Promesas de campaña sin propuesta(s) de gobierno

Escrito por Damián Lugo Gutiérrez.

Han transcurrido ya más de dos semanas desde el comienzo de la campaña electoral para la gubernatura del estado. Y las candidatas y candidatos han aprovechado este tiempo para realizar pequeños mítines en las diferentes localidades, comunidades y colonias de la entidad; llevar a cabo caravanas vehiculares; lanzar una que otra frase pegajosa; conectar con los electores a través de las redes sociales; participar en entrevistas con los medios de comunicación; y explicar su origen y trayectoria pública. Idealmente, este periodo debería servir también para comunicar una propuesta de gobierno seria y factible para el presente y futuro de Colima.

Sin embargo, las y los candidatos han optado por privilegiar la narrativa prefabricada y las promesas de alto impacto y rentabilidad política, a costa de ofrecer una propuesta de gobierno pertinente, coherente y factible para atender los problemas públicos que aquejan a la población. El asunto no es menor, la visión de gobierno que hasta ahora proyectan las candidatas y candidatos reproduciría y estaría anclada en los mismos problemas, prácticas, rutinas e inercias burocráticas que impiden que el ejercicio gubernamental sea transparente, eficiente y eficaz para mejorar las condiciones de vida de las y los colimenses.

Hasta ahora, la promesa ha consistido, principalmente, en consultar a la ciudadanía si la Casa de Gobierno se modifica para que sea una clínica para la atención de adicciones o un refugio para mujeres violentadas, en cambiar la sede de la Secretaría de Turismo y la de Fomento Económico al municipio de Manzanillo, en crear una nueva dirección estatal para atender los asuntos relacionados con los tianguis y mercados, en mantener apoyos sociales como la entrega de uniformes escolares, en reactivar el programa federal de estancias infantiles, en eliminar el impuesto sobre la nómina o en disminuir el salario de los funcionarios públicos.

Indudablemente, la mayoría de las promesas hasta ahora pronunciadas generan un beneficio directo para un sector o grupo poblacional específico. El problema es que consisten en acciones aisladas que, en el mejor de los casos, atienden los síntomas o efectos de problemas públicos, pero no sus causas. Y por ello, el potencial de estas acciones se traduce únicamente en mejoras marginales para la población, pero están lejos de ser capaces de detonar el crecimiento y desarrollo económico de la entidad, de transformar las condiciones de vida de las personas, de revertir las determinantes de la desigualdad o de garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

Las y los candidatos deberían dedicar más tiempo de este periodo de campañas a explicar con detalle cada una de sus promesas. Podrían detallar, por ejemplo, cuál es la propuesta para atender las causas del problema de adicciones o de la violencia a la mujer, cuál es el problema público y la causa que pretenden atender con la entrega de uniformes escolares y cuál es la evidencia que sustenta esta decisión, por qué la disminución del salario de los funcionarios públicos se traduciría en un gobierno más eficiente y eficaz sino se complementa con una propuesta de profesionalización de la administración pública, cómo la reactivación de guarderías representa un componente de una estrategia más amplia de cuidados a lo largo del ciclo de vida, por qué es pertinente crear una dirección estatal para tianguis y mercados si esta función corresponde principalmente a los ayuntamientos, cómo solventarían el boquete financiero de la eliminación de impuestos, o porqué el cambio de sede de dos secretarías implicaría mejores servicios o programas gubernamentales. 

El desafío es aún mayor. Las y los candidatos, además de explicar el costo de cada promesa de campaña en lo individual y cómo financiarían el agregado de ellas, deben presentar a la ciudadanía una propuesta de gobierno pertinente, coherente y factible. En otras palabras, la propuesta de gobierno no puede limitarse a la promesa de entregar bienes en especie, de realizar acciones asiladas y desconectadas entre sí o de replicar la política de otros ámbitos de gobierno. Quienes aspiran a ocupar la gubernatura del estado deben, por lo menos, explicar claramente cuáles serán las prioridades de gobierno, los principales problemas a resolver, cómo fortalecerán las capacidades institucionales de la administración pública, cómo sus objetivos de corto plazo conectan con una perspectiva de largo plazo, y cómo evaluarán y rendirán cuentas de cada una de sus acciones. 

Las promesas de campaña que hasta ahora han esbozado las candidatas y candidatos solo indica que gobernarán con los mismos vicios, déficits y problemas que enfrenta y reproduce el sector público. La situación es incluso de mayor gravedad: ningún candidato o candidata ha explicado una ruta o idea clara de cómo revertir esta situación. La complejidad y tamaño de los problemas públicos que enfrenta la población colimense demanda y requiere de una visión integral de gobierno con mejores políticas y servicios públicos y no las promesas simples, superficiales y prefabricadas hasta ahora planteadas.