La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima no deja espacio a la ambigüedad: quien gobierna debe escuchar la voz del pueblo, especialmente cuando esa voz se alza con claridad frente al mal gobierno. Hoy, esa voz es la de la comunidad artística de Colima, y el grito es unánime: fuera Emiliano Zizumbo Quintanilla de la Subsecretaría de Cultura.
No estamos ante un berrinche gremial ni frente a una disputa menor. Lo que sucede en la Secretaría de Cultura bajo la conducción de Zizumbo es una catástrofe institucional: abandono del patrimonio, destrucción de inmuebles, foros en ruinas, censura disfrazada de gestión, y un desdén sistemático hacia el trabajo de los creadores. Nunca, en la historia reciente del estado, la política cultural había alcanzado tal nivel de deterioro.
La respuesta de la comunidad artística no ha sido silenciosa ni diplomática, sino directa, rabiosa, cargada de rimas, flow y dignidad. En una canción que ya circula en redes sociales, los artistas colimenses han sintetizado su hartazgo con brutal claridad: “Colima quiere cultura, no más show ni tus maromas. Fuera el payaso Zizumbo, en el arte tú estorbas”. Este acto de protesta no solo es legítimo, es un manifiesto de resistencia ante el autoritarismo disfrazado de cultura.
Lo grave aquí no es solo la incompetencia del funcionario —que lo es—, sino la insostenibilidad política de mantenerlo en el cargo. Emiliano Zizumbo se ha convertido en un obstáculo no solo para el desarrollo cultural del estado, sino para la gobernabilidad misma. En términos de administración pública, ningún servidor que concentre tal nivel de rechazo social puede seguir operando sin que ello afecte la legitimidad de quien lo sostiene.
Y esa persona es Indira Vizcaíno Silva.
La gobernadora, maestra en derechos humanos, no puede seguir escudándose en el silencio ni en la complicidad institucional. Porque sostener a Zizumbo en el cargo, tras el cúmulo de denuncias, protestas, artículos, plantones y ahora canciones, no es una omisión: es una afrenta directa a los derechos culturales de la población, y un desprecio por la palabra empeñada al asumir el cargo.
El arte, cuando se siente traicionado, no suplica: arremete. Y eso es lo que está ocurriendo. No escuchar a la comunidad artística es incubar una crisis de gobernanza, debilitar los puentes entre ciudadanía y gobierno, y mandar el mensaje de que la protesta, por creativa que sea, no sirve de nada.
El funcionario es insostenible. La demanda es clara. La reacción de la mandataria es lo único que sigue pendiente. Y si no se actúa pronto, lo que está en juego ya no será solo la cultura, sino el respeto elemental a una comunidad que se ha atrevido a hablarle al poder en su propio lenguaje: el arte.