reparatorio de su hijo, para que éste recobre la libertad.

Pero en el caso de Colima, además de que no hay la presencia seria y contundente de la gobernadora en el cumplimiento de su encargo, pareciera que no tenemos poder legislativo. Hay una mayoría legislativa que solo aplaude lo que hace la gobernadora, que no ha entendido que su responsabilidad principal es ser un poder de contrapeso a los otros dos poderes, especialmente al ejecutivo,  y diputados que no hacen un posicionamiento serio en  relación con la conducción de la estrategia de seguridad local, mucho menos citan a comparecer a los funcionarios responsables para que expliquen y revisen con ellos los resultados de la misma. ¿Reaccionarán ahora que, siendo el estado más pequeño del país en cuanto a población, resaltamos a nivel nacional solo por ser el más violento y con mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes?

De hecho, la producción legislativa es escasa también, no se conocen iniciativas de impacto social y los diputados permanecen ajenos no solo a la temática  local sino incluso a la nacional. Otro ejemplo de lo que digo lo es que a nivel nacional avanza el veto electoral para los que no pagan la pensión alimenticia a que están obligados algunos padres, pues la Suprema Corte validó una ley de Yucatán para que las personas que no estén al corriente en  los pagos no puedan acceder a cargos de elección popular.

Esta iniciativa ha sido impulsada por el colectivo  Las Constituyentes MX y se ha aprobado ya en los congresos de 11 entidades federativas, entre las que lamentablemente, no se encuentra Colima como pionera de esta reforma electoral, siendo importante que doce estados más la avalen para dar pie a una prohibición de este tipo a nivel federal. La impugnación de la CNDH al considerar la medida como discriminatoria no prosperó ante la SCJN,   por lo que se hace necesario que se legisle en Colima para que los deudores de pensiones alimenticias no puedan acceder a cargos públicos o de elección popular. ¿No es la bandera feminista la que enarbola la primera mandataria colimense y su mayoría legislativa?