Una contraloría atada de manos

Colima, México, Avanzada (25/08/2023).- La Contraloría General de Gobierno tiene facultades para investigar la compra de casas millonarias que hizo la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, su hermano y dos funcionarios de primer nivel en el mismo fraccionamiento y a un año de haber llegado al gobierno.

Sin embargo, en caso de que encontrara alguna irregularidad administrativa, la propuesta de sanción, por ley, deberá consultarla con la propia titular del Ejecutivo, Indira Vizcaíno Silva, pues la mandataria colimense es la superior jerárquico de la contralora, Isela Uribe Alvarado.

El  artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos expone que, “cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Contraloría podrá ordenar fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditorías”.

Para poder comprar la casa de 6 millones 653 mil pesos, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva tendría que haber destinado la totalidad del salario que recibió desde el 2018 y hasta el 2020 en la delegación del Bienestar y también, las percepciones salariales que recibió durante los nueve meses que llevaba como gobernadora cuando se hizo la transacción con la empresa propiedad de Carlos Salazar Silva.

Mientras que su hermano, Arnoldo Vizcaíno Silva desde el primero de noviembre de 2021 no recibe sueldo porque su cargo como presidente del DIF estatal es honorífico. Sin embargo, en agosto del año pasado adquirió una vivienda de poco más de 3 millones de pesos.

En su reportaje donde revela las casas millonarias adquiridas en el fraccionamiento Bosque Real por funcionarios estatales, el periodista Óscar Adrián Luna señaló que atrás de la residencia de Arnoldo Vizcaíno Silva se encuentra la casa de Eduardo Jurado Escamilla, actual jefe del Despacho de la gobernadora. La casa de Jurado Escamilla fue adquirida en octubre de 2022 y el costo fue de 3 millones 451 mil 417 pesos, “lo que equivale a su sueldo de todo el sexenio como funcionario de primer nivel” se señala en la nota.

El artículo 60 de la Ley de Responsabilidades menciona que las sanciones administrativas  que imponga la contraloría al servidor público deberá ser previo acuerdo expreso del Titular del Poder Ejecutivo, en este caso, la gobernadora Indira Vizcaíno.

Así también el mismo artículo menciona que la Contraloría  requerirá la autorización del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para suspender a un servidor público –sujeto a una investigación-  si el nombramiento del servidor público de que se trate es de su incumbencia.