Una estela de corrupción persigue a la gobernadora

Colima, México, Avanzada (31/10/2024).- A lo largo de su vida política y en los diversos cargos que desempeñó, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha protagonizado diversos señalamientos de corrupción, pero ha salido bien librada de todos ellos, por resoluciones jurisdiccionales y administrativas poco claras.

Entre los asuntos más sonados en que se ha visto implicada la mandataria estatal se encuentran el llamado caso Altozano; el probable uso irregular de programas sociales del gobierno federal; denuncias por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos materiales y humanos a la campaña interna de Morena.

Por todos esos asuntos se interpusieron las respectivas denuncias, sin embargo, las instancias jurisdiccionales o administrativas responsables de la investigación, archivaron los asuntos sin emitir resoluciones o bien, omitieron darle seguimiento a los expedientes.

El caso Altozano data del 8 de marzo de 2013, cuando el cabildo de Cuauhtémoc, entonces presidido por Indira Vizcaíno Silva, aprobó que en vez de un predio de 7 hectáreas en el fraccionamiento de lujo Altozano, la empresa desarrolladora les entregara dos predios en la cabecera municipal, los cuales además estaban en litigio.

Tal sustitución causó al municipio una posible afectación de 93 millones de pesos, sin embargo, en diciembre de 2021, ya con Indira Vizcaíno como gobernadora, la Fiscalía Anticorrupción decidió cerrar el caso y decretar que no existía ninguna responsabilidad.

Entre 2018 y 2020, Vizcaíno Silva encabezó la delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar; en ese tiempo, la funcionaria acumuló al menos siete expedientes de investigación, tras sendas denuncias por el uso ilícito del padrón de beneficiarios y probable coacción del voto a funcionarios.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que no existían indicios ni pruebas para sostener las acusaciones contra la entonces delegada, muchas de las cuales fueron presentadas por la diputada federal de Morena, Claudia Yáñez Centeno.

En septiembre de 2023, la dirigencia estatal y diputados de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia por delitos electorales en contra de la mandataria estatal, luego de que a nivel nacional se difundieron los pormenores de la Operación Jalisco, en la que participaron funcionarios y trabajadores del gobierno del estado de Colima, promoviendo el voto a favor de Claudia Sheinbaum, en la elección interna de Morena.

La denuncia de los diputados emecistas tiene como fundamento el reportaje difundido en el programa Latinus, donde se afirma que 15 funcionarios del gobierno de Colima operaron en Jalisco a favor de Claudia Sheinbaum.

Señala la investigación que ese grupo visitó a personas, con el fin de coaccionar su voto para la Jefa de Gobierno. Añade que en dicha operación se habrían utilizado recursos públicos. La denuncia fue turnada al Instituto Nacional Electoral (INE), pero se desconoce su destino.

Un mes después, en octubre de 2023, diputados del PRI en el Congreso del Estado presentaron una denuncia penal en contra de la gobernadora y varios de sus funcionarios de primer nivel, por el probable delito de enriquecimiento ilícito, luego de la compra simultánea de residencias en un fraccionamiento de lujo en esta capital.

A pesar de que la querella fue presentada hace más de un año, la Fiscalía Anticorrupción no ha dado seguimiento al expediente, por lo que no se conoce la situación que guarda, si fue archivada o se encuentra vigente y en proceso de integración.

En todos los cargos ejecutivos que ha desempeñado, Indira Vizcaíno Silva ha sido señalada por actos de corrupción, al igual que algunos de sus más allegados colaboradores como Viridiana Valencia Vargas, Eduardo Jurado Escamilla, Rosa María Bayardo Cabrera, Guadalupe Solís Ramírez, entre otros.