Oficio Ciudadano

Contratar deuda no es, por sí misma, una mala decisión que deba condenarse; sin embargo, si es una decisión que se debe planear, analizar y evaluar debidamente por quien la decida, ya sea una persona, una empresa o una institución. En los dos primeros casos por un principio básico de rentabilidad para la persona o negocio, en el último caso, en cambio, cobra adicional relevancia porque se trata de decisiones gubernamentales que implican la capacidad financiera y el patrimonio de los gobernados.

Por ello, la Constitución General de este país prevé en la fracción VIII del artículo 73 que: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos….”, salvo algunas excepciones bien determinadas en el texto. Queda claro entonces que el constituyente previó que los endeudamientos gubernamentales solo podrían darse para inversión pública productiva, de tal forma que esa inversión produjera un incremento en los ingresos con el obvio efecto de cubrir el costo y el mismo financiamiento. 

La introducción viene a colación por una nota informativa publicada en un periódico de circulación nacional el pasado fin de semana, en la que se da cuenta de que el gobierno de nuestro país pagará intereses más caros de deuda, esto derivado de la alta inflación y el incremento en las tasas de interés autorizadas por el Banco de México. Es decir, según se detalla en la nota, pagará un interés anual de 8.86% mediante Cetes a seis meses, de 9.59% en certificados a un año y de 9.22% en bonos colocados a 10 años, por lo que los conocedores estiman que el costo de la deuda va a aumentar en 60 mil millones de pesos solo en este año. 

Y esta nota adquiere importancia por varias razones, desde mi punto de vista. La primera de ellas, porque al aumentar la deuda interna en momentos tan inconvenientes para emitir esos bonos de deuda, además de incrementar el compromiso de pasivos encarece su costo y con ello, se demuestra la necesidad financiera gubernamental,  cuando ya agotó los fondos y fideicomisos que recibió de gobiernos anteriores.

La segunda razón que debo resaltar es porque además de la deuda interna, este gobierno federal ha aumentado el rubro de la deuda externa en 2 billones 644 mil 676 millones de pesos, lo que representa un 25% mayor en relación al saldo del año 2018, a pesar de que una de las promesas de campaña del presidente fue, precisamente, no incrementarla.     

Aunque algunos analistas dispensan o minimizan este incremento por tratarse en su mayor parte de refinanciamiento de créditos al vencimiento, es de hacer notar que en ese importe se incluyen  también ajustes por inflación y tipo de cambio, costo de intereses, pero además, hay que decirlo, la contratación de nuevos créditos con organismos internacionales y no solo la contratación de deuda para pagar deuda, como justifican. 

Y finalmente, la última razón por lo que he considerado importante hablar del tema, es porque creo que los ciudadanos no debemos olvidar que merecemos gobiernos honestos y congruentes, en todos los órdenes del mismo y en el federal especialmente como ejemplo,  que honren su dicho y que cuiden con esmero los recursos públicos que, como ya sabemos, provienen de las contribuciones que todos los mexicanos pagamos para sufragar el gasto público, como nos mandata la misma Constitución.  

El endeudamiento gubernamental debería ser estrictamente apegado a la ley y con claros visos de invertirlo en obras que a mediano y largo plazo generaran ingreses adicionales al Estado Mexicano. Sin embargo, con este gobierno, no queda clara la inversión de deuda en obra pública productiva pues si damos un rápido repaso a los megaproyectos, veremos: que el nuevo aeropuerto ya terminado, no es aún  rentable y está funcionando con más costos que ingresos; la nueva refinería y el tren del sureste, así como el tren transísmico siguen en construcción y han demandado incremento de presupuestos y quizás veamos su inicio de operaciones al finalizar el sexenio, y no hay obra pública federal en los estados;  así que por lo que se ve, el gobierno transformador de la 4T está haciendo lo mismo que sus odiados contrincantes del PRI y del PAN, pateando el bote para que la deuda pública siga incrementándose a futuro, a pesar de que dicen que son diferentes.