Es tiempo de exigir la renuncia de las autoridades en Colima

A tres años del inicio de la actual administración en Colima, el balance en materia de seguridad es desastroso. La responsabilidad recae directamente sobre tres figuras clave: la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, el Secretario de Seguridad Pública Héctor Castillo Báez, y el Fiscal General Bryant Alejandro García Ramírez. Ellos, quienes debieron erigirse como garantes de la paz y la justicia en nuestro estado, han dejado un legado de dolor, inseguridad y, sobre todo, impunidad.

Colima, en el primer lugar de homicidios dolosos a nivel nacional, enfrenta una realidad aterradora: la conurbación Colima-Villa de Álvarez ha sido señalada como una de las zonas más violentas del mundo. Las cifras reflejan algo más profundo que estadísticas; son familias destrozadas, comunidades aterradas y una sociedad al borde del colapso por la violencia imparable. La Fiscalía, dirigida por García Ramírez, parece cada vez más distante de cumplir con su función de procurar justicia: apenas un 2% de efectividad, lo que implica que el 98% de los crímenes que se cometen quedan impunes. Este dato no es solo un porcentaje, sino el reflejo de un sistema que, simplemente, no funciona.

Como si esto fuera poco, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Castillo Báez, parece incapaz de contener la ola criminal que azota al estado. Los colimenses vivimos a merced de organizaciones criminales que operan con total libertad: robos de autos, secuestros, extorsiones, y el tráfico de drogas se han vuelto parte de la vida diaria. El abandono y la indefensión son palpables, y lo peor es que parece no haber voluntad para cambiar este sombrío panorama.

Pero quizá lo más preocupante sea la actitud de la propia gobernadora, Indira Vizcaíno Silva. Al delegar los temas de seguridad al vocero de la mesa de paz y rehuir el abordaje directo de estos problemas, deja a los ciudadanos con preguntas sin respuesta, con un vacío de autoridad que, en una situación tan grave, resulta insostenible. La falta de liderazgo y de compromiso es evidente, y esa omisión en el ejercicio de sus funciones también es una forma de violencia hacia quienes habitamos en este estado.

Y cuando creíamos que no podía empeorar, ayer Colima recibió un golpe más. Una reportera fue asesinada en su propio negocio. La respuesta del fiscal fue una muestra clara de cómo el sistema ha fallado: en lugar de investigar con rigor, se emitió un comunicado revelando información privada de la víctima, señalando presuntos vínculos de su entorno con el narcotráfico. Este acto de revictimización no solo viola el debido proceso, sino que desvía la atención de la responsabilidad que tiene el estado en la protección de sus ciudadanos, independientemente de su contexto. La memoria de la reportera, quien dedicó más de diez años al periodismo, merece respeto, no una estrategia para justificar la permanencia del fiscal en su cargo.

Basta ya de padecer el mal desempeño de estos tres elementos. Exijo la renuncia de estos funcionarios que, con su incapacidad, han abonado al deterioro de nuestra seguridad y al crecimiento del miedo en nuestra sociedad. Nuestra Constitución establece que, cuando un funcionario público falla en su deber, tenemos el derecho de pedir su remoción. Este es el momento de hacerlo.

Indira Vizcaíno Silva, Bryant Alejandro García Ramírez y Héctor Castillo: Colima no puede esperar más. Sus funciones no solo han sido ineficientes, sino que, con sus acciones y omisiones, han contribuido al dolor y la desesperanza de nuestra gente. Es hora de que den un paso al costado y permitan que otros, con el compromiso real de servir, tomen las riendas en esta ardua lucha.