Un candidato del narco queda fuera y surge el Partido del Poder Judicial

Columna

El Puercoespín

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló la candidatura plurinominal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas,a la Cámara de Diputados por estar prófugo de la justicia; ahora el PAN deberáregistrar a un nuevo candidato en la posición uno de la lista de representación proporcional de la segunda circunscripción.

Por mayoría de votos, los magistrados aprobaron el proyecto de la magistrada Janine Otáloraen el que concluyó que García Cabeza de Vaca no es elegible para una diputación federal por tener sus derechos político-electorales suspendidos, derivado de tener dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tal y como denunció Morena en la impugnación que presentó contra el registro del ex mandatario.

Cabe recordar que la derecha y sus partidos siempre negaron que tuviera las órdenes de aprehensión y sistemáticamente defendieron a un criminal. Hoy un tribunal los desmiente y los evidencia como solapadores.

Con negativa de la Sala Superior del TEPJE el narcotráfico se queda sin un candidato clave para seguir promoviendo y fortaleciendo la alianza del narcotráfico y miembros del Estado mexicano para fortalecer al crimen organizado.

Sin embargo, dejaron un cabo suelto al dar luz verde a la candidatura de Ricardo Anaya y al ocupar éste el tercer lugar en la lista de plurinominales tiene prácticamente asegurada la senaduría, pues en 2018 al PAN le correspondieron seis senadurías pluris, tres para hombres y tres para mujeres, al obtener el 17 por ciento de la votación de 2018, por lo que aun si el partido obtiene una votación menor el excandidato presidencial llegará a la Cámara Alta.

La decisión no es menor porque indica que todavía hay esperanza para contener al crimen organizado. La eliminación de la candidatura de García Cabeza de Vaca da oxígeno a la aplicación de la justicia y la lucha contra la impunidad. Todavía hay esperanza, los criminales no tiene tanta cancha ancha para seguir protegidos y ocupar altos puestos de la administración pública.

Paradójicamente la aprobación de la candidatura de Ricardo Anaya va en contra sentido de cerrarle el paso a los corruptos y mantiene viva la tendencia de los cuerpos judiciales de abrirles el camino a los miembros de la sociedad política ligados al crimen organizado.

Nace el Partido del Poder Judicial

El pasado nueve de abril, la ministra Piña recibió una denuncia anónima en contra de Arturo Zaldívar y otros integrantes del PJF por conductas como vulnerar la autonomía e independencia de dicho poder; violencia sexual; falta de profesionalismo; enriquecimiento ilícito; cohecho; abuso de funciones y desvío de recursos.

Esto, al considerar que durante su gestión al frente del PJF, Zaldívar y sus ex colaboradores se confabularon para favorecer “intereses personales y de terceros” mediante la utilización de la estructura organizacional de dicho poder.

Esta acusación anónima que usa la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apunta hacia una facción de integrantes del Poder Judicial y los vicios que señala son una carta descriptiva, pero de todo el Poder Judicial.

Desde mi punto de vista la “acusación anónima” es un balazo en el pie que se da la SCJN.

Lo interesante es que los asuntos que suceden en el Poder Judicial cada día se están haciendo más públicos y está destapándose el mundo corrupto de un poder acostumbrado a mantener en secreto, todo un mundo de corrupción bajo las alcantarillas. Muy pronto nos vamos a asombrar de los niveles de corrupción de una mafia impresionante que habita el Poder Judicial.

Con la llegada de Piña a la presidencia de la SCJN se instalaron en puestos clave los miembros operadores de la Secretaría de Seguridad dirigida por García Luna. El instituto de la defensoría de oficio fue tomado por uno de sus miembros, la administración del Consejo de la Judicatura también fue tomada por los capitanes de los narcos integrados antes con García Luna.

A la colonización de los puestos clave de la SCJN por parte de miembros del crimen organizado le siguieron las decisiones de los jueces verdaderamente descaradas a favor del crimen organizado: las cuentas de la esposa de García Luna fueron desbloqueadas, Rosario Robles liberada, Emilio Lozoya también fue liberado y las leyes como la energética, entre otras, que pretendían separar al poder político del poder económico fueron anuladas con el sentido estrictamente dirigido para imponerse como un super Poder por encima de los otros dos poderes.

Lo cierto es que el INE (Instituto Nacional Electoral) terminó por diluirse y no funcionar como ellos tenían pensado que operara a favor de la candidatura de Xóchitl, el árbitro electoral convertido en un gran partido rosa a favor de la derecha terminó por ser ineficaz.

Ante la ineficacia del INE llega el gran relevo, el Partido del Poder Judicial.

Las acusaciones de Piña contra Zaldívar en la realidad es la declaración de principios del nuevo partido de la derecha ultraconservadora, el Partido del Poder Judicial.

La catástrofe de Xóchitl recibe un nuevo órgano que sale en su auxilio, su baluarte: el Partido del Poder Judicial.  

La intromisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso electoral es una gran provocación contra el orden legal en particular y específicamente quiere convertirse en el gran elector.

 El Poder Judicial acaba de informarnos que la derecha está derrotada en el terreno electoral y nos amenaza con un golpe de Estado blando por parte de los jueces.

Los electores del próximo dos de junio tendrán la palabra y definirán si dejan prosperar al corrupto Poder Judicial comandado por Norma Piña, alfil de Claudio X. González.