EDITORIAL
Frente al crecimiento de la violencia contra las mujeres, que se suma a la desaparición de personas y homicidios dolosos en general, el fiscal general del estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, está obligado a dar la cara ante la sociedad colimense.
El feminicidio de la maestra Paulina Vadillo Pineda, quien desapareció el viernes pasado y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el Canal del Alpuyequito, sacudió a la sociedad colimense, pero igual ocurrió antes con el feminicidio de Julissa en Villa de Álvarez, o antes con el de Fabiola en Manzanillo, o también con el caso de las ancianas asesinadas en el centro de la ciudad de Colima o la desaparición de las tres jóvenes de Quesería o la de Jenny, por sólo citar algunos casos.
Ya basta de que el fiscal se siga escondiendo como avestruz. Se esconde de la opinión pública cuando ni siquiera es capaz de salir a informar a los medios de comunicación sobre la realidad de la violencia y cuando se abstiene de emitir comunicados oficiales sobre los hechos que impactan a la sociedad.
La población colimense no merece tener un funcionario que no tiene el valor de dar la cara y asumir sus responsabilidades ante la ciudadanía. El baño de sangre sigue creciendo, mientras el fiscal continúa envuelto en su incapacidad y su indolencia.
Ante esta realidad trágica que vive Colima, el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de atender la petición realizada el lunes por el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) y citar a comparecer al funcionario “para que informe sin dilación a la sociedad colimense sobre la grave situación de los feminicidios en Colima y los avances en las investigaciones”, pues “la sociedad no tolera más la impunidad y la ausencia de justicia para las mujeres. ¡No queremos ni una mujer asesinada más!”.
La organización informó que con el asesinato de Paulina en este año son 23 asesinatos los que se han perpetrado contra mujeres colimenses hasta este 14 de junio, según el registro del CAM tomado de la prensa local. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo a sus registros de enero a abril de 2021, señala que Colima ocupa el 3er lugar nacional en homicidios dolosos contra mujeres.
“Esta lacerante realidad para las mujeres, y que hoy experimentan con dolor los familiares de las víctimas, nos obliga a solicitar que el Congreso del Estado cite a comparecer al fiscal general del estado, ante dicha soberanía”, planteó el CAM.
Si los legisladores locales tienen un poco de sensibilidad a la situación de violencia que está viviendo la población, deben citar de manera urgente al fiscal Gabriel Verduzco para cuestionarlo y exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, no sólo en el caso de Paulina, sino en todos los casos pendientes de resolver.
De lo contrario, los representantes populares están obligados a exigirle al funcionario su renuncia inmediata, o bien, iniciarle un juicio político por su actitud negligente que ha costado tantas vidas, destituirlo e inhabilitarlo para ocupar otros puestos.