Editorial
En el contexto de sus recientes entrevistas ofrecidas a medios nacionales, la ganadora de la elección por la gubernatura de Colima, Indira Vizcaíno Silva, fue cuestionada si a su llegada al poder realizaría una revisión a las cuentas del gobernador saliente, José Ignacio Peralta Sánchez, a lo que se vio obligada a responder que sí.
“Por supuesto, es el principal compromiso que hicimos con las y los colimenses que lo primero que haríamos es una auditoría. Tenemos que saber de dónde partimos, pero también tenemos que saber si hubo excesos, si hubo irregularidades, quién las cometió y actuar en consecuencia”, respondió al diario Milenio.
—Actuar en consecuencia ¿hasta dónde? —insistió el entrevistador.
—Hasta donde a nosotros nos corresponda. Al Ejecutivo le corresponde hacer la auditoría, identificar, presentar denuncias y dar seguimiento. Ya quienes deban de procesar estas denuncias, dependerá de órganos de fiscalización, del propio Congreso y en otros casos, incluso de dependencias como las fiscalías estatal y federal.
Sin embargo, no existen garantías de que realmente Indira Vizcaíno cumplirá ese ofrecimiento o, si algo se hiciera, lo más probable es que no se llegará al fondo y Peralta Sánchez podrá gozar de impunidad en el manejo evidentemente desaseado de las finanzas públicas y la realización de negocios particulares desde el poder público.
En primer lugar, recordemos que hace seis años José Ignacio Peralta realizó exactamente la misma promesa en relación con su antecesor, Mario Anguiano Moreno, y aunque realizó un gasto considerable en un estudio financiero externo de las finanzas públicas, donde salieron a relucir diversas anomalías, la administración peraltista no procedió en contra el exmandatario.
Después de un prolongado periodo de revisión, que incluyó un juicio político contra Anguiano, el Congreso del Estado desechó uno a uno los resultados de las auditorías practicadas por el Osafig y al final terminó sancionando al exmandatario sólo por el mal manejo de un crédito.
Por la razón anterior, el Poder Legislativo aplicó a Mario Anguiano una sanción de 14 años de inhabilitación y una multa de 515 millones de pesos, pero ahora que está a punto de irse, el gobierno de Peralta no ha sido capaz de cobrarle, por lo que prevalece la impunidad.
También, recordemos que al inicio del gobierno de Peralta Indira Vizcaíno se sumó a su gabinete como titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Colima (Sedescol), donde fue su subordinada y a lo largo de varios años han mantenido una amistad.
Esa cercanía quedó evidenciada recientemente, cuando el gobernador Peralta Sánchez mandó un mensaje a la sociedad sobre su respaldo político a Indira Vizcaíno, al recibirla en su despacho y publicitar el encuentro, a pesar de que la elección no se encuentra concluida, pues existen impugnaciones a su elección y el Tribunal Electoral del Estado no le ha dado el carácter de gobernadora electa, aunque de manera equivocada varios personajes se han referido a ella de esa manera.
Si realmente Indira Vizcaíno quisiera revisar la administración de Peralta tendría que empezar por los manejos presupuestales y las deudas de largo y corto plazo que el actual mandatario ha hecho crecer de manera considerable, a pesar de que él acusaba de lo mismo a su predecesor.
También, la próxima gobernadora tendría que revisar y sancionar en su caso el proceso de concesión del Parque Regional Metropolitano para convertirlo en Ecoparc, la adquisición de las instalaciones de la antigua Zona Militar y la compra del predio de La Campana, con el que presuntamente favoreció a un excuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Lo anterior, más lo que se acumule de aquí a noviembre. Pero como dijimos antes, no existen garantías de cumplimiento.