Incumplió FGE obligaciones ante denuncia de desaparición de trabajador: CDHEC

Colima, México, Avanzada (30/05/2025).- A principios de agosto de 2017 desapareció, en la ciudad de Tecomán, un trabajador que prestaba sus servicios colocando antenas de la empresa Teléfonos de México (Telmex) y hasta la fecha, casi ocho años después, sus familiares desconocen su suerte y su paradero.

A pesar de que desde el momento en que perdió el contacto con el joven de 36 años su madre ha realizado constantes labores de búsqueda, así como denuncias y gestiones ante diversas autoridades, no ha recibido una respuesta favorable de parte de éstas.

En junio de 2022, desesperada por los nulos resultados de las instancias gubernamentales ante el caso de su hijo, la mujer presentó una queja contra la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).

En ese organismo narró que el día 28 de julio de 2017, su hijo se trasladó a Tecomán, Colima, pues había conseguido trabajo poniendo antenas de Telmex, pero no era contratado no por esa empresa, sino por otras personas y ella hablaba con él todos los días a su teléfono celular.

La última vez que conversaron fue el 5 de agosto siguiente alrededor de las 20:00 horas, pero el día 6 al ver que no se comunicó le marcó aproximadamente a las 21:00 horas y no le contestó, le marcó por segunda vez y respondió alguien a quien no logró identificar, y tampoco supo si se trataba de un hombre o una mujer. Al preguntarle por su hijo le dijo que estaba equivocada y cortó la llamada. Preocupada, la mujer llamó por tercera ocasión y al obtener respuesta le preguntó si era hombre o mujer, y la voz al otro lado de la línea sólo dijo: “soy travesti” y volvió a colgar inmediatamente.

Sin noticias de su hijo, el 11 de agosto siguiente la mujer y su esposo se trasladaron a la ciudad de Tecomán para interponer una denuncia de desaparición en las oficinas de la FGE en ese lugar.

“Fui atendida por una persona del sexo femenino que no solamente me estaba atendiendo a mí, sino al mismo tiempo a otra persona; luego de tomarme declaración me dijo que fuera al motel donde se hospedaba mi hijo, a los hospitales, a la Cruz Roja y a Telmex a preguntar por él y que regresara nuevamente a las oficinas para que me tomaran la muestra de ADN, porque en esos momentos estaba ocupado el perito encargado de hacerlo”.

La mujer y su esposo fueron al motel, donde un adulto mayor con sombrero les dijo que el día de la desaparición había visto a un hombre subirse a un taxi, pero no estaba seguro de que fuera su hijo.

Después de buscar en los otros lugares y de trasladarse a las oficinas centrales de la FGE en la capital del estado para revisar fotos de los cuerpos que estaban en las instalaciones de la morgue, sin resultados, retornaron a la representación de la FGE en Tecomán, donde le fue tomada muestra de ADN y le proporcionaron un número telefónico para que pidiera información sobre los avances de las investigaciones.

Lo que no se le entregó fue una copia de su denuncia ni se le brindó información u orientación del proceso que se seguiría y mucho menos le indicaron que tenía derecho a un asesor jurídico.

En 2018 la madre del trabajador desaparecido se enteró de que había una campaña de toma de muestras de ADN a nivel nacional, por lo que acudió, pero le pidieron copia de la denuncia por desaparición. Cuando le fue entregado el documento en Tecomán se dio cuenta de que había varios errores, entre ellos el de la media filiación de su hijo, además de que decía que la víctima era su hermano.

Al hacerle ver las anomalías a la persona que le atendió, ésta le dijo que eso no importaba y por primera vez le informó que se comunicaría con ella un asesor jurídico. Tiempo después recibió una llamada telefónica de un hombre que se presentó como tal, pero sólo le llamó para decirle que ya no se iba a poder hacer nada por su hijo, pues había pasado un año del suceso y los videos que pudieran haber existido ya habrían sido borrados, por lo que no se podría hacer nada.

No obstante, refirió la quejosa, desde que interpuso la denuncia penal no dejó de llamar a la Fiscalía y siempre le daban largas, hasta que finalmente ya no le contestaron las llamadas y “así ha pasado el tiempo, sin darnos razón de cómo va la investigación de la desaparición de mi hijo”.

En su comparecencia ante la CDHEC, la mujer señaló que días antes ella y otros familiares fueron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Guadalajara, porque vieron que estaban siendo encontrados cuerpos en el municipio Tonalá, Jalisco, y podían tomarles muestras de ADN para cotejarlas con los perfiles genéticos de los restos localizados, pero el personal que les atendió les dijo que no podían tomarles las muestras de ADN, pues a quien le correspondía era a la FGE de Colima.

Al platicar al personal del Semefo Jalisco todo lo que había pasado la familia en la búsqueda de su hijo, les recomendaron acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), donde el funcionario que les atendió les comentó que acudieran a la CDHEC de Colima.

Una vez presentada la queja en la CDHEC y tras las investigaciones realizadas, este organismo emitió el 26 de noviembre de 2024 la recomendación 10/2024, dirigida a la FGE, al llegar a la conclusión de que esa fiscalía “incumplió con la obligación prevista en el artículo 21 constitucional, de realizar una investigación conforme al principio de legalidad y respetando los derechos humanos, pues en este caso, las probanzas que recabó el personal de esta Comisión, acreditan dilaciones dentro de la carpeta de investigación, ocasionando una afectación jurídica de la ciudadana quejosa, en su calidad de denunciante en lo que ve al delito de desaparición de su hijo”.

En suma, la CDHEC determinó que fue “acreditada la violación al derecho de seguridad jurídica, en agravio de la ciudadana quejosa, por parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Colima”. Por lo anterior, el organismo humanitario recomendó a la FGE que “se deben restablecer los derechos jurídicos a la víctima, realizándose las acciones necesarias para cumplirse a cabalidad con las disposiciones que rigen la investigación, a fin de otorgar seguridad jurídica y otorgar la justicia para la ciudadana quejosa y su hijo (desaparecido)”.

También estableció que “se debe brindar de manera inmediata la atención psicológica y asesoría jurídica pertinente que necesite la ciudadana quejosa respecto al hecho victimizante que originó la queja, hasta concluir la investigación, la cual deberá ser proporcionada, no obstante el tiempo transcurrido, previo consentimiento, por personal profesional especializado, de manera gratuita, inmediata y en un lugar accesible, brindándose información previa, clara y suficiente”.

Asimismo, la Comisión determinó que se debe otorgar una compensación evaluable y acreditable por el daño moral causado a la ciudadana quejosa como víctima indirecta, de acuerdo al procedimiento que marca la Ley de Víctimas.

Otra de las recomendaciones de la CDHEC fue “continuar con la búsqueda del desaparecido, debiéndose cumplir con las disposiciones en materia de investigación dentro de la carpeta de investigación respectiva”.

La CDHEC solicitó además iniciar el procedimiento de investigación para que se determinen las responsabilidades administrativas según resulten, en contra de las y los servidores que resulten responsables en los hechos, para que se apliquen las sanciones correspondientes conforme al análisis de esa recomendación.

De igual manera, demandó realizar un programa de capacitación dirigido al personal de la sede en Tecomán, adscrito a la FGE, en el que se incluyan temas relativos a los derechos de seguridad jurídica y acceso a la justicia con perspectiva de género, a fin de que los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal, buscando con ello, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

La Comisión enfatizó la necesidad de que la Fiscalía tome medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Y en todos los puntos recomendatorios, la CDHEC solicitó que la autoridad responsable le envíe las pruebas de su cumplimiento.

Aunque la recomendación fue emitida hace más de seis meses, el pasado 26 de noviembre, hasta la fecha no se ha informado si fue aceptada o rechazada por la FGE, y en caso de lo primero se desconocen las acciones realizadas por la autoridad responsable para su cumplimiento.