Corrupción, asignatura pendiente

Escrito por Saúl Martínez González.

Acabar con la corrupción ha sido la principal bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su mandato y hacia ese objetivo se ha orientado gran parte de sus esfuerzos y acciones desde el gobierno federal. A cuatro años de su administración existen evidencias y voluntad férrea para continuar erradicando este cáncer social, que es peor que la pandemia.

Sin embargo, muchos de sus colaboradores, de extracción priista, no han entendido la importancia que tiene en la vida nacional y sus efectos perniciosos que provocan en toda la sociedad, que además se multiplica como efecto dominó, pues es una forma muy fácil de adquirir fortuna y privilegios.

En el caso de Colima, donde a pesar de grandes evidencias de corrupción en el gobierno anterior, la gobernadora como Carlos Salinas de Gortari “ ni los oigo, ni los veo”. Sólo existe una razón para no tener la voluntad de combatir la corrupción, de quienes pueden hacerlo y no lo hacen: es porque no tienen autoridad moral para hacerlo o traducido en términos coloquiales, “tienen cola que les pisen”.

Han transcurrido diez meses del nuevo gobierno local, encabezados por un nuevo partido político que -en teoría- enarbola los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T y es evidente que no existe la mínima intensión, no sólo de combatir la corrupción, sino de sancionar a quienes han cometido actos vergonzosos, fraudulentos y reprobables de corrupción en “nuestra Colima”.

Los diputados de la Legislatura pasada inmediata, aprobaron, injustificadamente, préstamos millonarios al ex gobernador Ignacio Peralta, que terminó humillándose, pidiendo el apoyo del presidente de la republica López Obrador, para pagar la nomina de los trabajadores del gobierno del estado. Los que dirigen el gobierno actual se olvidaron que forman parte de esta corrupción, por complicidad y ahora son premiados con cargos de primer nivel en el gobierno actual, incluso son reconocidos dirigentes estatales de MORENA.

El nuevo fiscal anticorrupción en Colima, nombrado en esta administración, no ha informado de los avances de las demandas de corrupción contra funcionarios del gobierno anterior. Cuando tomó posesión del cargo, declaró que existían mas de 600 denuncias o carpetas de investigación y sólo se habían resuelto 18, entre estos casos resueltos fue la exoneración de la gobernadora por el presunto fraude en ALTOZANO. Por si esto fuera poco, quien dirigía el Sistema Estatal Anticorrupción en el estado y cómplice de estos desvíos del gobierno anterior, ahora se desempeña en la Contraloría del gobierno actual.

Pero esto no parece importarle a la gobernadora en lo mas mínimo, los casos de corrupción en la Secretaría de Educación y Cultura, se cuentan en racimos y se encubren, permitiéndose absoluta y total impunidad. Tienen razón cuando dicen “no somos iguales”, son peores aún.