Presupuesto de Egresos: ejercicio opaco y discrecional

Como es costumbre y lo marca la legislación, el Poder Ejecutivo del Estado envió ya al Congreso Estatal el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023. Mismo que deberá ser aprobado por el Poder Legislativo a más tardar el 30 del presente mes. La interacción y las diferentes responsabilidades que asumen ambos poderes no es casualidad. Forman parte de un proceso orientado a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso y destino de los recursos públicos; por medio de pesos y contrapesos, así como de mecanismos institucionales cuya finalidad es el control democrático del poder. De lo contrario, la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad serían la norma —y no la excepción— del ejercicio gubernamental y el gasto público.

El problema es que a pesar de la aprobación del Presupuesto de Egresos por parte del Congreso Local sobre quién debe gastar los recursos públicos y en qué cantidad, durante el ejercicio del gasto las autoridades encargadas de ejecutarlo realizan modificaciones — de manera opaca y discrecional— que impiden y obstaculizan su vigilancia y control. Y si bien dichas adecuaciones están contempladas en la ley, solo deben realizarse, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, “siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto”. El problema es que dichos movimientos distan de cumplir con lo que la normatividad señala. 

Así, las modificaciones al presupuesto de egresos durante el ejercicio del gasto púbico no son asunto menor. Mediante dichas “adecuaciones presupuestarias” se puede modificar completamente el gasto de una dependencia o entidad de la administración pública o de un programa presupuestario. En las administraciones pasadas eso solía ocurrir. Por ejemplo, de manera sistemática, durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, a la Secretaría de Desarrollo Rural, el H. Congreso estatal le aprobó un presupuesto de 821, 894 y 646 millones de pesos para que posteriormente, durante el ejercicio del gasto, las autoridades ejecutoras le realizaran reducciones superiores al 70 por ciento del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. Y esta administración tampoco es la excepción.

Al tercer trimestre del año, de acuerdo con el Informe Trimestral de las Finanzas Públicas, a la Secretaría General de Gobierno se le han adicionado alrededor de 94 millones de pesos, mismos que equivalen a más de 20 por ciento de su presupuesto aprobado, y a la Secretaría de Planeación Finanzas y Administración se le incrementó su presupuesto en 14 millones, lo que representa un incremento superior al 4 por ciento. Mientras tanto, a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Seguridad Pública se les han realizado reducciones de 16.6 y 9.5 millones de pesos (respectivamente) en un contexto de abandono del sector salud y de inseguridad y violencia en la entidad. 

Y en los capítulos y partidas del gasto también sucede lo mismo. El presupuesto destinado a servicios personales ha tenido una reducción equivalente casi a 7 por ciento de su presupuesto aprobado; o la partida de servicios arrendamiento, que presenta una ampliación de 124 millones, pasando así de tener 22 millones de pesos aprobados a 146 millones; o la de traslados y viáticos a la que se le aprobaron 2.7 millones de pesos, pero con una ampliación, dicha partida contempla ahora un gasto de 3.5 millones. De nuevo, el problema aquí no es la ampliación o reducción entre el presupuesto de un ejercicio fiscal y otro, sino la discrepancia que existe entre lo aprobado por el Congreso y las ampliaciones y reducciones realizadas —de manera opaca y discrecional— por las autoridades ejecutoras del gasto.

Así, el ejercicio del gasto público debe orientarse hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Continuar bajo las mismas rutinas que han prevalecido durante décadas solo impedirá y obstaculizará el ejercicio democrático del poder.