El asalto de Indira Vizcaíno al Poder Judicial del Estado

Estricto Derecho

El 2 de noviembre de 2023, actuando como Jurado de Sentencia en el juicio político respectivo, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia desestimó la acusación formulada por el Legislativo morenista en contra de quienes integraron el Ayuntamiento de Villa de Álvarez de 2018 a 2021, dado que no se alcanzó la mayoría calificada de dos tercios, al votar a favor del proyecto condenatorio solo 5 de las 10 magistraturas.

Hasta la fecha, la gobernadora sigue con la espina clavada. No supera que sus gestiones con el Pleno del Supremo Tribunal fueron infructuosas y la evidenciaron como una operadora incapaz. Como no soporta la idea de un Poder Judicial autónomo e independiente, al igual que su jefe López Obrador, ha emprendido su venganza y va por la cabeza de quienes le frustraron su plan de destituir e inhabilitar a los ex munícipes villalvarenses, principalmente al hoy diputado Héctor Magaña.

Para lograrlo, en una edición extraordinaria del Periódico Oficial, de fecha 11 de enero de 2024, junto con la Secretaria General de Gobierno y la Directora General de Control y Gestión Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, mandó publicar el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos y procedimiento a seguir para la evaluación y emisión de los dictámenes de procedencia o improcedencia para la ratificación en el cargo de las 4 (cuatro) magistraturas del Poder Judicial del Estado de Colima que concluyen en el año 2024 su periodo de ejercicio para el que fueron nombradas”.

¡Qué curiosa! La gobernadora tiene mucho interés en evaluar magistraturas, pero se niega a que la ciudadanía califique su desastroso gobierno mediante la revocación de mandato. Desde ahora les anticipo que, así como ha sucedido con otros temas jurídicos durante el gobierno de Indira, este también será un fracaso mayúsculo.

Empecemos con los problemas jurídicos que presenta el Acuerdo. Si bien puede considerarse que la titular del Ejecutivo tiene la facultad de evaluar el desempeño de quienes ejercen la magistratura, la forma y los términos en que hará uso de dicha atribución deben estar regulados expresamente en una ley estatal, y la idónea sería la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Así, al hacerlo mediante la expedición de un Acuerdo administrativo, se evidencia que nadie de la Consejería Jurídica conoce de Derecho Constitucional, y menos la propia Indira, con todo y su grado de maestría en derecho.

Es grave que, mediante un acuerdo expedido por el Poder Ejecutivo, la gobernadora pretenda regular la participación de los otros dos Poderes en un procedimiento de supuesta evaluación de magistraturas y, sobre todo, imponerles obligaciones y señalarles plazos al Legislativo y al Judicial, como si tuviera mayor jerarquía que ellos. ¿En qué mundo viven Indira y su equipo de abogados? ¿Acaso nunca estudiaron la división de poderes en la Facultad de Derecho? Pareciera que no…

Siguiendo con las inconstitucionalidades del Acuerdo mencionado, la gobernadora indica que sus disposiciones se dirigen específicamente a cuatro personas que desempeñan una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia: Lilia Hernández Flores, quien concluye el 13 de julio de 2024; y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, René Rodríguez Alcaraz y Leticia Chávez Ponce, quienes concluyen el 10 de septiembre de 2024. ¿No sabe la maestra en Derecho que eso es una norma privativa? ¿Acaso desconoce que las prohíbe nuestra Constitución Federal? Si el Consejero Jurídico tuviera tantito pudor, ya estuviera presentando su renuncia…

En su Acuerdo, la gobernadora dice que se basó en una decisión de la Suprema Corte adoptada en 2005, al resolver una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial de Tlaxcala. Sin embargo, aunque cita la sentencia, las disposiciones del procedimiento que trata de regular en su Acuerdo son contrarias a lo que determinó el Máximo Tribunal. O no leyeron bien, o ni siquiera comprendieron lo que dijo la Corte hace casi 20 años. En este momento, ya ningún Ministro queda de esa integración y, además, en todo este tiempo se han emitido innumerables sentencias acerca de ese tema, las cuales seguramente ni siquiera se tomaron la molestia de revisarlas.

En suma, el Acuerdo mencionado es un producto jurídico de bajísima calidad que en modo alguno persigue como finalidad evaluar las magistraturas a las que va dirigido, porque ese tema ya está decidido de antemano: Lilia Hernández será reelecta; René Rodríguez cederá amablemente su lugar, como lo anunciamos el año pasado (solo falta comprobar a cambio de qué); y esto nos deja a Leticia Chávez y a Sergio Marcelino Bravo como los únicos destinatarios de ese bodrio y, casualmente, ambos votaron en contra la sentencia condenatoria del juicio político.

Y aquí viene lo interesante, porque las cabezas de Leticia y Sergio Marcelino serían las dos primeras que rodarían, y después vendrían las de otras magistraturas disidentes que no obedezcan las órdenes de Indira. ¿Cómo sería posible eso? Bueno, en su tristemente célebre Acuerdo, la gobernadora le ordena al Magistrado Presidente que le abra de par en par las puertas del Poder Judicial y, en contra de lo establecido en diversos ordenamientos legales, le entregue un cúmulo de información, mucha de ella inconducente (en algunos casos se pide desde 2012, cuando las magistraturas a evaluar ni siquiera las habían nombrado), para así construir argumentos falaces a partir de los cuales sustentar futuras remociones.

Según se ha sabido, ya inició este procedimiento de evaluación de las magistraturas e, inexplicablemente, está viciado de subjetividad, discrecionalidad y opacidad, porque concluirá con la emisión de un dictamen que en ningún momento se podrá conocer, sino hasta que lo apruebe la mayoría legislativa de Indira, para no dar oportunidad a que se impugne por los afectados, de ahí que les exhorto a que lo hagan desde ahora, ya que, al mismo tiempo, la gobernadora estaría haciendo nuevas designaciones de magistrados, sin ningún procedimiento o evaluación de por medio.

Lo expuesto es preocupante, ya que uno de los designados sería el actual Consejero Jurídico de la gobernadora (como se evidencia con la premeditada falta de su firma en el documento), lo cual sería una atrocidad, al representar un intento de colonización del Judicial por parte del Ejecutivo, además de una violación flagrante a la Constitución federal, que expresamente lo excluye de esta posibilidad, aunado a los antecedentes negativos de dicho funcionario, cuyo mayor logro fue violentar en su oficina a la magistrada Rocío López Llerenas Zamora en diciembre de 2013.

Estamos frente a un intento de avasallamiento del Poder Judicial estatal y, debido a ello, el Presidente del Supremo Tribunal está legal y moralmente obligado a defender la autonomía y la independencia de la institución, presentando una controversia constitucional contra el Ejecutivo. Esto de ninguna manera significa estar en contra de la evaluación de quienes imparten justicia, o de la oxigenación de la judicatura local. Simplemente se pide que los procedimientos de esta naturaleza se realicen con apego a derecho, no desaseadamente como lo están haciendo, con el único objetivo de eliminar el disenso y obtener espacios para gente de la gobernadora. 

Para finalizar, como cereza del pastel, cabe señalar que el Acuerdo de la gobernadora, a pesar de ser un acto netamente administrativo, contempla como norma supletoria el Código de Procedimientos Civiles local, y no la Ley de Justicia Administrativa o la diversa Ley de Procedimiento Administrativo. ¡Es el colmo! Indira y sus secuaces tampoco saben Derecho Administrativo. Por eso Colima está como está…

OTROSÍ: Siguen retumbando las declaraciones de la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, quien hizo fuertes señalamientos en contra de la gobernadora. Tan fuertes, que le costaron la expulsión del partido al que pertenecía. Pero le hicieron un bien, porque ya no encajaba con esa gente que tanto mal le ha hecho a Colima. Necesitamos más servidores públicos como ella. Sinceramente, espero que continúe en la política, aunque lo haga postulada por otras siglas.