Oficio Ciudadano

Desde el año 2019 la figura de participación ciudadana conocida como Revocación de Mandato fue incorporada a la Constitución del Estado de Colima; sin embargo, como en el caso del Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado no se había emitido la ley reglamentaria correspondiente, hasta que una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación– motivada por la actuación de un ciudadano colimense – propició que los diputados locales legislaran sobre el particular.

En el caso federal no tuvieron empacho en poner en práctica, casi de inmediato, la consulta popular sobre la revocación de mandato en abril pasado, precisamente a poco más de tres años del mandato del Presidente López Obrador, quien por cierto fue el más entusiasta promotor de la misma, seguido por militantes de Morena, funcionarios y gobernantes, así como organizaciones civiles afines a ese partido político. Sin embargo, en el caso de nuestra  entidad, la mayoría de  legisladores morenistas, aprobaron una ley con efectos al futuro sexenio, pues adujeron falta de recursos económicos para realizar una consulta a la mitad del mandato de Indira Vizcaíno.

Algunos analistas han opinado que los legisladores hicieron bien al  hacer valer su mayoría y no exponer al escrutinio público a la gobernadora, aun cuando faltarían dos años para que se llevara a cabo ese ejercicio ciudadano, pues a casi nueve meses de gestión Indira Vizcaíno sigue estando en los penúltimos lugares de calificación de los gobiernos estatales del país y aquí sí serían los ciudadanos los que en algún momento utilizaran esta herramienta democrática y no como en el caso del Presidente Obrador, que desde las esferas gubernamentales la impulsaron más como ratificación que como revocación de mandato.   

Pero con su decisión de “patear el bote” en este tema, los morenistas exhibieron la incongruencia y la falta de experiencia para estas lides. Incongruencia porque, al menos en Colima,  ya no les quedará el decir que “el pueblo pone y el pueblo quita”, tampoco el que son diferentes a los anteriores gobiernos, por más que pretendan lavarse la cara con el perdón obradorista.  Inexperiencia, porque justificaron la decisión aduciendo que las condiciones económicas del gobierno no permitirían el desembolso para una consulta popular.

Y esta razón no solo pareció pueril sino también negativa porque avizoran que las finanzas estatales no se estabilizarán en el corto y mediano plazos. Y si bien fue de dudar la justificación,  hoy  cae por tierra la misma al conocerse por un medio digital los incrementos en los sueldos de los principales funcionarios de la administración Indirista, que van del 25 al63% desde la segunda quincena del mes de abril, a pesar del discurso de austeridad y racionalidad presupuestal, especialmente en gasto corriente.

Es decir, se priva en una ley el derecho ciudadano de pedir la revocación de mandato de Indira Vizcaíno por razones presupuestales, pero se incrementan los sueldos de la propia gobernadora y sus principales funcionarios en porcentajes desproporcionados, a la vez que al pliego petitorio de la organización sindical le contesta que los trabajadores al servicio del gobierno del estado, solo podrán recibir un incremento del 3%, incremento que es mínimo y que no resarce la pérdida adquisitiva del salario por la inflación que ya ronda el 8%. 

Tenemos una gobernadora a la que no le importa apartarse de los lineamientos del Presidente de México y líder de su partido, violentando la famosa Ley de Austeridad Republicana al ganar más que el propio primer mandatario, a la vez que no ha atendido los planteamientos del Instituto Electoral del Estado para que se le asigne recursos presupuestales para su indispensable operación, dejándolo a mitad del año no solo sin ingresos para la nómina sino para los servicios más indispensables.

Pero creo que, con consulta o sin ella, Indira Vizcaíno será evaluada en el año 2024. En dos años más tendremos elecciones intermedias en las que elegiremos todos los cargos populares, excepto, precisamente, la gubernatura. Los colimenses tendremos entonces la oportunidad de calificar su desempeño y de reiterarle o retirarle la confianza, al votar o no por los candidatos morenistas.

La inseguridad, la falsa austeridad, la falta de obra pública, el doble discurso y la incongruencia entre el decir y el hacer, deberemos tenerlas presentes en las urnas para que elijamos mejores alcaldes, senadores, diputados federales y locales en el próximo 2024.