Desde hace por lo menos dos semanas, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva no ha tenido apariciones públicas ni ha encabezado evento oficial alguno. La población desconoce si la mandataria se encuentra de vacaciones, fuera del estado o incluso fuera del país. Esta falta de información no es un hecho aislado, sino una constante que ha marcado la forma de gobernar: la opacidad.
La gobernadora, como cualquier servidora pública, tiene derecho a tomar vacaciones y a contar con periodos de descanso. Nadie cuestiona ese derecho. Sin embargo, existen protocolos legales y administrativos que deben cumplirse, y el más básico de todos es informar oficialmente su ausencia. La ley establece con claridad que, cuando el titular del Poder Ejecutivo se separa temporalmente de sus funciones o sale del estado, debe notificarlo al Congreso local y hacerlo del conocimiento de la ciudadanía.
En un estado que enfrenta problemas apremiantes en materia de seguridad, la ausencia de la titular del Ejecutivo resulta particularmente preocupante porque la ciudadanía desconoce quién decide ante la ausencia de la titular del Ejecutivo.
Colima inició el año con hechos de alto impacto: el asesinato de un elemento policiaco, enfrentamientos armados entre grupos delictivos y fuerzas del orden, y un clima generalizado de inseguridad que exige presencia y decisiones firmes.
No es la primera vez que ocurre. Cada vez que se presenta un periodo vacacional, la mandataria toma descanso al igual que el resto de la burocracia estatal, pese a que sus responsabilidades son de naturaleza permanente y fundamentales para la conducción política, administrativa y operativa del estado. Gobernar no es un empleo de horario fijo ni una función que pueda ponerse en pausa sin consecuencias. En cuatro años de gobierno, los colimenses desconocen con certeza si la gobernadora ha tomado descansos formales, cuándo lo ha hecho o bajo qué condiciones, pues nunca ha existido información clara al respecto, pero sí sus ausencias de la vida pública.
Lo grave no es el descanso en sí, sino la falta de transparencia y comunicación institucional. Los colimenses tienen derecho a conocer quién encabeza el gobierno y desde dónde se toman las decisiones que afectan la seguridad, la economía y la gobernabilidad del estado.
La rendición de cuentas no es un favor ni una concesión política; es un principio básico de cualquier gobierno democrático. En momentos de crisis, el silencio institucional y la falta de información solo alimentan la desconfianza, el malestar social y la percepción de un gobierno desconectado de la realidad que vive la población.
Colima no necesita una gobernadora intermitente ni ausente, sino una mandataria presente, informada y comprometida con los problemas reales del estado. La seguridad, la gobernabilidad y la confianza ciudadana no admiten vacaciones sin explicación. La ciudadanía merece claridad, responsabilidad y liderazgo, especialmente cuando el estado atraviesa por hechos delictivos que impactan a la colectividad.