Un Poder Legislativo que no fiscaliza

Columna
El puercoespín

El Poder Legislativo tradicionalmente ha tenido tres funciones básicas: legislar, fiscalizar y gestionar.

Sin embargo, el Congreso del Estado está pasando por una profunda crisis política y orgánica sin precedentes: no legisla -salvo lo indispensable para el funcionamiento orgánico de la administración pública-, mucho menos fiscaliza y la gestión está prácticamente en la parálisis. 

El periodo por el que está pasando el Poder Legislativo solo es comparable al de un club de incondicionales y serviles al Poder Ejecutivo, infantiles en sus conductas, negligentes e indolentes en sus tareas normadas en la ley orgánica.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima las Comisiones de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública; de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; y de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, deberán ser presididas por diputados pertenecientes a grupos parlamentarios de partidos políticos distintos al de la persona titular del Poder Ejecutivo. 

La realidad es muy triste, pues las diputadas que presiden estas importantes comisiones fiscalizadoras están ocupadas por diputadas del Congreso compradas por el Poder Ejecutivo: la de Hacienda la ocupa Hilda Lizette Moreno Ceballos, diputada que representa lo peor del PRI; la de Fiscalización Gubernamental está presidida por Evangelina Bustamante Morales, diputad del Partido del Trabajo, partido que se ha destacado por apoyar al partido en el poder, en su momento al PRI y ahora a Morena, es decir, apoyan la impunidad; y la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental la preside la diputada Priscila García Delgado, que renunció al PAN y actualmente  se ostenta como independiente.

En Congreso del Estado los miembros de la Banda de Bosque Real deberían de estar siendo investigados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Indira Vizcaíno, Arnoldo Vizcaíno Silva, Lupita Solís, Eduardo Jurado y Rosi Bayardo ya deberían estar bajo investigación, mínimamente; sin embargo, la diputada que debería estar encausando las investigaciones y las probables aplicaciones de sanciones administrativas o denuncias penales es una diputada que se vendió con Morena,

La presidenta de la Comisión Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, Priscila García Delgado, que, en su momento, integró el denominado Bloque Democrático de Colima, conformado por los diputados del PRI, PAN y PES, se pronunció en contra de la Ley de Revocación de Mandato, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados MC, PT, PANAL y PVEM, pues consideraron que la era inconstitucional.

La diputa Priscila García Delgado se les rajó a los del Bloque Democrático y retiró la firma de la impugnación (sin embargo, la impugnación sigue viva en la Suprema Corte) a cambio de que, a su marido, Francisco Rodríguez García, lo nombraran secretario de Desarrollo Económico.

La encargada de la lucha anticorrupción terminó comprada por Indira, la jefa de la Banda de Bosque Real.

No todo está perdido, pues los integrantes de las Comisiones podrán ser removidos por incumplimiento de sus funciones. Dicho incumplimiento podrá ser denunciado por uno de sus miembros o por un Grupo Parlamentario, a la Junta de Gobierno, que a través de su Presidente, lo pondrá a consideración del Pleno que deberá aprobarlo por mayoría absoluta, en la votación para remover a algún integrante de comisiones, claro, respetando el derecho de audiencia del miembro que pretende ser removido, debiendo el Pleno, en todo caso, nombrar a su sustituto con carácter temporal o definitivo.

La Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental también la integran Rubén Romo y Andrea Naranjo Alcaraz del partido Morena, de ellos no podemos esperar nada, su complicidad con la gobernadora cae en el servilismo más grotesco, además, Naranjo Alcaraz no paga sus impuestos ni de su casa ni de sus de sus empresas.

Crispín Guerra Cárdenas y Martha Fernanda Salazar Martínez, miembros del PAN e integrantes de la Comisión Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, son los únicos diputados, contrarios en ideas políticas a los miembros de la Banda de Bosque Real, que pudieran iniciar las investigaciones e integrar los expedientes para que la Comisión haga su trabajo, de acuerdo con la ley orgánica y la constitucional estatal.

Crispín Guerra Cárdenas y Martha Salazar tienen la obligación moral, ética y política de pedir la remoción de la diputa corrupta, Priscila García Delgado, para proceder contra los miembros corruptos del Poder Ejecutivo que están, tentativamente, incurriendo en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Es obvio que las promociones y acciones que hagan los diputados del PAN serán rechazadas por la mayoría de Morena y sus aliados, pero estos diputados tienen la obligación moral de realizar los procedimientos legales y políticos y, además, como mínimo, las denuncias ante la sociedad, pues el silencio no es opción. 

La oposición no debe callar, no debe dejar sin voz a los ciudadanos. Ante la nulificación del Poder Legislativo lo que queda es la denuncia para producir los juicios sociales, donde, seguramente, los políticos integrantes de la Banda de Bosque Real serán encontrados culpables.

El pueblo los condenará.

La Banda de Bosque Real podrán evadir los tribunales y las instituciones política, pero del juicio de la sociedad colimense no escaparán.