Periodistas bajo riesgo en Colima

La agresión sufrida el domingo 15 de abril por Fátima Natalí Vázquez Garay y Jonathan López Corona, periodistas de Televisión Azteca Colima, durante la liberación de la caseta de peaje de Cuyutlán, constituye una evidencia más del riesgo permanente con el que se ejerce la labor periodística en el estado.

En la última década se ha configurado una larga lista de colegas que en el desempeño de nuestro oficio hemos sufrido diversidad de agravios como hostigamiento, detención arbitraria, amenazas de muerte, golpes, encañonamiento con arma de fuego, coacción para borrar imágenes, así como los casos de los periódicos que han sido objeto de boicots publicitarios con el propósito de ahogarlos económicamente como castigo por su línea editorial crítica.

A lo anterior se suman dos asesinatos que no han sido resueltos, porque a más de un año de ocurridos no se han aclarado los móviles y no se ha dado a conocer si hay detenidos. El primero de ellos fue contra el manzanillense Ignacio Miranda Muñoz —quien se asumía como periodista independiente y publicaba con frecuencia críticas sobre la inseguridad en su muro de Facebook—, y el segundo contra Carlos Alberto García Martínez, cronista deportivo radiofónico de Tecomán.

Por lo tanto, el ejercicio del periodismo en Colima se desarrolla bajo presiones y amenazas desde varios frentes: el gobierno del estado, corporaciones policiacas estatales, municipales, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Ejército, la Marina, la delincuencia organizada, golpeadores priistas, organismos electorales, partidos políticos y ahora también de una parte de los manifestantes de la caseta de Cuyutlán.

En este último caso, al poco tiempo de llegar a la caseta para realizar su trabajo periodístico, la reportera y el camarógrafo de Televisión Azteca fueron expulsados por un grupo de manifestantes que a gritos los rodearon, los acosaron y agredieron verbal y psicológicamente, además de que a ella le jalaron el pelo. Entre los argumentos de su rechazo señalaron que la empresa televisora ha atacado el movimiento sin concederles el derecho de réplica.

Minutos después de este hecho, la mayoría de representantes de medios de comunicación nos retiramos de la caseta en solidaridad con nuestros compañeros agraviados. Así mismo, sin ponernos de acuerdo, prácticamente todos redactamos nuestras notas destacando en primer lugar la agresión contra Fátima y Jonathan, además de mencionar brotes de hostigamiento previo que habían sufrido Bertha Reynoso, de Televisa, y Luis Alberto Rosales, de Contexto Colima.

El manejo de la información sobre el incidente molestó a muchos manifestantes. A través de las redes sociales algunos justificaron la agresión explicando que la gente está muy enojada contra Televisión Azteca; otros lanzaron insultos contra todos los medios y periodistas, acusándonos de habernos vendido con el gobierno y con la empresa concesionaria de la caseta; indicaron que no necesitan cobertura periodística para su movimiento; reprocharon que no se haya publicado con el mismo despliegue las agresiones sufridas por ellos mismos por parte de golpeadores en liberaciones previas de la caseta; negaron que haya existido agresión hacia los reporteros, a quienes “sólo se les invitó a retirarse”; redujeron todo a “un jaloncito” de pelo por parte de una mujer, a la que calificaron de “infiltrada” y “contratada” por el concesionario de la caseta; se burlaron de que la reportera haya llorado, lo que consideraron “un acto teatral”; afirmaron que ella provocó el hecho porque habría dicho que el cobro de la caseta era legal.

Desde mi punto de vista, la expulsión de la reportera y el camarógrafo de la caseta fue una innegable violación a los artículos 6º y 7º de la Constitución General de la República, que amparan los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa. No tiene que haber existido agresión física para hacer esto efectivo, basta con el acoso, hostigamiento y violencia verbal para obligarlos a retirarse. El hecho es que mediante la coacción se les impidió desarrollar su trabajo en un lugar público.

¿Quiénes lo hicieron? Estuve ahí desde el principio hasta el final de los hechos y me di cuenta de que en la agresión no participaron todos los manifestantes, pues incluso algunos de ellos protegieron a los periodistas junto con miembros del colectivo de derechos humanos Marabunta, cuya participación fue fundamental para evitar ataques físicos mayores.

Entre los agresores no reconocí a ningún activista de Colima. Sin que esto sea una postura chovinista, pienso que la mayoría podrían haber sido personas provenientes de organizaciones de otros estados que vinieron a apoyar el movimiento. A final de cuentas hay videos tomados desde diversos ángulos que pueden ayudar a esclarecer el asunto. Pero independientemente de quiénes hayan sido los autores materiales, la responsabilidad final (no culpa, aclaro) de lo sucedido es de los organizadores de la protesta, quienes tienen la obligación de tomar medidas y reglas de control para que no se desborden los ánimos.

Respecto de los argumentos en el sentido de que esto ocurrió porque la gente está molesta contra Televisión Azteca, que ha asumido una postura informativa desfavorable al movimiento, en primera instancia habría que plantear que si aspiramos a una sociedad libre, plural y democrática no es admisible vetar medios por estar en desacuerdo con sus orientaciones informativas. En segunda instancia, para los casos en que abusando de su libertad (por los motivos que sean: ideológicos, políticos, económicos, religiosos, etcétera) un periodista o un medio de comunicación atropella derechos de las personas (como lo señalan los manifestantes en el caso de la televisora), los agraviados tienen el derecho de proceder legalmente por daños y perjuicios, exigir reparación del daño y hacer efectivo el derecho de réplica. Si los canales legales no funcionan o no avanzan, pueden recurrir a denuncias públicas o cualquier otro tipo de acción de resistencia que no afecte derechos o que no implique agresiones contra nadie.

Lo que desde ninguna perspectiva me parece aceptable es que el grupo de manifestantes se haya ido en contra de dos periodistas cuyo único pecado es trabajar para la televisora. Daba pena ver cómo muchos de los acosadores se echaron encima de dos jóvenes que por sus edades podrían haber sido sus hijos. Es mentira la versión que circuló de que la reportera provocó la expulsión por haberles dicho a los manifestantes que es legal el cobro del paso por la caseta. Fátima fue mi alumna de Periodismo en la Universidad Vizcaya de las Américas, de la que egresó hace poco tiempo, y puedo avalar su profesionalismo y buena fe. Al llegar a la caseta, después de las 13:00 horas, ella se dirigió hacia mí para preguntarme si los organizadores ya habían emitido algún posicionamiento. Le comenté que habían ofrecido entrevistas en varios momentos y le señalé a uno de los líderes. Se disponía, junto con Jonathan, a ir a entrevistarlo, cuando empezaron los gritos y fuimos cercados por el grupo de manifestantes, con el desenlace conocido.

Es necesario que todos los sectores de la sociedad, gobernantes y gobernados, entiendan que las orientaciones editoriales de los medios de comunicación no son responsabilidad de los periodistas que ahí laboran. De hecho, por si algunos no lo saben, aún dentro de los medios con línea editorial gobiernista o adversa a movimientos sociales, hay compañeros reporteros que están convencidos de hacer un periodismo libre y en la medida de sus posibilidades luchan en el interior de sus redacciones para que se dé cabida a todas las voces de la sociedad.

Lo ocurrido con Fátima y Jonathan representa un agravio para todo el gremio periodístico, para todos los reporteros de a pie de Colima. En el actual contexto riesgoso y amenazante al que nos vemos sometidos durante el desarrollo de nuestro trabajo, no podemos permanecer indiferentes ante cada agresión que se genere contra cualquier colega.

Por esas razones, en lo personal consideré ineludible destacar y dar el mayor espacio en mi nota de ese día a la expulsión sufrida por los compañeros periodistas. Igual publiqué una nota con similar enfoque en mayo de 2012 cuando, en una visita del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, porros priistas disolvieron a golpes una manifestación de protesta y lesionaron a varios jóvenes manifestantes y a nuestro compañero fotógrafo Marcos Elizarrarás Mendoza. También, el año pasado la nota de una visita de Peña Nieto llevó como enfoque central la supuesta “broma” de elementos del Estado Mayor Presidencial que dijeron a un fotógrafo de Radiolevy que lo iban a desaparecer. Nos encontramos en medio de varios fuegos y no podemos (ni debemos) dejar pasar ningún incidente sin denunciarlo.

Fue importante que la misma tarde del domingo organizaciones gremiales y periodistas en lo individual hayan emitido pronunciamientos condenando los hechos, solidarizándose con los compañeros afectados. Posteriormente hicieron lo mismo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) y el Gobierno del Estado. (Lo único que me llama la atención es que este último se haya pronunciado tan rápido, pues en el caso del boicot publicitario contra Avanzada, ya se tardó un año y cuatro meses sin cumplir la recomendación de la CDHEC de establecer criterios claros y objetivos para la asignación de la publicidad oficial. Además, el gobierno estatal tampoco ha atendido las demandas de los periodistas de crear protocolos de seguridad para la cobertura de actos de violencia).

El suceso del domingo 15, la forma como fue cubierto por nosotros los reporteros y las reacciones de las personas afines a los manifestantes en las redes sociales, inevitablemente abrieron una brecha entre activistas y periodistas. Creo que esta situación no es conveniente para unos ni para otros, porque ambos nos necesitamos para el desarrollo de nuestras respectivas funciones. Los movimientos sociales precisan la participación de los periodistas para la información sobre sus acciones y los periodistas requerimos fuentes independientes del oficialismo para poder ofrecer una versión más amplia de la realidad. Sin embargo, para que esta relación sea sana, debe estar fundada en el respeto a la pluralidad de ideas, la tolerancia y la libertad. Si esta brecha persiste, quien saldrá perdiendo es la sociedad.

Después de lo ocurrido, lo menos que se espera de los organizadores de la liberación de la caseta es ofrecer una disculpa pública, clara y contundente, a Fátima y Jonathan en lo personal, que son quienes sufrieron directamente el agravio de la expulsión. El hecho de que los organizadores emitan la disculpa no quiere decir que ellos sean los culpables, pero sí estarían asumiendo la responsabilidad.

En los comunicados y declaraciones de representantes de diversos grupos hasta ahora sólo se ha observado el desacuerdo interno existente entre ellos, pues si bien algunos han condenado la agresión, no han emitido ninguna disculpa y se lavan las manos responsabilizando a otros grupos, hablando de “infiltrados”, o tratando de descargar todo sobre una “culpable solitaria”: la mujer que jaló el cabello a la reportera. La única disculpa que he visto hasta ahora es la que uno de los grupos ofreció al diputado Luis Ladino Ochoa, a quien trataron de expulsar, pero finalmente permaneció un rato más y se retiró más tarde.

Otro aspecto muy importante es que frente al descontrol de manifestantes observado el domingo 15, ante la animadversión creciente de los últimos días contra la prensa y la descoordinación que hay entre los diferentes grupos que convocan las movilizaciones, resulta altamente riesgoso para la seguridad de los periodistas acudir a cubrir la siguiente liberación de la caseta. ¿De qué manera se va a garantizar la integridad personal de los representantes de los medios de comunicación si alguno o alguno de los manifestantes se salen de control?

Por lo tanto, sin que esto tenga que asumirse como una represalia o una venganza del gremio periodístico, considero razonable que (para que haya condiciones de una cobertura segura), los representantes de todas las organizaciones implicadas en la liberación de la caseta ofrezcan la disculpa pública y a la vez expliquen qué mecanismos se seguirían para garantizar la seguridad de todos los periodistas que decidan acudir a ese lugar público, sin prohibir el acceso de antemano a nadie.

Indudablemente, este suceso tiene muchas aristas desde donde se pueden obtener muchos aprendizajes. Uno de ellos tiene que ver con el diseño de medidas de seguridad que deben tomar las organizaciones para evitar que se desborden los ánimos durante las manifestaciones de este tipo, mientras que el otro compete a los protocolos que los propios periodistas debemos establecer entre nosotros para reducir la vulnerabilidad en la cobertura de protestas sociales, lo que en Colima ya deben ser visto como escenario de alto riesgo. No esperemos a que ocurra algún hecho lamentable.