En días recientes, el diputado morenista Rubén Romo ha llevado a cabo una serie de declaraciones destinadas a desacreditar la gestión de su excompañera de partido, Griselda Martínez Martínez, en la alcaldía de Manzanillo. Sin reparo alguno, Romo parece estar llevando a cabo, de manera oficiosa o por solicitud de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, una campaña de desprestigio contra Martínez. Por lo que precisaré algunas de las afirmaciones infundadas del diputado.
Primero, Romo alega que hay 300 observaciones en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 del Ayuntamiento de Manzanillo, mientras que el Gobierno del Estado tiene más de 900 observaciones. No obstante, es importante destacar que las auditorías no deben ser motivo de temor, sino oportunidades para mejorar los procesos administrativos. Ninguna de las observaciones en Manzanillo constituye una falta administrativa grave, y todas pueden contribuir a optimizar la administración municipal.
En cuanto a la transparencia, Romo miente al afirmar que hay opacidad en la gestión de Martínez. La administración municipal ha sido constantemente reconocida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL) y el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), así como por las solicitudes ciudadanas de transparencia. Los estados financieros reflejan orden y transparencia en las operaciones contables.
Otra falsedad del diputado es la supuesta contratación de créditos por parte de la administración municipal desde 2018. La realidad es que no se ha contratado ningún tipo de crédito, y se han pagado dos créditos provenientes del año 2008, durante el mandato de Virgilio Mendoza. Los recursos necesarios para cubrir los adeudos a corto plazo están disponibles.
Romo también tergiversa la información sobre los boletos de avión, atribuyéndolos a festivales y eventos artísticos y culturales en el municipio. Todos los gastos están debidamente comprobados, y cualquier falta se descuenta del sueldo de los responsables.
El diputado continúa mintiendo al hablar de la baja de patrimonio municipal, un error contable de 2012 que se pretendía corregir. En 2021, la administración de Martínez registró bienes muebles e inmuebles por 1 mil 165 millones de pesos, que nunca antes habían sido contabilizados por administraciones pasadas.
En cuanto al cumplimiento de obligaciones fiscales, Romo demuestra su desconocimiento al acusar impago. Manzanillo cumple al 100% con las obligaciones al IPECOL, y los registros contables que por ley se pagan al siguiente mes son totalmente transparentes.
En conclusión, no hay desfalcos ni corrupción en la gestión de Griselda Martínez. Lo que sí queda evidente es la ignorancia del diputado Romo, quien parece no estar preparado para el cargo que ocupa ni dispuesto a adquirir la formación necesaria. Sus declaraciones reflejan más su propia incompetencia que cualquier fallo en la administración municipal de Manzanillo.