México, Avanzada (10/11/2024).- Luis Daniel Nava Jiménez, reportero de Proceso y El Sur, fue despojado de su equipo de trabajo y sus pertenencias personales la noche del 9 de noviembre en Chilpancingo, Guerrero, en lo que aparenta ser un asalto que podría tener un trasfondo intimidatorio. El ataque ocurrió tras la cobertura del sepelio de 11 personas asesinadas en la región, y ha encendido las alarmas en el gremio periodístico, que exige una investigación exhaustiva.
El incidente tuvo lugar cuando Nava Jiménez se dirigía a su domicilio en el barrio de Tequicorral. A pocos metros de su casa, fue interceptado por dos hombres armados con aspecto militar, quienes lo obligaron a identificarse y le cuestionaron sobre su labor como periodista. Antes de llevarse su teléfono y su computadora, los hombres le advirtieron: “¡Ya sabemos a lo que te dedicas!”. La agresión se da en un contexto de creciente violencia en Guerrero, donde periodistas han sido blanco de ataques y amenazas constantes.
Nava Jiménez y otros periodistas de Guerrero cubrían ese día el sepelio de 11 personas encontradas en una camioneta abandonada en Chilpancingo, todas víctimas de desaparición y asesinato en el municipio de Chilapa. La situación de violencia extrema en la región ha generado preocupación en las organizaciones de reporteros, que denuncian la falta de protección para el gremio y la impunidad que prevalece en los casos de agresiones contra periodistas.
A través de un comunicado, diversas asociaciones de periodistas de Guerrero condenaron el ataque a Nava Jiménez y exigieron a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva para esclarecer el incidente y deslindar responsabilidades. La Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, junto con otras agrupaciones, enfatizó que la agresión no solo afecta a una persona, sino a toda la comunidad periodística que diariamente enfrenta riesgos al ejercer su labor en la entidad.
El clima de violencia en Guerrero, señalan las organizaciones, ha generado que varios periodistas consideren dejar el estado por motivos de seguridad, y algunos ya han sido obligados a hacerlo. A casi un año de un ataque a balazos contra cuatro periodistas en Chilpancingo, sin resultados claros en la investigación, el gremio exige a las autoridades que dejen de minimizar la situación y actúen para detener la impunidad y la violencia que afectan tanto a periodistas como a la población en general.