Las preguntas siguen ahí

Editorial

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva decidió responder a la información publicada por Avanzada respecto a su más reciente declaración patrimonial. Está en todo su derecho de hacerlo. También lo estamos nosotros de formular preguntas sobre información contenida en documentos públicos. Esa es, en esencia, la naturaleza de una democracia: los funcionarios públicos rinden cuentas y la sociedad tiene derecho a cuestionar, revisar y analizar la información relacionada con el ejercicio del poder.

Entre las expresiones utilizadas por la mandataria hubo una que merece especial atención: “Si quisiera ocultar algo, pues lo oculto”. Más allá de la intención con la que fue pronunciada, la frase recuerda la razón por la cual existen las declaraciones patrimoniales. Estos instrumentos no fueron creados para que los ciudadanos depositen su confianza en la palabra de un gobernante, sino para que exista información verificable sobre la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos públicos. La transparencia no consiste en actos de fe ni en asumir la honestidad de los servidores públicos como una verdad absoluta; consiste en generar mecanismos que permitan contrastar ingresos, bienes, deudas e intereses para que la sociedad pueda emitir sus propios juicios con base en datos objetivos.

Por ello, las declaraciones patrimoniales son públicas. Por ello los medios de comunicación las revisan. Y por ello las preguntas derivadas de su contenido no solo son legítimas, sino necesarias. La existencia misma de estos mecanismos parte del reconocimiento de que el escrutinio público es una condición indispensable para la vida democrática.

La gobernadora también afirmó que Avanzada miente. Sobre ese punto no existe mayor comentario. Se trata de una opinión personal de la titular del Poder Ejecutivo y no corresponde a este medio entrar en un intercambio de descalificaciones. Preferimos que sean nuestros lectores quienes evalúen diariamente nuestro trabajo, nuestras investigaciones y el rigor de la información que publicamos.

Sin embargo, sí resulta pertinente regresar al fondo del asunto, porque la discusión nunca ha sido Avanzada. La discusión es la información contenida en la declaración patrimonial de la gobernadora. La discusión es cómo una servidora pública que reportó ingresos netos anuales por poco más de un millón de pesos contrató un crédito hipotecario por 7 millones 800 mil pesos y adquirió nuevos bienes inmuebles que hoy forman parte de su patrimonio declarado.

La mandataria sostiene que existe una interpretación incorrecta porque dicho crédito constituye una deuda y no una ganancia patrimonial. En términos estrictamente financieros tiene razón: un crédito representa una obligación de pago y no un ingreso. No obstante, esa explicación no elimina las preguntas planteadas. Simplemente las traslada a otro ámbito igualmente relevante.

De acuerdo con la información contenida en su propia declaración patrimonial, la gobernadora adquirió en septiembre de 2022 una vivienda por más de 6 millones 653 mil pesos mediante financiamiento. Tres años después, según la explicación ofrecida por ella misma, esa propiedad sirvió como respaldo para obtener un nuevo crédito hipotecario por 7 millones 800 mil pesos. La pregunta no es si un crédito constituye un activo o un pasivo. La pregunta es cómo evolucionó financieramente una operación de esa magnitud en un periodo relativamente corto.

Si la vivienda original fue liquidada o redujo sustancialmente su adeudo para permitir la contratación de un nuevo financiamiento de esa dimensión, resulta legítimo preguntarse cuáles fueron las fuentes de recursos que hicieron posible ese proceso. Si aún existían obligaciones financieras relevantes sobre dicho inmueble, también resulta razonable cuestionar bajo qué condiciones se autorizó un nuevo crédito por una cantidad superior.

Durante su respuesta, la gobernadora también dedicó una parte importante de su exposición a referirse a comentarios sobre su forma de vestir, críticas personales y expresiones que consideró machistas o misóginas. Ese debate, sin embargo, es ajeno al trabajo periodístico que dio origen a esta discusión. Avanzada no publicó una sola línea relacionada con la vestimenta de la gobernadora ni emitió juicio alguno sobre aspectos personales de su vida.

Tampoco se trata de un caso excepcional. A lo largo de los años, este medio ha documentado adquisiciones patrimoniales, movimientos financieros y evolución de bienes de gobernadores emanados de distintos partidos políticos. Lo hicimos con Mario Anguiano Moreno. Lo hicimos con José Ignacio Peralta Sánchez. Lo hacemos ahora con Indira Vizcaíno Silva. En todos los casos existieron explicaciones. En todos los casos se defendió la legalidad de las operaciones realizadas. Y en todos los casos correspondió a la sociedad y al paso del tiempo emitir una valoración más amplia sobre cada administración.

Por esa razón, el escrutinio público jamás debe entenderse como un ataque. Es una obligación democrática. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo evoluciona el patrimonio de quienes administran recursos públicos. Los medios tienen la responsabilidad de documentarlo. Y los gobernantes tienen el deber de explicarlo con claridad.

Dentro de algunos años, cuando haya concluido esta administración, será la historia la que determine la verdadera dimensión del actual gobierno. No las conferencias de prensa. No los discursos. No las descalificaciones. La historia. Porque los gobernadores pasan, pero los documentos permanecen. También permanecen los hechos y la memoria pública.

Cuando concluya este sexenio, Indira Vizcaíno será parte de la historia política de Colima, como antes lo fueron Mario Anguiano y José Ignacio Peralta. Corresponderá a los ciudadanos decidir si su gobierno logró trascender o si terminó siendo una administración más dentro de la larga sucesión de mandatarios que han ocupado el despacho principal de Casa de Gobierno. Nosotros seguiremos aquí, haciendo lo que hemos hecho siempre: revisar documentos, contrastar versiones, formular preguntas y registrar los acontecimientos de nuestro tiempo. Porque los gobiernos son temporales. El periodismo, en cambio, permanece para contarlo.