El verdadero Informe de Indira Vizcaíno

Estricto Derecho

Este día, la gobernadora rendirá su primer informe de labores. Bueno, eso creemos, aunque hay duda si realmente ella lo hará, porque comparte el gobierno con su progenitor, y también porque a Indira no le gusta dar la cara, como vimos este año con el llamado “vocero de la paz”; de ahí la inquietud de que pudiera nombrar un vocero o mandar a su papá para que dé el informe, aunque esperamos que sea ella la que se presente ante el Congreso a rendir cuentas. 

Pero ¿qué va a decir? ¿De qué nos hablará? Ha transcurrido apenas un año de su gobierno, y parece que ya tuvimos suficiente: la sociedad colimense está cansada, ya no está dispuesta a seguir soportando la frivolidad, la indolencia, la incompetencia, la corrupción que han caracterizado a Indira y a su gabinete.

Todo parece indicar, como suele suceder en este gobierno, que ya prepararon el material para tratar de hacerle creer a la ciudadanía que supuestamente han trabajado, pero ya sabemos cómo se las gastan, ya vimos como presionan incluso a los trabajadores para que hagan comentarios forzados en redes sociales, supuestamente de apoyo a esta gestión fallida; sin embargo, la realidad se impone y nos dice todo lo contrario. Precisamente por esa razón haremos una revisión apegada a la verdad de lo que ha ocurrido en este inicio de sexenio, para contrarrestar la simulación y las mentiras que siempre nos dice la gobernadora. 

Como no podía ser de otra manera, empezaremos por el rubro más crítico, dando cuenta de la gravísima crisis de violencia e inseguridad que padecemos en nuestro estado, de la que advertimos que hace tiempo el crimen organizado domina Colima a placer, pero nos habían dicho que esto iba a cambiar y no ha sido así; en este sexenio también reina la delincuencia, con la absoluta complacencia de la gobernadora y del fiscal estatal.

Por más que el gobierno de Indira trate de maquillar lo que sucede y de desviar nuestra atención hacia asuntos triviales, estamos ante una verdad incuestionable: Colima es un estado sin ley, donde prevalecen los homicidios, las desapariciones forzadas, los robos, las agresiones, y un sinnúmero de delitos más que ocurren con total impunidad. ¿Por qué? Por el silencio y la complicidad de las autoridades que, estando obligadas a investigar y sancionar esas conductas, han preferido no hacerlo y tampoco están dispuestas a perimir que se los exijan, como vimos hace días, con los familiares de una víctima de desaparición forzada, quienes hicieron un reclamo legítimo, por la omisión de la fiscalía en la búsqueda de su familiar, y la respuesta que tuvieron fue la represión.

Por eso esperamos que Indira dé cuenta puntual de la inseguridad que prevalece. Porque si no hay tranquilidad, si las personas no se sienten seguras, si no existe una verdadera paz social, el resto de acciones gubernamentales carece de sentido. Ya cambió al secretario de seguridad, pero el problema sigue igual o peor; si el nuevo secretario tampoco puede, que lo quite, y si la gobernadora es quien no quiere, no puede o ni siquiera sabe qué hacer, pues que renuncie y deje el lugar a alguien que sí pueda resolver esta grave crisis que enfrentamos. 

En cuanto a la administración pública estatal, también atraviesa su peor momento. Indira se ha confirmado como la discípula más aventajada de Nacho Peralta. En principio, conformó su gabinete al más puro estilo priista, por medio del nepotismo, el influyentísimo, los compadrazgos, sin tener en cuenta la capacidad o la experiencia, ni siquiera la militancia; ahí están personajes de otros partidos en puestos claves del gobierno, en tanto que cuadros importantes de Morena, que incluso compitieron en las pasadas elecciones, los vemos relegados a espacios de segundo nivel o excluidos.

Y los resultados saltan a la vista: ahí está el desastre generalizado en todas las dependencias y entidades de la administración pública. Para muestra, la problemática que tiene con el Sindicato del Gobierno del Estado, por el impago al IPECOL de los descuentos y las aportaciones que corresponde realizar al gobierno estatal; un tema realmente grave, que se criticó con severidad cuando lo hizo el anterior gobernador, y en la actualidad vemos que estos adeudos no solo no han disminuido, sino que se han incrementado, lo que es inconcebible, por tratarse de conductas sancionadas por nuestro código penal. Entonces, es claro que la gobernadora está cometiendo impunemente un delito al retener este dinero a la base trabajadora y no enterarlo al IPECOL (y también el Fiscal General del Estado está haciendo lo mismo).

 Este desvío de recursos resulta inexplicable al contrastarlo con el escandaloso aumento salarial que ilegal e inmoralmente se autorizaron Indira y su gabinete más selecto, el cual además trataron de disfrazarlo, con justificaciones pueriles, y solo cuando exhibieron públicamente a la gobernadora, al difundir en redes sociales su recibo de nómina, decidió retractarse (aunque no nos conste que así haya sucedido), pero tengamos en cuenta que no renunció voluntariamente al incremento, sino forzada por la presión de la sociedad, que le reclamó su incongruencia al hablar de austeridad en el uso de recursos públicos, pero no tener empacho en aprobar esta indecencia y, peor aún, que ni siquiera tuviera valor civil para asumir su responsabilidad, al señalar descaradamente como culpables al subsecretario de administración y a la secretaria de finanzas.

 Sumado a ello, las dependencias del gobierno estatal operan bajo mínimos. Vemos con tristeza que cada uno hace lo que puede, según su leal saber y entender. No hay quien dirija, no hay quien oriente la labor de gobierno. No han saneado las finanzas; al contrario, en el pasado se criticó la adquisición irresponsable de deuda pública, e Indira lo acaba de hacer también este año. No existe en los hechos un gobierno estatal, se ha mimetizado con el gobierno federal. La gobernadora se dedica a lucrar con los programas federales que opera la Delegación del Bienestar, al siempre hacerse presente para colgarse la medallita y así aparentar que trabaja.

Entonces, si no hay gobierno estatal, si no funcionan las dependencias que lo conforman, ¿qué ha hecho la gobernadora durante este año? Se ha mantenido ocupada viajando a lo largo y ancho de la República para realizar proselitismo a favor de su partido, e incluso ha sido sancionada por el Tribunal Electoral por sus conductas ilícitas. Pero no le importa, porque se sabe impune, al tener sometido al Legislativo a sus intereses. Sabe que no hay forma de exigirle cuentas en el Congreso. Muy pocos diputados conservan una voz crítica; la mayoría han preferido convertirse en sus cortesanos, vendiéndole su conciencia a cambio de prebendas para sus familiares. Ahí tenemos el ejemplo de lo ocurrido con la revocación de mandato, cuando cubrieron a una gobernadora irresponsable, que casi logra evadir la evaluación ciudadana.

Así como ha acontecido con el Legislativo, vemos el mismo proceso en el Judicial y en los órganos autónomos. Tenemos el caso del Instituto Electoral, sometido a base de recortes presupuestales; el de la Fiscalía, que ha desaparecido de la escena pública, para no molestar a la gobernadora; el de INFOCOL, que está bajo asedio; o el de OSAFIG, cuya auditora superior del Estado ni siquiera ha formulado el más mínimo señalamiento a esta gestión tan errática. 

Parecería que Indira está decidida a hacer realidad las palabras que en su momento expresó López Obrador respecto del PRIAN y, junto con su gabinete, se han convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz. Por eso, reproduzco las palabras que el grupo parlamentario de Morena dedicó a Nacho Peralta la pasada legislatura al decirle lo siguiente: que el suyo era un Gobierno fallido, porque había fallado en recuperar la paz y la seguridad, porque le había fallado a los adultos mayores, a los maestros, a los campesinos, a los burócratas y los pensionados, a los transportistas, a los pacientes de las instituciones de salud, a los estudiantes, a los pueblos originarios, a los familiares de los desaparecidos, a los sindicatos, y hasta a los empresarios; en resumen, un gobierno que le ha fallado al pueblo de Colima.

Eso es exactamente lo que ha sucedido con la gobernadora, y por eso también le decimos lo que en su momento se le dijo a Nacho: Indira, pregúntale a la gente en la calle, corrobora con el pueblo lo que dicen las encuestas que publican los medios, y la conclusión que tendrás será lapidaria: el tuyo es el peor gobierno que hemos tenido en la historia de Colima. Ojalá rindieras un informe apegado a la verdad, ojalá fuera un auténtico acto republicano. Lo dudo mucho, esperemos que algún día pueda ser así. 

OTROSÍ: Ahora que la gobernadora rendirá su informe de actividades, será todavía más notoria la omisión en que ha incurrido el Fiscal General del Estado, al incumplir con dicha obligación constitucional, que debió atender en septiembre pasado. ¿No sabrá cómo elaborarlo? ¿Estará muy ocupado viendo los partidos del mundial? ¿El Congreso del Estado no piensa hacer o decir algo?