A tres semanas de ocurrido el último sismo de grandes proporciones en la entidad, los afectados aún no tienen certeza de qué tipo de apoyos recibirán de las instancias gubernamentales ni cuándo será posible recibirlos.
En los primeros días después de ocurrido el movimiento telúrico que ocasionó severos daños materiales a edificios y numerosas casas habitación en varios municipios, se vieron desfilar a diversos funcionarios: desde servidores de la nación hasta diputados locales, pasando desde luego por diversos funcionarios de la Delegación del Bienestar, del gobierno estatal primero y de los municipales después, en la tarea de detectar y registrar los daños ocasionados a las construcciones.
No importaba el perfil, conocimiento ni la experiencia de los encuestadores. Fue una pasarela de morenistas luciendo su presencia mediante fotografías que inundaron las redes, indicando que trabajaban para dar respuestas y atención a los damnificados. Y ahora, después de tres semanas, se evidencian la falta de capacidad y organización para realizar esa tarea.
La Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del gobierno estatal, ha declarado que volverán a visitar las viviendas para determinar realmente si la pérdida es total o solo tienen afectaciones mayores, pues ya les dijeron que el programa de reconstrucción tiene reglas de operación que deben validar la factibilidad de los afectados para recibir el apoyo federal.
La funcionaria explicó que el censo realizado por ellos arrojó que 2 mil 670 viviendas tuvieron daños totales o afectaciones graves, pero esa cifra se incrementó a 6 mil 221, por los reportes que entregaron los presidentes municipales, por lo que deben regresar a visitar las casas afectadas para conocer las condiciones en que se encuentran, no solo las captadas por ellos sino también las que fueron reportadas pero no censadas.
El gobierno de Indira Vizcaíno deberá entregar un diagnóstico preliminar el 20 de octubre al Comité de Evaluación de Daños y ahora sí, será el resultado de las revisiones y reportes que elaboren expertos técnicos en ingeniería o en construcción, con el respaldo de directores responsables de obra o peritos estructurales, para determinar la cifra real que ingresará al programa. Se coincide así con la crítica hecha por el diputado priista Héctor Magaña Lara, quien la semana pasada había advertido que se desconocía la forma en la que se estaban realizando los peritajes y advertía de posibles fallas, fallas que hoy se corroboran porque no se siguió una metodología adecuada al tema de infraestructura.
Así, se han perdido tres semanas y la espera de los afectados deberá de continuar, por la prisa de salir en la foto y por la falta de experiencia y tino elemental en la conducción de los censos. Por otro lado, la detección que reportaron los ayuntamientos no debe estar exenta de errores similares. En el caso de Manzanillo, no hubo recorrido de funcionarios para detectar los daños, solo el aviso de la alcaldesa para que el propio ciudadano reportara en los módulos instalados en los jardines de las delegaciones, las afectaciones que hubiese detectado. Desconocemos si después algún perito o experto fue a visitar las viviendas reportadas.
Pero a pesar de que las afectaciones superan las más de seis mil viviendas dañadas, el gobierno de Indira Vizcaíno solo ha apoyado a seis que sufrieron daños menores. Reparaciones mínimas como rehabilitación de plafones y de instalación eléctrica, lavado y pintura de muros, que la gobernadora afanosa cubrió con el rodillo para posar a la foto, es lo único en el haber de este gobierno que sigue significándose por la frivolidad, la inexperiencia y el amiguismo que tanto criticaron en los gobiernos anteriores.