Malas Compañías
Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.
La impunidad es fuente y origen de muchos de los grandes males de nuestro país; en el dejar pasar que se ha institucionalizado y enraizado en la gobernanza germinan nocivas prácticas cotidianas en la vida pública, como la corrupción, la deshonestidad, la proclividad a la tranza y el cochupo.
Uno de los fracasos más evidentes de los gobiernos de la Cuarta Transformación es la erradicación de dicha práctica, por el contrario, tal parece que hoy más que nunca los miembros de la casta política tienen licencia para torcer la ley sin rendirle cuentas a nadie.
Los casos de Guadalupe Taddei y Ruben Rocha Moya, expresidenta del INE y gobernador con licencia de Sinaloa, respectivamente, son emblemáticos, pues por sus dimensiones ejemplifican la falta de una política de Estado que sancione con rigor los casos de corrupción.
La protección otorgada desde los más altos niveles del gobierno a esos dos personajes no es casualidad, sugiere un modus operandi que preocupa, toda vez que se convierte en ejemplo de actuación para toda clase de funcionarios, quienes asumen que pueden hacer de todo sin que pase nada.
En el caso de Guadalupe Taddei, a lo mucho perdió su cargo, pero ante la rotunda evidencia de las irregularidades cometidas no ha sido requerida por alguna autoridad, ni judicial ni administrativa. Es más, ni siquiera se tiene noticia de su paradero.
Lo mismo sucede con Rubén Rocha, señalado por autoridades norteamericanas como responsable de proteger al crimen organizado en el estado que gobernó. A la fecha, el político morenista tampoco ha comparecido frente a las autoridades y goza del absoluto respaldo oficial.
En ambos casos, la propia presidenta Claudia Sheinbaum se ha encargado de asumir la defensa de los casos; la exconsejera del INE fue defenestrada públicamente, pero no hubo un compromiso de sancionarla y menos acciones concretas en ese sentido. Se pretendió desviar la atención a otros personajes, en su mayoría adversarios de la cúpula gobernante.
Mientras que, en el caso del exmandatario sinaloense, desde la presidencia se generó toda una estrategia gubernamental que colocó a la soberanía nacional como el dique contra la persecución de políticos corruptos. A partir de ese momento y ante cualquier señalamiento desde el vecino país, se esgrime la bandera nacionalista.
No son casualidades sino formas de entender el poder, aunque esta proclividad a la protección de los funcionarios deshonestos, le cueste al régimen morenista su prestigio y lo ponga al mismo nivel que a sus antecesores priistas y panistas. No hay diferencia.
Que esta defensa de funcionarios señalados por actos de corrupción la asuma directamente la presidenta Claudia Shenbaum sugiere algo muy grave: la impunidad es política de Estado. Es decir, se colige que este gobierno no está dispuesto a romper con las cadenas de corrupción que durante años han generado el expolio de los recursos públicos.
Pero, además, la reticencia que muestra la más alta autoridad del país a sancionar la corrupción es ejemplo que cunde, norma que se replica en las entidades e incluso, estándar de actuación que permea a la sociedad, justo en momentos de una profunda descomposición del tejido colectivo.
En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha entendido perfectamente el mensaje. Públicamente golpea y exhibe a su antecesor Ignacio Peralta Sánchez, por el otro le garantiza impunidad, al dejar que los expedientes judiciales prescriban o se congelen en la Fiscalía Anticorrupción.
Leoncio Morán, flamante morenista tras formar parte del conservadurismo local; y el extesorero estatal Carlos Noriega García, complementan el cuadro de personajes que disfrutan la repetición de los viejos esquemas de protección a funcionarios deshonestos.
La propia mandataria colimense es beneficiaria de esa inmunidad tácita que gozan los miembros de la casta política, al librar sin problema las serias acusaciones que recibió luego canjear un terreno de alta plusvalía en el fraccionamiento Altozano a cambio de un predio rústico e intestado en Cuauhtémoc.
A final de cuentas, la impunidad los hermana a todos, independientemente de color o partido. No hay gobernante capaz de poner fin a ese nocivo pacto en el que caben todos, desde Taddei y Rocha, hasta Peralta, Locho y los que se agreguen este sexenio.
BREVE HISTORIA PARA CAMILA. El otro día circulaba con la princesa por la calle Carmen Serdán, en Villa de Álvarez. Le platiqué a la exinfantina que llevo 22 años transitando cotidianamente esa vialidad para dirigirme a la escuela donde laboro y en todo ese tiempo, jamás he visto una acción de mantenimiento por parte de las autoridades municipales. Suena increíble, pero es así. La calle está destrozada y en algunos tramos intransitable, como muchas otras de esa zona. La exmoconeta, con cara de cansancio me respondió que era muy temprano para quejarme. Yo me quedé en silencio mientras pensaba que a la responsable de la mejora de todas esas calles (la alcaldesa Esther Gutiérrez), ahora se la disputan varios partidos políticos, como si de verdad hubiera resultado muy eficiente para resolver los problemas de la población. Muy triste que este sea el nivel de nuestros políticos más “cotizados”, ¿cómo estarán los otros?