La urgencia de mejorar la atención a las víctimas de la violencia

Colima, México, Avanzada (10/01/2025).- En medio del torbellino de inseguridad y violencia que viven Colima y México desde hace más de 15 años resalta como una urgencia inaplazable la mejoría en el funcionamiento de los sistemas e instituciones de atención a las víctimas, ese sector vulnerable de la población que ha sido ignorado a pesar de ser el más afectado de la actual realidad.

Entre los factores que han incidido en las deficiencias de las instancias encargadas del respaldo a las víctimas se encuentran la partidización de los nombramientos, la insuficiencia presupuestal y el centralismo.

Con el propósito de buscar opciones para resarcir la situación, destacan por su importancia los planteamientos que ofrece el documento “Propuestas para construir seguridad y justicia”, elaborado por especialistas de la organización Causa en Común.

Con respecto al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), propone establecer las normativas y lineamientos que regulen el funcionamiento de ese organismo, que fortalezcan a las Comisiones de Búsqueda y protejan los diferentes registros de personas desaparecidas, lo que implica desechar el mal llamado “censo” elaborado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en cambio mejorar y resguardar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Así también, se hace necesario dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)  y a las comisiones estatales de presupuestos multianuales y progresivos, que les permitan cumplir con los objetivos marcados en el Programa Nacional de Búsqueda.

Un requerimiento de fondo es también modificar el mecanismo de selección del titular de la CNB, eliminando la facultad presidencial para designarlo, y otorgando a su Consejo Ciudadano la facultad de nominar y votar para definir el nombramiento.

Además, se precisa rescatar al Centro Nacional de Identificación Humana y al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, y definir y atender sus requerimientos de presupuesto, personal y tecnología.

Ante el peligro permanente en que se encuentran las personas buscadoras, se hace indispensable que la CNB y las comisiones estatales, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, definan medidas de protección para los colectivos de búsqueda y que el SNB promueva reuniones regionales con la participación de autoridades estatales, municipales y organizaciones ciudadanas para impulsar programas regionales de búsqueda.

Asimismo, es inaplazable diseñar un programa nacional de formación y capacitación continua dirigido a los funcionarios adscritos a las fiscalías especializadas en materia de desaparición, así como incorporar en la agenda de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el desarrollo institucional de las fiscalías especializadas y el fortalecimiento de sus vinculaciones con las comisiones de búsqueda.

Con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se plantea que para recuperar su autonomía técnica y legitimidad se reformen los mecanismos de selección de sus titulares mediante la celebración de ejercicios de parlamento abierto en el Senado, en los que integrantes de organizaciones sociales y organismos locales dedicados a la promoción y defensa de derechos humanos sean quienes definan la terna de candidatos a votarse en el pleno legislativo.

De igual manera, reglamentar de manera clara en las leyes de la CNDH y de la CEAV las causas y los mecanismos de sanción y eventual remoción de sus titulares. A su vez, dotar a sus Consejos o Asambleas Consultivas de la facultad para interponer y resolver sobre los anteriores recursos, definiendo procedimientos claros que garanticen la seguridad de los denunciantes y la imparcialidad de las investigaciones.

Un punto fundamental es el de dotar a la CNDH de facultades legales suficientes para emitir resoluciones vinculantes, que garanticen protección y acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la posibilidad de emitir sanciones en contra de las instituciones y agentes del Estado.

Los expertos de Causa en Común proponen también dotar de facultades y herramientas a la CEAV y la CNDH para que puedan promover mecanismos de reparación colectiva y simbólica, que involucren garantías de no repetición y que contemplen mecanismos de demostración pública del compromiso de las autoridades con los derechos de las víctimas.

Otros puntos tienen que ver con la provisión de los recursos necesarios para el funcionamiento idóneo de los organismos, entre ellos dotar a la CNDH, a la CEAV y a las respectivas comisiones estatales, de presupuestos multianuales que garanticen el pleno ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios de atención y protección previstos en sus leyes respectivas.

Junto con lo anterior, plantean recuperar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, administrado por la CEAV, como un mecanismo para que los recursos de asistencia y reparación sean estables, e incrementar los recursos destinados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Si el Estado mexicano, conformado por el gobierno federal, los gobiernos estatales e instituciones, tiene una genuina preocupación por la situación de las víctimas, las propuestas anteriores, así como otras que pudiesen emanar de diversos sectores, podrían ser sometidas al escrutinio público con el fin de analizar y consensuar la construcción de un sistema integral que proteja realmente a las víctimas.

De la actual ineficacia de muchas instituciones encargadas de este sector existen ejemplos a lo largo del país y del estado de Colima, donde no siempre encuentran la respuesta adecuada las personas que han sufrido algún agravio y necesitan apoyo institucional para afrontar su situación.