El desastre que dejó Nacho Peralta

Colima, México, Avanzada (27/06/2025).- Meses antes del final del sexenio del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, aparecieron muestras del desastre que dejó su gobierno en la entidad:

Se acabó el dinero de las arcas, lo que provocó la suspensión de pagos de los sueldos de alrededor de 12 mil burócratas; heredó una gran deuda pública, con bancos, proveedores, etcétera; incumplió múltiples compromisos económicos, los principales con la Dirección de Pensiones y la Universidad de Colima; dejó las cifras más altas de violencia e inseguridad hasta ese tiempo y se fue dejando tras de sí una estela de denuncias y demandas por presunta corrupción.

De acuerdo con un reportaje publicado el 31 de octubre de 2021 en la edición 2348 de la revista Proceso, el gobernador Peralta Sánchez finalizó su periodo en medio del rechazociudadano, como consecuencia del desastre financiero y el clima de violencia e inseguridad en los que dejó hundido al estado.

Desde antes de asumir la gubernatura, Indira Vizcaíno Silva anunció que ordenaría una auditoría para revisar el manejo de los recursos y determinar las causas por las que Peralta le heredaría pasivos por más de 11 mil millones de pesos. “Si hay irregularidades que la consecuencia fuese cárcel y a nosotros nos corresponde denunciar, haremos lo que nos toque”, advirtió.

No obstante, fue hasta ahora, casi cuatro años después del inicio del gobierno de Vizcaíno que se cita por primera vez a Ignacio Peralta a comparecer ante una instancia judicial local, acusado de peculado y de mal uso de la función pública, aunque no se informó sobre el hecho específico que motivó la respectiva carpeta de investigación.

Martín Flores Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), en entrevista con Proceso calificó la situación de entonces sin precedentes, “muy caótica, muy preocupante y muy desesperante”, porque desde la fundación del sindicato nunca se había dejado de pagar el salario a los trabajadores.

También, el STSGE presentó demandas laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) por la falta de pago de prestaciones y una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el no entero de las retenciones de cuotas sindicales.

A finales de septiembre, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, también presentó denuncias contra el gobernador, ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y la Fiscalía Anticorrupción, por el adeudo acumulado del subsidio estatal de este año a la institución educativa, por un total de 264 millones de pesos.

Entre las presuntas anomalías detectadas en la administración peraltista por el equipo de transición de la gobernadora electa, Indira Vizcaíno, se encuentra la falta de claridad en los gastos de la obra del C5i, que originalmente estaba presupuestada en 808 millones pesos y el costo final rebasará los 1,000 millones de pesos.

Así también, Vizcaíno denunció que en 2018 el gobierno del estado tenía autorizada una partida de 1.7 millones de pesos para asesorías, pero finalmente gastó 97 millones en ese concepto mediante la contratación de empresas entre las que fueron detectadas sociedades mercantiles que han sido relacionadas con la práctica de “factureras”.

Explicó: “Prácticamente todos estos 97 millones de pesos se adjudicaron de manera directa, con oficios de excepción sin llevar a cabo los procesos de licitación que marca la ley. Estas adjudicaciones directas con oficios de excepción se convirtieron en un hábito, en una práctica cotidiana y común de la Secretaría de Planeación y Finanzas”.

El reportaje de Proceso dio cuenta de que las malas cuentas del gobierno de Peralta Sánchez no sólo se dieron en el ámbito financiero, sino también en el de la seguridad pública.

“Su principal lema de campaña, ‘Vas a vivir feliz, ¡seguro!’, se derrumbó en el primer año de gobierno al dispararse los índices de violencia que colocaron a la entidad, a lo largo de todo su periodo gubernamental, en los primeros lugares de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto en el país”.

Durante la administración que está por concluir en Colima, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó cerca de 4 mil asesinatos (en los que alrededor de 450 víctimas fueron mujeres), mientras que en el sexenio previo, de Mario Anguiano Moreno, la cifra de homicidios había sido de 940.

En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021, el gobierno de Ignacio Peralta ofreció que Colima “volverá a ser uno de los estados más seguros del país”, pero según datos del SESNSP en septiembre de 2021 se encontraba ubicado entre los tres más violentos, después de Zacatecas y Baja California.

Una de las metas del PED en materia de seguridad, recuerda el reportaje, era la reducción en 10 por ciento anual de la incidencia delictiva, pero ésta no sólo no se redujo, sino que se disparó a más del doble, pues mientras en 2016 se registraron 10 mil 877 delitos, en 2020 hubo 25 mil 370 y en los primeros tres trimestres de 2021 la cifra ya alcanzaba 20 mil 599.

En su mensaje con motivo del Sexto Informe de Gobierno, el 1 de octubre, Peralta culpó al gobierno anterior de las crisis financiera y de inseguridad: “Recibí unas finanzas quebradas que debieron ser reconstituidas casi desde cero, sin capacidad crediticia. Enfrentamos la peor crisis nacional de seguridad en la historia moderna, con profundos efectos en la vida colimense”.

Pese a que ya fue llamado a comparecer el exgobernador Peralta, existe escepticismo en algunos sectores de la población ante la posibilidad de que las irregularidades cometidas por él queden impunes.