El informe de Indira: argucias y verdades a medias

Apenas dos largos e insufribles años han transcurrido del desgobierno de Indira Vizcaíno. Dos años que han sido más que suficientes para evidenciar que el cargo le quedó muy grande a la gobernadora y a su gente. No podemos tolerar que nos quieran hacer cuentas alegres y, por ello, señalaremos puntualmente los aspectos clave sobre los que debería informar.

De inicio, es imprescindible destacar el gravísimo fracaso en materia de seguridad. Que Indira nos explique: ¿por qué Colima es la ciudad más peligrosa del mundo? ¿Por qué todos los días padecemos homicidios, desapariciones, secuestros, robos en negocios, en casas habitación y a personas en la vía pública y, a últimas fechas, hasta incendios en bares, comercios, viviendas e incluso escuelas?

¿Por qué la gobernadora y su gabinete no son capaces de contener a la delincuencia para devolvernos la seguridad y la tranquilidad que tanto añoramos? ¿No pueden o no quieren? Porque de nada le ha servido a Colima su ‘excelente’ relación con el gobierno federal que tanto cacarea en los promocionales de su informe. La gente lo repite en todas partes: llegan y llegan a nuestro estado elementos de las fuerzas federales y, de todos modos, el crimen organizado sigue dominando a sus anchas en Colima. Explíquenos, gobernadora ¿por qué pasa eso?

En segundo lugar, es preciso que Indira nos hable del desastre que ha provocado en la administración pública estatal. Llenó las distintas oficinas con militantes de su partido y de otros que se le arrodillan, a quienes colocó en lugares que anteriormente ocupaban otras personas que eran un capital humano muy valioso, del cual prescindió por razones meramente electorales. Ahora tenemos un gobierno sumido en el caos, sin pies ni cabeza, que se sostiene gracias a los inestimables esfuerzos del personal sindicalizado.

Personal sindicalizado al que, cada vez que puede, Indira le escatima el reconocimiento y el disfrute de sus conquistas laborales. Para muestra, el eterno adeudo del gobierno estatal con el IPECOL. La gobernadora ha sido omisa en pagar, no solo el adeudo de anteriores administraciones, sino también las aportaciones correspondientes a su periodo. Solo por esa omisión, a ella y a su secretaria de finanzas se les debería fincar responsabilidad penal y administrativa. Es la misma conducta por la que tienen abierta una carpeta de investigación Nacho Peralta y Carlos Noriega. ¿Por qué con ellas no se procede igual? Por dos razones elementales: una, porque tanto el fiscal general como el fiscal anticorrupción le deben el puesto, y viven solo para cumplir sus órdenes; y dos, porque la fiscalía general está en la misma situación irregular y su titular no quiere que luego lo enjuicien penalmente por dicha conducta delictiva.  

Volviendo a la afectación a la burocracia, este lunes, su líder quiso presumir como un triunfo que, por fin, la titular del Ejecutivo y la secretaria de finanzas le firmaron un convenio de pago respecto del monto adeudado. Curiosamente, el convenio tiene que cumplirse antes de las elecciones del próximo año. Sin embargo, es un tema que todavía debe discutirse y, en su caso, aprobarse por el Consejo Directivo del IPECOL, y eso aún no sucede.

Me resulta difícil creer que chamaquearon a Martín Flores, pero de verdad no le hallo sentido a que la gobernadora supuestamente se comprometa, mediante la firma de un convenio, a cumplir una obligación que la ley le impone. ¿De verdad creen que Indira Vizcaíno les va a pagar? ¡Por favor! ¿Desde cuándo un convenio tiene mayor fuerza que una ley? ¿Por qué no se procede penal y administrativamente en contra de quienes deliberadamente omiten cumplir lo que prescribe la Ley de Pensiones? ¿Por qué validan esta farsa? La ley no se negocia, y menos cuando el futuro de miles de trabajadores y sus familias está en riesgo.

Y que quede claro que no es cuestión de dinero, ya que no podemos olvidar los incrementos salariales que hace tiempo se otorgaron la gobernadora y su círculo cercano, como si lo merecieran, cuando ni siquiera desquitan el sueldo que se les paga. Máxime si se tiene en cuenta que, en apenas dos años de su periodo, la gobernadora ya ha pedido préstamos por casi 700 millones de pesos, que nadie sabe en qué se los gastó. Así que no hay razón para que Indira y su secretaria de finanzas sigan delinquiendo impunemente: tienen que cumplir lo que dice la ley y, si insisten en no hacerlo, debe procederse legalmente contra ellas y contra cualquiera que sea su cómplice o las encubra.

Otro tema sobre el que debería hablarnos la gobernadora, e incluso debería dedicarle un apartado especial, es de su desmedida ambición política, que la hace descuidar su labor como titular del Ejecutivo en Colima, al preferir realizar tareas electorales para su partido en otros lugares del país, o visitar asiduamente la ciudad de México, a ver si le otorgan otro cargo a mitad del sexenio, que le garantice impunidad en un futuro cercano, demostrando con ello que nuestro estado es lo que menos le importa. Y hay pruebas de ello: hasta la fecha, siguen esperando en un cajón las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por las reiteradas ocasiones en que la encontraron responsable de violentar la normatividad electoral.

Ese tipo de conductas son las que merecerían, por sí solas, que la gobernadora fuera sometida a un juicio político, mediante el cual el Congreso local la acusara y el Supremo Tribunal de Justicia la destituyera y la inhabilitara, por todas las veces que violó descaradamente tanto la Constitución federal como la local. Sin embargo, sus diputados serviles prefieren que luego se les finque responsabilidad a ellos por omisos, antes que sancionar a esta infractora, pues está más que demostrado que el juicio político en Colima únicamente sirve para perseguir opositores, aunque de pasada perjudiquen a políticos de otros partidos que habían estado colaborado con la gobernadora, lo que demuestra que también en el aspecto político el manejo del gobierno es pésimo.

Y así, si revisamos área por área, concluiremos con facilidad que el de Indira es un gobierno fallido: porque no solo ha fallado en lo que ya señalamos; también le ha fallado a los maestros; a los campesinos; a los transportistas; a los pacientes de las instituciones de salud; a los estudiantes; a los pueblos originarios; a los familiares de los desaparecidos; a los sindicatos; hasta a sus propias compañeras de partido, que han sido valientes para señalarle en su cara a la gobernadora sus errores garrafales, pero Indira ni se inmuta, porque ella es como Carlos Salinas: ‘ni las ve, ni las oye’.

Y el resultado es lapidario: las encuestas publicadas por los medios nacionales lo estuvieron señalando mes tras mes y, finalmente, en noviembre de 2023, para que celebre con ganas su segundo año de desgobierno, Indira Vizcaíno logró el premio por el que había estado trabajando arduamente: la peor gobernadora de México, el lugar 32 de 32. Lamentable, no por ella, ni por su séquito de incompetentes, sino por nosotros, por la población colimense, que hemos tenido que padecerlos todo este tiempo.

Ojalá Indira sintiera tantita vergüenza y, en un ataque de sinceridad, rindiera ante el Legislativo un informe que abordara estos temas que son del mayor interés de la sociedad. Quisiéramos que fuera un auténtico acto republicano, pero sabemos que nunca será así; la gobernadora tiene en la bolsa, como bien le enseñó su jefe Nacho Peralta, a una mayoría legislativa antinatural, conformada por personajes acomodaticios, que renunciaron a ejercer como representantes del pueblo, porque decidieron mejor convertirse en sus cortesanos.

Este grupo de diputados serviles no está dispuesto a exigirle cuentas a Indira, porque les ha comprado la voz y la conciencia y, en lugar de cuestionarla, están desde ahora más que dispuestos a replicar las argucias que diga en su informe, para después celebrar, junto con ella y su pandilla de rapaces estos dos años plagados de corrupción, de opacidad, de cinismo y, sobre todo, ¡de desvergüenza! OTROSÍ: Existe un tweet publicado por López Obrador en 2015, en el que pidió que nunca se permitiera el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, porque Morena debía ser faro de moralidad. Ahora, al remitir la terna para cubrir una vacante en la Suprema Corte, olvidó todo eso y propuso a tres militantes de Morena: Bertha María Alcalde Luján (hermana de la Secretaria de Gobernación e hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján Uranga), Lenia Batres Guadarrama (hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama) y María Estela Ríos González (su actual Consejera Jurídica). No cabe duda: el poder corrompe y siempre termina revelando la verdadera naturaleza de una persona.