El proyecto de la derecha: restaurar el narco Estado

Columna

El puercoespín 

El 30 de mayo de 1984 asesinaron al periodista Manuel Buendía Tellezgirón por haber denunciado los nexos del narcotráfico con la Dirección Federal de Seguridad, entonces dirigida por Miguel Nazar Haro, tipo de una oscura historia de secuestros, extorsiones, torturas, desapariciones y vínculos con el narcotráfico. 

Esa fue la virtud de Manuel Buendía, haber denunciado los nexos entre el narcotráfico y el Estado mexicano. Desde entonces a la fecha era un secreto a voces la operación impune, en todo el territorio nacional, del narcotráfico con la complicidad de los sucesivos gobiernos de México.

Fue hasta el año 2023 cuando el gobierno de los Estados Unidos enjuició y condenó al más alto funcionario del gobierno mexicano por narcotráfico (entonces presidido por Felipe Calderón). En un juzgado de Nueva York, el mismo donde se enjuició al Chapo Guzmán, el próximo día uno de marzo de 2024 le será dictada sentencia a Genaro García Luna, algo que será histórico.

Desde las denuncias hechas por Buendía, desde la década de los ochenta, no se había sabido nada de altos funcionarios involucrados en el narcotráfico. 

Públicamente, desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el de Vicente Fox, los asuntos del narcotráfico eran asuntos entre los criminales, nada que ver con los funcionarios de Estado.

Cuando en el año 2000 Vicente Fox rompió con la hegemonía política del PRI se sobreentendió que las historias negras de vinculación de altos mandos del Estado y los criminales habían pasado a ser cosa de la Historia; sin embargo, al hacerse públicos datos de los archivos históricos de la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS) descubrimos, con asombró, que el general Rafael Macedo de la Concha (placa de agente número 482) fue miembro activo de la extinta y temida policía política del régimen priista, la Dirección Federal de Seguridad. 

Resulta que un militar, de “excelente reputación”, perteneció a la criminal organización, históricamente vinculada al narcotráfico, tal como lo puso en evidencia Manuel Buendía. Y ni Fox ni él fueron capaces de informar a la sociedad de sus antecedentes laborales. Mintió el general y mintió Fox al ocultar información a la sociedad mexicana. Ambos ocultaron la información intencionalmente. 

Además, Vicente Fox y el mismo general Macedo de la Concha siempre habían negado su participación en esa institución que tanto daño le hizo al país y, sobre todo, vinculada al crimen organizado. En otras palabras, Fox promovió a un miembro activo de la DFS, organización de asesinos profesionales al servicio del Estado y el crimen organizado para ocupar un alto puesto -tan delicado como el de procurador- en un gabinete democráticamente electo y sobre todo que representaba un cambio de régimen. 

Rafal Macedo de la Concha fue nombrado procurador de la República en tiempos de transición y de supuesto cambios donde el PRI pasaba a mejor vida. Todo lo contrario. Fox puso en un puesto tan delicado a un miembro de una organización de criminales asociados con el narcotráfico. Sobre Macedo de la Concha todavía correrá mucha tinta.

Entonces, hasta hoy, tenemos tres fechas criticas: 30 de mayo de 1984 cuando Buendía descubre los nexos de la DFS y el crimen organizado; 2000 Vicente Fox nombra a Rafael Macedo de la Concha como procurador General de la República, a un destacado miembro de la DFS, es decir, de una institución de criminales y; 2006 Felipe Calderón Hinojosa nombra secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, miembro activo del narcotráfico. 

Con la llegada de Amlo a la Presidencia se rompió con esta cadena de presencia de narcotraficantes en puestos de primer nivel del gobierno federal.

Sin embargo, sin ningún pudor, descaradamente, pero aun haciendo alarde de orgullo, los corruptos miembros del PAN, en particular, y el Frente Amplio por México, en general, se han atrevido a nombrar ahora a Francisco García Cabeza de Vaca como responsable de elaborar el proyecto de seguridad. 

A muchos ciudadanos, tanto de la izquierda como la derecha, sorprendió este movimiento, incluso, la mayoría la primera lectura que hicieron del anuncio es que se trataba de una broma, pues su sola promoción es un insulto a la inteligencia y honorabilidad de los ciudadanos mexicanos, pero no, se trataba de algo en serio.

La promoción de un sujeto que fue juzgado políticamente por el Congreso de la Unión y encontrado culpable de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y que solo fue salvado por el Congreso local de Tamaulipas dominado por sus incondicionales y avaladas sus decisiones locales por sus cómplices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, hoy en día, perseguido por la justicia, ya que, tiene giradas ordenes de aprehensión, pero para los cínicos miembros del Frente Amplio por México los tiene sin cuidado.

El mensaje de nombrar, hoy, a un narcotraficante en el equipo de campaña de su futura candidata a la presidencia es un mensaje para la oligarquía mexicana y a sus partidarios más ideologizados que les importa muy poco el país y solo están pensando en su enriquecimiento.

Su apuesta, con este nombramiento, es lanzar el mensaje claro para su núcleo más duro, de que todavía es posible reinstalar en Palacio Nacional la restauración de la república de sinvergüenzas, saqueadores y narcotraficantes.