El derecho a saber, en la incertidumbre

Colima, México, Avanzada (05/02/2025).- Desde que, en un indiscutible retroceso democrático, el gobierno de la Cuarta Transformación decidió eliminar el INAI, entre otros organismos autónomos, el derecho de acceso a la información pública en México quedó en la incertidumbre.

El derecho a saber y su evolución normativa en el país había costado ya medio siglo de luchas por parte de periodistas, medios de comunicación, el sector académicos y organizaciones de la sociedad civil, luego de que en el contexto de la reforma política en 1977 le fue agregado al Artículo Sexto constitucional la frase: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

No obstante, a pesar de las gestiones y exigencias de diversas instancias, durante 25 años esa disposición constitucional fue “letra muerta” porque no se elaboró la ley reglamentaria en la que se incluirían los mecanismos para hacer efectivo ese derecho. Fue hasta 2002 cuando se aprobó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, meses después de la promulgación de la ley estatal de la materia correspondiente a Sinaloa, y se crearon los primeros organismos garantes de esos derechos.

Y así, mientras cada estado creó sus propias leyes y organismos locales, con el paso de los años las legislaciones tanto nacional como estatales se pulieron y perfeccionaron con el propósito de acotar los márgenes para impedir a las instituciones públicas la evasión de sus responsabilidades de entregar la información a los solicitantes.

Pero llegó el gobierno de la 4T y al expresidente Andrés Manuel López Obrador no le gustó la idea de ser fiscalizado en materia de transparencia de la información por un organismo autónomo, por lo que con el pretexto de algunos vicios que tenía el INAI en su funcionamiento, dejó la mesa lista para que el Poder Ejecutivo, encabezado por su sucesora Claudia Sheinbaum, echara a andar la maquinaria del Poder Legislativo bajo su control para —en lugar de procurar su saneamiento— desaparecer ese y otros organismos.

Y ahora las funciones de garantizar la transparencia y la entrega de información a la ciudadanía estarán a cargo de una instancia dependiente del Poder Ejecutivo, por lo que éste será juez y parte cuando un ciudadano se inconforme por no haber recibido adecuadamente la información que solicitó.

Podría decirse que ante una situación de ese tipo el ciudadano tiene la opción de recurrir a un juicio de amparo, pero este camino es más complejo porque no todas las personas tienen la posibilidad económica de contratar un abogado ni el interés de involucrarse en un proceso jurídico que puede tardar años. Además, con la reforma judicial mediante la que se prevé que —a través de una aberrante elección popular— el Ejecutivo tomará también el control del Poder Judicial, no existen garantías de que los juzgadores respondan realmente al interés de la población.

Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas alertaron que la desaparición del INAI ha generado una grave incertidumbre sobre el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ya que la falta de claridad sobre su resguardo y transferencia plantea una profunda preocupación.

En un pronunciamiento firmado por organizaciones y ciudadanos, exhortaron al comisionado presidente y comisionadas integrantes del pleno del INAI y a las autoridades involucradas para que definan con claridad y transparencia los pasos necesarios para garantizar la preservación e integridad de la PNT y su información en un repositorio accesible, público y funcional, que permita mantener su carácter histórico y su utilidad en la promoción de derechos y rendición de cuentas. También urgieron que establezca un mecanismo de acceso y descarga de la información contenida en la PNT mientras la nueva institución encargada asuma las funciones, asegurando así la continuidad en el acceso a esta herramienta esencial.

“De igual manera, hacemos un llamado a las y los legisladores para que trabajen en el diseño de leyes secundarias que regulen la certeza sobre la PNT y su correcta administración. Estas leyes también deben garantizar el derecho a la información con los más altos estándares internacionales. Proponemos la creación de mesas de diálogo con la participación de la sociedad civil, que permitan integrar las perspectivas de diversos sectores en la construcción de un marco normativo robusto.

“Asimismo, extendemos nuestra disposición a dialogar con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien será la encargada de la transparencia desde el poder Ejecutivo, para colaborar en la preservación de la PNT y garantizar que siga siendo una herramienta accesible, eficiente y orientada a fortalecer la democracia en el país”.

En realidad, con la desaparición del INAI y la asunción de sus funciones por parte del Ejecutivo, quedará a discreción de éste la voluntad de respetar o conculcar el derecho a saber de la ciudadanía.

Y como lo expresa atinadamente el pronunciamiento citado anteriormente, “el derecho de acceso a la información es fundamental para las democracias, ya que permite a las personas conocer y entender las acciones de las autoridades, exigir rendición de cuentas y participar de manera activa en los procesos de toma de decisiones”.