Menores en orfandad por la violencia; la responsabilidad gubernamental

Colima, México, Avanzada (03/01/2025).- Aunque ya pasaron casi dos décadas desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón, que generó un derramamiento de sangre que los gobiernos posteriores no han sido capaces de revertir, el tema de la población infantil que ha quedado en la orfandad a causa de la violencia no ha sido atendido integralmente por el Estado.

Ni siquiera se conoce de la existencia de un diagnóstico general sobre las condiciones en que se encuentra este sectorde la niñez y la adolescencia, mucho menos un padrón que dé cuenta de su ubicación, a pesar de que durante los tres últimos sexenios federales fueron asesinadas más de 475 mil personas en el país —de las que alrededor de 8 mil fueron ultimadas en el estado de Colima—, mientras que a escala nacional hay más de 120 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Las cifras anteriores dan una idea del tamaño de la problemática que deben estar enfrentando numerosas familias para sacar adelante a menores en hogares donde el padre, la madre o ambos cayeron víctimas de la violencia. Y los requerimientos no sólo van en el sentido de garantizar su subsistencia , así como el acceso a salud, educación o vivienda, sino también lo relativo a apoyo psicológico.

Hasta ahora, la mayoría de las propuestas y programas establecidos en algunos estados del país plantean la necesidad de atender sólo a menores en orfandad por feminicidio, aunque no se especifica si se refieren únicamente a los casos que son clasificados bajo esa figura por las fiscalías o a todos los asesinatos de mujeres, incluidos los llamados homicidios dolosos, así como las desapariciones.

Sin embargo, poco se han abordado los casos de menores en orfandad de padre, que también requieren atención, sobre todo cuando la figura paterna era la única fuente de ingresos para la familia. Por lo tanto, a estas alturas resulta indispensable la implementación de un programa general,coordinado desde el gobierno federal, a favor de toda la población menor de edad que ha sido víctima indirecta de la violencia, para que su atención no dependa sólo de esfuerzos aislados en algunos estados.

Actualmente existen en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al menos dos iniciativas presentadas durante 2024 que promueven que el Estado mexicano se responsabilice de atender a menores en la orfandad por feminicidio, presentadas por las diputadas Ana Isabel González González y Eufrosina Cruz Mendoza.

En su iniciativa, la diputada Ana Isabel González subrayóque en un país donde la violencia de género cobra la vida de tantas mujeres, “es responsabilidad moral y legal proteger y apoyar a quienes quedan en vulnerabilidad luego de actos tan atroces”.

En México, advirtió, la situación de orfandad por feminicidio es alarmante, pues datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) confirman que, entre abril de 2018 y marzo de 2021, se documentaron más de cinco mil menores que quedaron huérfanos debido a feminicidios.

Y a pesar de que el 4 de agosto de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se expide el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, “la atención es casi nula o a medias”.

Planteó que para las hijas e hijos o personas que dependan de la víctima de feminicidio el Estado deberá garantizar el acceso a apoyos educativos que incluyan becas y programas de tutoría y asegurar que puedan continuar su educación sin interrupciones, además de ayudas económicas mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda.

El Estado también debe brindar servicios jurídicos, médicos con cobertura integral de salud y atención psicológica especializada de manera gratuita, para la recuperación de las víctimas indirectas de feminicidio, con apoyo de las diferentes instituciones públicas de manera permanente y garantizar con ello su derecho a la salud física y psicológica y el acceso a la verdad y a la justicia, añadió.

A su vez, la diputada Eufrosina Cruz planteó reformar el artículo 29 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que el Sistema Nacional DIF cuente con un padrón de información y registro permanentemente actualizado, que deberá incluir información de menores cuya situación jurídica sea de orfandad como consecuencia del feminicidio de la madre.

La iniciativa expone que datos de ONU Mujeres señalan que 10 mujeres son asesinadas cada 24 horas, es decir 3 mil 650 feminicidios al año, y que esta violencia deja tras de sí un número creciente de infantes en orfandad, quienes “enfrentan un futuro incierto, marcado por el trauma emocional, la desprotección y la vulnerabilidad ante la violencia y la pobreza, además de la exclusión, abandono escolar y dificultades de acceso a servicios básicos de salud y bienestar psicosocial”.

En este sentido, estimó necesario que las autoridades tengan un registro de la cantidad, identidad, edad, grado escolar, quién se quedó a su cuidado, si reciben atención médica y psicológica, pues “de lo contrario son víctimas invisibles del feminicidio, porque si no son identificados significa que no reciben ayuda, aun cuando muchos de ellos han sido testigos del asesinato de sus madres”.

Añade que la falta de datos exactos respecto a las niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas del feminicidio, “es una de las urgencias que debe resolver la autoridad para garantizar la reparación del daño”.

Si bien hay estados donde se han aplicado programas encaminados a atender a la niñez en orfandad por la violencia, no existe en todos los estados y falta una articulación nacional de estas políticas. En el caso de Colima, quien esto escribe realizó en 2022 un reportaje sobre esta situación y el resultado fue que ni siquiera existía un registro de menores víctimas indirectas de la violencia.

Por la importancia y la urgencia que reviste esta situación, valdría la pena que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reuniera todas las propuestas y realizara una consulta para construir de manera consensuada un instrumento legislativo que dé certeza a la atención de este sector altamente vulnerable, considerando la inclusión de toda la población menor que haya perdido a su madre o a su padre a causa de la violencia en general, no sólo en los casos de feminicidio.