Infiltración criminal en policías de Manzanillo exhibe límites de controles de confianza

Colima, México, Avanzada (16/04/2026).- La detención de ocho policías municipales de Manzanillo por presuntos vínculos con el crimen organizado evidenció limitaciones en los mecanismos de control y supervisión de las corporaciones de seguridad, luego de que los elementos señalados contaban con varios años de servicio dentro de la institución.

El fiscal general del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, informó que las detenciones derivaron de una investigación iniciada tras el homicidio del exsecretario del Ayuntamiento de Manzanillo, Alfredo Chávez, ocurrido el 14 de febrero de 2024.

Como parte de las indagatorias, se ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia Santa Amalia, en la ciudad de Colima, donde fueron asegurados dispositivos móviles que, tras autorización judicial, permitieron obtener información clave.

De acuerdo con el fiscal, el análisis de los equipos reveló la existencia de una red de comunicación utilizada por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y colaboradores, quienes empleaban aplicaciones de mensajería cifrada para compartir información en tiempo real sobre operativos, detenciones y movimientos de corporaciones de seguridad.

En ese esquema, se identificó un grupo denominado “Reportes”, en el que se difundían datos sensibles cuya naturaleza, señaló, implicaba necesariamente su origen en instituciones de seguridad y justicia.

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía estableció la probable participación de ocho policías municipales en activo, quienes presuntamente facilitaban información estratégica y apoyo logístico a dicha organización delictiva, particularmente durante diciembre de 2023.

Los elementos detenidos contaban con antigüedades que superaban en algunos casos los 20 años de servicio, lo que, de acuerdo con la información oficial, implica que habían cumplido en su momento con los requisitos de evaluación para su ingreso y permanencia.

Sobre este punto, el fiscal precisó que los exámenes de control y confianza no son responsabilidad directa de la Fiscalía, sino del Centro de Control y Evaluación (C3), instancia encargada de aplicar pruebas como evaluaciones psicológicas, socioeconómicas y antidopaje a los integrantes de las corporaciones.

Indicó que dichos controles son obligatorios y que el personal que no los aprueba no puede ingresar o debe ser separado de sus funciones; sin embargo, la detección de esta red se dio a partir de labores de inteligencia derivadas de una investigación penal.

El Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión por los delitos de uso indebido de información sobre actividades de seguridad pública y asociación delictuosa, las cuales fueron cumplimentadas con apoyo de fuerzas estatales y federales.

Los detenidos fueron ingresados al Centro de Reinserción Social de Manzanillo, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo del proceso correspondiente.

La Fiscalía estatal informó que continuará con las investigaciones y dará seguimiento al caso conforme avancen las etapas procesales.