Colima, México, Avanzada (12/01/2026).- En el arranque de este año, el Gobierno del Estado de Colima destinará más recursos al pago de la deuda pública que a la inversión en obra pública. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2026, el servicio de la deuda absorberá cerca de 456 millones de pesos, mientras que la inversión en infraestructura apenas alcanzará 306 millones de pesos.
Lo anterior ocurre pese a que al menos tres créditos bancarios millonarios que integran la deuda pública estatal arrastran observaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) e incluso han sido reconocidas por el propio gobierno que encabeza Indira Vizcaíno Silva.
El pasado 22 de diciembre, en el Periódico Oficial El Estado de Colima, la mandataria publicó el decreto que contiene el Presupuesto de Egresos, en el cual el propio Ejecutivo admite que, en materia de deuda pública y “pese al refinanciamiento autorizado por esa Honorable Soberanía”, el Estado continúa enfrentando una erogación anual cercana a los 456.5 millones de pesos, entre intereses y abono a capital.
En contraste, el presupuesto aprobado para 2026 contempla 306.4 millones de pesos para Inversión Pública y 195 millones de pesos para la adquisición de equipamiento. De ese monto, 222 millones de pesos provienen de esquemas de inversión público-privada, destinados principalmente a la conservación y mantenimiento de carreteras.
Así, al igual que en años anteriores, el gobierno estatal priorizará el pago de la deuda por encima de la inversión directa en infraestructura, aun cuando los tres créditos más recientes, contratados durante los dos sexenios anteriores, presentan señalamientos por presunto uso irregular de recursos.
Uno de esos créditos fue autorizado en septiembre de 2018 al entonces gobernador Ignacio Peralta Sánchez, por 410 millones de pesos. De ese monto, 200 millones se destinarían a la compra de terrenos de la zona militar en la Calzada Galván; sin embargo, dicho predio fue donado a título gratuito por la Federación a los colimenses, por lo que el destino final de esos recursos no ha sido aclarado.
Otro crédito observado asciende a 740 millones de pesos, autorizado por el Congreso local en junio de 2020. El propio gobierno de Indira Vizcaíno reconoció que al menos 500 millones de pesos, supuestamente destinados a seguridad pública, fueron utilizados de manera irregular.
El tercer endeudamiento señalado corresponde a un crédito por 638 millones de pesos, autorizado en septiembre de 2015 durante la administración del exgobernador Mario Anguiano Moreno, y ejercido en el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz. Dicho empréstito fue observado debido a que Anguiano solicitó el endeudamiento 47 días antes de concluir su sexenio, una decisión que comprometió las finanzas estatales a largo plazo.