Oficio Ciudadano

El Instituto Electoral del Estado es un órgano constitucionalmente autónomo, que, como todos sabemos, se encarga de la preparación, organización y realización de los procesos electorales en Colima, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.

Desde el año pasado, coincidiendo con el gobierno de Indira Vizcaíno, su Presidente ha denunciado públicamente que el Congreso del Estado no le autoriza el monto presupuestal solicitado, en el que se comprenden los gastos de sus operaciones y las cantidades que por ley debe entregarse a los partidos políticos. Tampoco se les ha invitado a dialogar, analizar y justificar las razones del presupuesto solicitado, primero en 2022 y ahora en 2023, por lo que los montos autorizados han sido cada vez menores, sin escuchar la justificación que los sostiene.

Es importante señalar que, si bien el Instituto Electoral es un órgano constitucionalmente autónomo, como lo señalé líneas arriba, en su presupuesto depende del presupuesto del  gobierno del estado, como dependen todos los órganos autónomos e incluso los otros dos poderes del estado: el legislativo y el judicial. Dicho de otra forma, la autonomía se merma o incluso se pierde cuando de solicitar recursos se trata, pues dependen del poder ejecutivo estatal y de la aquiescencia del Congreso del Estado.

Así, haciendo un breve repaso, podremos observar lo siguiente: en 2018 y en 2019, las cantidades solicitadas fueron exactamente las autorizadas, es decir, 108 millones 471 mil pesos en el primer caso y 49 millones 089 mil pesos en el segundo, lo que se explica porque el primer año fue de  elecciones intermedias. En 2020 se presentó la primera disminución, pues solicitaron 70 millones 949 mil pesos y solo les autorizaron 49 millones 800 mil pesos; es decir, un 70% del total solicitado  o una disminución de 30%,  lo que puede entenderse por ser el año previo a la gran debacle financiera que tuvo el estado con la administración de José Ignacio Peralta Sánchez y que en el año siguiente llevó incluso a la imposibilidad de cubrir la nómina.

Siguiendo con los registros, en ese año electoral de 2021, solicitaron 137 millones 079 mil pesos y les autorizaron 132 millones 571 mil pesos, lo que representó una diferencia de poco menos de 5 millones de pesos que no fue significativa; pero en el siguiente año, el primero del nuevo gobierno, de 83 millones 028 mil pesos solicitados tuvieron que conformarse con solo 50 millones 773 mil pesos, es decir, 40% menos de lo requerido y en este año, de 98 millones 940 mil pesos solicitados, solo autorizaron 55 millones 031 mil pesos, es decir, la reducción ahora fue de 45% al presupuesto total, aunque es del 70% en lo que se refiere a los gastos propios del IEE.

Es claro que, siguiendo la línea nacional de intentar desaparecer  al INE, la gobernadora pretende hacer lo propio con el organismo local, asfixiándolo en su necesidad financiera y olvidando que por ley debe proveer lo que éste requiere para su operación y funciones. En vano han sido las gestiones de la presidente del  IEE. Ni la Secretaría de Finanzas ni los diputados le dan una respuesta ni justificación de la reducción, mucho menos le dan curso a una ampliación presupuestal.

Todavía más, el Congreso del Estado se está arriesgado a que se le aplique una sanción pues desacata la resolución que desde el mes de mayo resolvió el Tribunal Electoral del Estado en el sentido de que se complementara la asignación presupuestal del año en curso. En efecto, los magistrados del tribunal electoral estatal determinaron que el presupuesto para el año que corre debía ser de 75 millones de pesos y no de 55 millones como le fue autorizado

En noviembre inician las precampañas e iniciando el próximo año irrumpirán en la escena electoral los candidatos presidenciales, para seguir con diputaciones federales y senadurías y luego todos los cargos locales, por lo que los órganos electorales entrarán en unos meses en la organización coadyuvante de todas ellas, sin contar con los recursos financieros para ello.

Ojalá que la gobernadora y los diputados locales, en su mayoría morenista, recuerden que al tomar protesta de su cargo juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la del estado y las leyes que de ellas emanan. Por lo tanto, no pueden soslayar por más tiempo el ordenamiento y la responsabilidad de dotar de los recursos necesarios al Instituto Electoral del Estado, para que éste pueda cumplir sus funciones.