Columna
El puercoespín
El país está atravesando por tiempos difíciles, dominados por un Poder Judicial copado por cuadros del narcotráfico.
Actualmente, por citar un ejemplo, estos jueces ponderan mejor la politiquería de los gobernadores del Frente Amplio por México (Chihuahua y Coahuila), que los derechos de los niños, y les niegan, a éstos últimos, su derecho constitucional de recibir educación y los materiales que ello implica.
Además, esta institución transita por una profunda crisis estructural al integrar como administradora del Consejo de la Judicatura Federal a una ex empleada de García Luna.
También en el Instituto Federal de la Defensoría Pública se integró otro ex miembro de la banda de García Luna, se trata de Taissia Cruz Parcero, ella fue nombrada titular delInstituto Federal de la Defensoría Pública, a partir del 1 de febrero de 2023. La magistrada es esposa del ex comisionado de seguridad nacional,Renato Sales Heredia, quien tiene acusaciones vigentes de haber permitido las torturas a las víctimas del falso caso Wallace. Es una incondicional del corrupto grupo de narcotraficantes encabezado por Genaro García Luna.
Ella sustituyó a Netzaí Sandoval que fue el primer abogado en presentar una denuncia internacional ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en contra del Gobierno de México, por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, respaldada por más de 23 mil ciudadanos. Después de esa demanda, otras organizaciones internacionales también han solicitado a la Corte que investigue los crímenes cometidos durante la “Guerra del narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón Hinojosa. Un brillante abogado que estaba reformando el Instituto Federal de la Defensoría Pública a favor del pueblo.
Hace unos días, para cerrar el círculo, fue dado de alta en el Poder Judicial a Ricardo Márquez Blas, como encargado de los asuntos de seguridad de la Suprema Corte, éste último fue considerado, en su momento, el brazo derecho de Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York.
Ricardo Márquez Blas fue director general de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el sexenio de Felipe Calderón; estuvo a cargo de las direcciones generales de Plataforma México e Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública; fue titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad en la que se encargó de la Plataforma México, además, se encargó de gestionar los sistemas de información e interconexión, y finalmente, fue el responsable de labase de datos criminalística de la misma plataforma.
En el poder Judicial y el narco no existen fronteras, pues los principales cuadros de la banda de Genaro García Luna y Felipe Calderón ya están en la Suprema Corte de la Nación operando política y administrativamente. El narco regresó al poder al incrustarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otro síntoma -reciente- fue la liberación del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, preso desde 2017, acusado de enriquecimiento ilícito y uso indebido de recurso públicos.
La Suprema Corte está convertida en un Poder a las órdenes de crimen organizado y la oposición parece estar muy contenta de que así sea.
Por otro lado, la oposición, integrada en el Frente Amplio por México, al nombrar en días recientes, a Francisco García Cabeza de Vaca como el responsable del proyecto de seguridad del Frente, está demostrándose que es indubitablemente el brazo político del narcotráfico. Hace tres días en el diario digital EnUn2X3 se publicó un reportaje donde se denuncia que madres buscadoras habían encontrado una tonelada de osamentas en terrenos pertenecientes al ex gobernador de Tamaulipas, actualmente, prófugo de la justicia y fuera del país.
“El colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos dio a conocer un nuevo campo de exterminio en el ejido La Retana en Reynosa, Tamaulipas.
La vocera de la organización, Edith González, dijo que en el lugar se encontraron ‘fosas clandestinas´.”
Este ejido fue comprado por Francisco García Cabeza de Vaca a través de una empresa fachada según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera publicados en marzo de 2021.
Aun con todos los indicios de pertenecer y operar para el crimen organizado el Frente Amplio por México lo nombró responsable de la elaboración del proyecto de seguridad para un posible gobierno del Frente Amplio por México, de ser votados mayoritariamente por el pueblo de México en las elecciones de 2024.
El Poder Judicial y el Frente amplio por México descaradamente operan para el crimen organizado, pues todos sus actos y acciones están dirigidas a proteger y desarrollar los actos del crimen organizado.
El Poder Judicial es su brazo administrativo, entre las instituciones de los poderes del Estado, y el Frente Amplio es su ala política.
Poder Judicial, Frente Amplio por México y narcotraficantes son lo mismo. Quienes no quieran verlo y opten por ignorarlo están impulsado racional o inconscientemente al crimen organizado.