Suprema Corte revisará actuación del Legislativo y Ejecutivo en Colima

Estricto Derecho

En sus próximas sesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará varias decisiones de los poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro estado. En primer término, bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien no suele ser precisamente muy condescendiente con el oficialismo, se pronunciará respecto de las controversias constitucionales 244/2023, 195/2023, 125/2023 y 177/2023, promovidas por los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Colima y Cuauhtémoc, respectivamente, en contra de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2022. Este ordenamiento legal fue severamente cuestionado, con argumentos jurídicos bastante sólidos, así que seguramente habrá malas noticias para el Legislativo estatal.

Luego, tenemos un segundo tema igual de importante, relativo a la acción de inconstitucionalidad 85/2022 y sus acumuladas 96/2022 y 100/2022, que fueron presentadas en su momento por el INFOCOL, que es el instituto de transparencia estatal; por el INAI, que es el instituto de transparencia en el ámbito nacional; y por diversos diputados integrantes de la actual legislatura, demandando todos ellos la invalidez de la modificación de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública de nuestra entidad federativa, publicada en el Periódico Oficial el 11 de junio de 2022.

Estas acciones de inconstitucionalidad se resolverán junto con la controversia constitucional 123/2022, promovida también por el INFOCOL, y en todos estos medios de control constitucional se demanda que la Suprema Corte declare inválida la reforma legal a modo de la citada ley de transparencia que hizo el Congreso local, bajo control de Morena y sus aliados, con la intención de colocar en dicho instituto a personajes cercanos a la actual gobernadora. Cabe recordar que, en su momento, se concedió la suspensión para que el procedimiento de designación respectivo no continuara, de ahí que esté paralizado, por lo que urge que el Máximo Tribunal tome una decisión en este caso, porque el pleno del INFOCOL solamente cuenta con uno de sus tres titulares.

Todas estas impugnaciones en contra de la reforma a la ley de transparencia estatal están bajo la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien hace unos días, al resolver un juicio de amparo en la Segunda Sala, echó abajo con su voto de calidad la ley de la industria eléctrica que tanto había añorado el presidente López Obrador, así que en este rubro tampoco se auguran buenas noticias para Indira Vizcaíno y sus legisladores afines. Sin embargo, esperemos que pronto pueda darse una solución de fondo al problema, porque el INFOCOL se quedará sin titulares en junio de este año.

Por último, tenemos la revocación de mandato, un tema de gran interés para la ciudadanía colimense. Al respecto, la Suprema Corte tiene pendiente de resolver, en su Segunda Sala, la acción de inconstitucionalidad 130/2022, promovida por nueve legisladores locales, en septiembre de 2022, misma que en su momento fuera turnada a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, donde fue motivo de controversia, porque una de sus promoventes, la diputada Priscila García, le ganó la conveniencia y fue a querer decir que mejor ya no quería impugnar, pero le contestaron que legalmente no era posible que se desistiera, por lo que continuó el trámite.

Lo último que hay de la acción de inconstitucionalidad relativa a la revocación de mandato es un acuerdo de fecha nueve de mayo de 2023, mediante el cual la Ministra ponente ordenó que se elaborara el proyecto de sentencia correspondiente, mismo que sería discutido en la sesión del 14 de junio del año pasado. Sin embargo, el proyecto fue retirado del orden del día, indicándose que sería discutido en la sesión del 21 de junio del mismo año, lo que tampoco sucedió, quedando aplazado de manera indefinida. Desde entonces, nueve meses después, seguimos sin tener una decisión.

En este retraso también influyó la renuncia del Ministro Arturo Zaldívar, quien dejó su lugar en la Primera Sala, el cual fue ocupado por la Ministra Loretta Ortiz, quien pidió su cambio de adscripción, dejando en la orfandad jurisdiccional los asuntos que tenía asignados en la Segunda Sala, entre ellos el de la revocación de mandato. Y así estuvieron hasta la designación de la ministra Lenia Batres, quien ahora ocupa el lugar de Loretta Ortiz en la Segunda Sala, pero tampoco ha tenido tiempo de presentar el proyecto respectivo, por lo que amablemente le pedimos a los representantes comunes de estos legisladores, los diputados Héctor Magaña y Crispín Guerra, que nos hagan el favor a todos los colimenses de solicitar que ya se dicte sentencia en este caso que tanto nos interesa.

Preparémonos para ver cómo la Suprema Corte, en las próximas semanas, le corrige la plana a la Gobernadora y a la mayoría oficialista que tiene bajo su control al Congreso del Estado. Así ha sido en ocasiones anteriores, y en estos casos que hemos mencionado no será diferente; lo más probable es que el Máximo Tribunal anulará estas modificaciones legislativas, por ser reformas que se hicieron a modo, vulnerando nuestro estado de derecho, con la intención de favorecer los intereses particulares de quienes detentan actualmente el poder. Es cuánto.

OTROSÍ 1: Que nadie se confunda. Martha Zepeda es la Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo. El juez de control la había suspendido temporalmente, y esa medida cautelar quedó sin efecto por la decisión del Magistrado Miguel García de la Mora. Desde el momento que se dictó sentencia en el recurso de apelación, de manera instantánea, Martha Zepeda dejó de estar suspendida en el ejercicio de su cargo. Dicho en otras palabras, la suspensión concedida al Síndico Municipal en su intento de amparo directo ya no tenía nada qué suspender.

OTROSÍ 2: Ya fue impugnado el acuerdo emitido por la Gobernadora para evaluar a las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. El Juzgado Tercero de Distrito admitió a trámite un juicio de amparo promovido por el magistrado Sergio Marcelino Bravo y la magistrada Leticia Chávez Ponce, bajo el número de expediente 208/2024 de su índice, pero les negó la suspensión que solicitaron, así que este inconstitucional procedimiento seguirá su curso. Ojalá que los magistrados inconformes se pongan las pilas e interpongan el correspondiente recurso, porque la Gobernadora tiene toda la intención de removerlos.

OTROSÍ 3: La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, por unanimidad, la resolución de la Sala Regional Especializada que había determinado la existencia de violencia política en razón de género por parte de la periodista Denise Dresser, en contra de la diputada federal Andrea Chávez, de Morena. La máxima instancia jurisdiccional en el ámbito electoral determinó que las expresiones denunciadas se encuentran tuteladas en el ejercicio de los derechos de la libertad de expresión y libertad periodística, porque se trató de una crítica severa sobre un tema público y de interés general, como lo fue la supuesta utilización de recursos públicos por el uso de un avión del gobierno federal. Ojalá lo entiendan quienes creen que la política se trata solamente de tomarse fotos, actuar frívolamente, utilizar indebidamente recursos públicos y publicar bobadas.