EDITORIAL. Derecho a la seguridad, vulnerado

Durante su informe de labores correspondiente al año 2021, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, echó en cara a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva la violación del derecho a la seguridad pública en la entidad.

En la sesión solemne realizada en el Congreso del Estado, en la que estuvo presente la mandataria, el titular del organismo no tuvo empacho en llamar a las autoridades para que se realicen las acciones necesarias y se garantice el derecho humano a la seguridad pública de la sociedad colimense, pues reconoció que “es el primer flagelo que está lastimando a la ciudadanía”.

Y es que además de la violación de este derecho, el funcionario expuso en su informe cifras preocupantes en materia del crecimiento de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, que durante 2021 alcanzaron la cifra de 762, esto es, un 67.5 por ciento superior al número registrado en 2020.

Ante esta circunstancia tan delicada, Ramírez realizó otro llamado a todos los servidores públicos del Estado, de sujetar su actuación al marco de respeto y observancia de los derechos humanos, entendiendo como servidor o servidora público a quien recibe un emolumento por parte del erario.

Desde la máxima tribuna del estado, el presidente de la CDHEC abundó que la dinámica social y gubernamental cambió de manera positiva en favor de las personas a partir de la reforma constitucional de 2011, por lo que los servidores públicos “debemos de entender eso, la persona es ahora el centro de atención y el gobierno ya no es el decisor absoluto; las autoridades hoy en día deben ajustar todo su actuar a un marco de justificación, fundamentación y motivación, basado en la observancia y respeto de los derechos humanos”.

Uno de los puntos importantes abordados por el presidente del organismo defensor fue el de los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Colima, el pasado martes 25 de enero, donde murieron 9 presos y hubo 7 heridos, los que “evidenciaron las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”, especificó.

A juicio de Ramírez, la mayoría de los atropellos a los derechos de las personas, se da por el desconocimiento que tienen las autoridades sobre los derechos humanos, por lo que el reto de la Comisión es capacitar, sensibilizar y humanizar al servidor público, para que se brinde a las personas un trato en condiciones de dignidad y advirtió que su posición está del lado de la gente, de las personas que han sufrido alguna trasgresión.

“Sé que la institución representa una esperanza ante la angustia, en algunos casos, es la última puerta que encuentra la persona en el lastimoso penar, asumo a cabalidad mi compromiso, y lo reafirmo, estamos del lado del pueblo, de las personas y de las víctimas”, sostuvo.

Incómoda frente a los señalamientos, la gobernadora Vizcaíno Silva respondió en su oportunidad que las labores que desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima se realizan, contribuyen a corregir el rumbo, a evidenciar excesos, a evitar que los abusos se repitan, aunque dijo confiar en que dicho trabajo se haga “de forma objetiva e imparcial”.

Asimismo, la titular del Poder Ejecutivo reafirmó la importancia de que la CDHEC esté siempre del lado de las víctimas y no de ninguna institución gubernamental o de algún otro tipo de poder, que busque obstaculizar el ejercicio o la defensa de los derechos humanos de todas las personas.

Es importante que se asuma a la seguridad como un derecho humano, porque actualmente la violencia que se vive ha sido la principal causa de infinidad de violaciones a los derechos humanos, sea por acción u omisión de las autoridades, lo que contribuye a la impunidad y a la injusticia.

El llamado del presidente de la CDHEC no debería ser ignorado por las autoridades y mucho menos por la sociedad, pues sólo reclamando la paz como un derecho es como podrá exigirse a las autoridades responsables la aplicación de estrategias responsables y efectivas en bien de la tranquilidad social que tanto necesita la población colimense.