Colima, México, Avanzada (04/12/2025).- La violencia laboral contra las mujeres persiste como un fenómeno estructural en Colima, advirtió la jueza laboral en retiro, Sandra Paola Rodríguez Cárdenas, durante la conferencia “Derechos Laborales de las Mujeres y Violencia de Género en el Ámbito del Trabajo”, transmitida en el marco del noveno aniversario de la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres.
Rodríguez Cárdenas explicó que esta violencia incluye acoso sexual, hostigamiento, discriminación, despidos injustificados, sobrecarga de trabajo y tratos degradantes, situaciones que —dijo— continúan reproduciéndose en los centros laborales del estado debido a la desigualdad de género.
Afirmó que, durante sus años como jueza, fue testigo de múltiples casos en los que se vulneraron derechos laborales de mujeres por razones de género, lo que demuestra que “los espacios de trabajo pueden ser tanto áreas de realización como de vulnerabilidad”.
Recordó que la Alerta de Violencia de Género declarada en Colima desde 2017 obliga a instituciones y centros laborales a incorporar la perspectiva de género, pero esa obligación no siempre se cumple. Muchas mujeres —explicó— siguen enfrentando acoso, hostigamiento psicológico, discriminación por embarazo, negativa de ascensos o renuncias forzadas disfrazadas de decisiones administrativas.
La especialista resaltó la relevancia del marco jurídico mexicano, que incluye la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y diversos tratados internacionales como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y el Convenio 190 de la OIT, que reconocen el derecho de las mujeres a un entorno laboral digno y libre de violencia. No obstante, precisó que gran parte de las empresas y dependencias públicas en Colima aún no cuentan con protocolos obligatorios para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral.
Señaló que la informalidad laboral afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Citando datos del Inegi, indicó que cerca de 84 mil mujeres trabajan en condiciones informales en la entidad, lo que les impide acceder a seguridad social, prestaciones y mecanismos de denuncia, aumentando su vulnerabilidad ante abusos.
La conferencista llamó a las instituciones a garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral, principios establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sostuvo que las autoridades tienen la obligación de actuar con rapidez, brindar protección y revertir las prácticas que aún persisten en los centros de trabajo.
Finalmente, exhortó a las mujeres a denunciar cualquier forma de violencia o acoso, recordando que la ley permite acudir directamente al Tribunal Laboral cuando se trata de violencia de género, sin necesidad de pasar por una etapa de conciliación.
Reiteró que garantizar los derechos laborales de las mujeres “no es un privilegio, sino una obligación de justicia”.