“Sindicalizarse les costó el empleo”: acusan despidos, violencia y venganza en Ayuntamiento de Coquimatlán

Colima, México, Avanzada (08/01/2026).- La conformación de un nuevo sindicato terminó en despidos, presuntas violaciones a derechos humanos y un clima de intimidación en el Ayuntamiento de Coquimatlán Teresa Ramírez Guzmán, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, acusó que al menos seis trabajadores fueron cesados como represalia directa por ejercer su derecho constitucional de libre asociación sindical.

En entrevista, Ramírez señaló que, pese a haber solicitado por la vía administrativa y por escrito una reunión con el presidente municipal para informarle sobre la constitución del nuevo sindicato —integrado por alrededor de 30 trabajadores—, nunca hubo respuesta formal, como lo establece la ley. “En lugar de contestar, los corrieron. Es una venganza por haberse sindicalizado”, afirmó.

La dirigente sindical denunció que los despidos se realizaron de manera violenta, con la presencia de policías armados, quienes —dijo— sacaron a los trabajadores de sus oficinas “como si fueran delincuentes”. A su juicio, la responsabilidad recae en los asesores jurídicos del alcalde, a quienes acusó de malinformarlo y empujarlo a decisiones que podrían acarrearle consecuencias penales y laborales.

Ramírez recordó que el artículo 123 constitucional garantiza la libertad de asociación de los trabajadores y subrayó que la existencia de más de un sindicato en un municipio no es ilegal ni afecta los derechos laborales de nadie. Explicó que los trabajadores despedidos intentaron durante más de 15 años incorporarse al sindicato mayoritario, sin éxito, por lo que optaron por constituir uno nuevo con respaldo de la Federación.

El caso, dijo, es aún más grave porque varios de los cesados ya habían ganado juicios de reinstalación desde 2018, incluso en instancias federales, y los despidos actuales implicarían el incumplimiento de convenios y órdenes judiciales. Además, denunció que entre los afectados hay personal con más de 15 y hasta 20 años de antigüedad, así como trabajadores incapacitados, quienes quedaron sin salario ni seguridad social.

Ante estos hechos, informó que ya se promovieron demandas de reinstalación inmediata ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, así como denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por abuso de autoridad, amenazas y hostigamiento, tanto contra el presidente municipal como contra policías y funcionarios involucrados.

Finalmente, Teresa Ramírez hizo un llamado público al alcalde para abrir una mesa de diálogo y revertir los despidos. “Todavía estamos a tiempo de llegar a acuerdos. De lo contrario, esto le va a salir más caro al municipio, en lo presupuestal y en lo legal”, advirtió, al tiempo que insistió en que la Federación continuará acompañando a los trabajadores hasta que se les restituyan sus derechos laborales.