Cabeza de Vaca, punta de lanza del narco

Columna
El puercoespín 

La inscripción de Francisco García Cabeza de Vaca por parte de Va por México en su proceso interno para elegir candidato a la Presidencia de la República no es otra cosa que, la presencia física y simbólica, de un poder fáctico que controla gran parte del poder político y económico en nuestro país.

Que la coalición Va por México tenga entre sus filas a un narcotraficante buscando la candidatura presidencial es una muestra clara de que la derecha no está pensando en la paz para nuestro país. Está pensando en debilitar al Estado para que el crimen organizado tome el control total de éste.

Pero no todo está perdido, pues el que este narcotraficante se haya registrado a través de terceras personas -por miedo a ser aprehendido-, además que Salvador García Soto haya demostrado su incapacidad legal de participar por violar el artículo 82 constitucional en su fracción IIIque, establece concretamente, que es necesario “Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.” Su residencia, desde que salió de la gubernatura de Tamaulipas, en los Estados Unidos lo imposibilita para ser candidato.

Tiene ordenes de aprehensión giradas en su contra y, además, no cumple con los requisitos -como lo señalamos-; sin embargo, a pesar de ello, ahí está un narco en el proceso de selección del candidato a la presidencia en el Prian.

Es un error de cálculo de la derecha. Apostarle al uso de la violencia como una conforma de inhibir la participación de los ciudadanos es aportarle a la destrucción de la sociedad mexicana.

Va por México se equivoca si cree que con un narcotraficante (visible) en sus filas controlará el poder político y logrará la paz. Ésta no es sino una propuesta velada de una paz pactada con los criminales y, visto de otra manera, la mediación de los niveles de violencia en el país en forma simulada para tomar el poder político que es su prioridad. 

La sola imagen de un narcotraficante en la vida pública, luciéndose sin ningún pudor, es un insulto a todos los ciudadanos mexicanos.

La sociedad política mexicana debe impulsar, como un primer valor y un prerrequisito cerrarle el paso al crimen organizado, es decir, que ningún criminal participe en política. 
Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) deben vetar la presencia del crimen organizado; las derechas, el centro y las izquierdas también deben de sacar de sus campos de acción al crimen organizado.

De ya y, por convicción, deben de cerrarle el paso al crimen organizado en la participación de la vida pública. El crimen no cabe en los asuntos políticos. Ese debe ser un principio básico, un valor entendido y un pacto explícito.

La derecha se equivoca al dejar participar entre sus filas a narcotraficantes. Si continúan por esa vía lo único que provocarán es la facilitación para que el crimen organizado establezca hegemónicamente sus intereses en los asuntos públicos y el controle al Estado.

Los crímenes perpetrados en las afueras de los juzgados federales en Colima y a unos pasos del Complejo Administrativo son una muestra del poder narco, es un desafío a las autoridades locales y una muestra de los altos grados de penetración del sistema judicial, donde jueces y funcionarios están coludidos con los criminales.

La suspensión de la conferencia de prensa de la gobernadora es una muestra de la cobardía de una gobernadora que no quiere enfrentar la violenta realidad del estado o que tiene nexos con el crimen organizado, e igualmente, no quiere enfrentar una realidad que la está rebasando. Nada ha dicho y ha optado por simular que nada pasa. 

El Poder Judicial decidió trabajar desde su casa y que, quienes concurran a los juzgados, lo hagan en forma escalonada.

En Jalisco, en El Tinaco, municipio del Tlajomulco de Zúñiga estalló un artefacto que mató a tres policías y dejó heridos a 10 más. El gobernador Enrique Alfaro calificó el acto como un desafío al Estado mexicano.

En contraste, la prensa nacional y local, así como los miembros de la oposición (Va por México) celebran y magnifica los eventos porque ven que de ello pueden obtener réditos políticos. 

Enrique Alfaro tiene razón, los eventos violentos del crimen organizado no están dirigidos hacia una facción política de izquierda o derecha, están dirigidos a todo el Estado mexicano porque observan una sociedad política confrontada y ávida de acceder fácil y rápidamente a la riqueza.  

Recientemente se hicieron públicos documentales videográficos que muestran una relación de negocios entre la presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero, y un miembro del grupo del crimen organizado denominado Los Ardillos que, por cierto, también se dedicaron a organizar disturbios, motivados por el arresto de líderes de esa banda criminal.

Lamentable, en este caso, e independientemente de la ineptitud de la gobernadora guerrerense, es que los criminales cuenten con base social, esto evidencia que algo se hizo y se sigue haciendo mal en el estado de Guerrero.

La sociedad política debe hacer una pausa y considerar el papel creciente del crimen organizado en la vida económica y política del país. Están equivocados los políticos de oposición de derechas si creen que, volviendo ellos al poder, se podrán pactar treguas o bajarle a la intensidad de la violencia pública provocada por el crimen organizado. Los criminales podrán hacer pausas, pero no van a abandonar sus negocios lucrativos. Si creen que podrán regresar y controlar a los criminales cometen un error, pues para entonces ellos estarán controlados por los criminales y México como Estado-Nación habrá perdido su viabilidad. Todos perdemos.

Al crimen organizado solo se le puede parar con el concurso de toda la sociedad política. Si la derecha cree lo contrario está muy equivocada. 

Enrique Alfaro tiene razón, hoy, todos los actos de los criminales son un desafío al Estado mexicano. El Poder Judicial, Morena y Va por México deben de entenderlo, si no se actúa lo más pronto posible después no habrá país, mañana puede ser demasiado tarde.

Los gobernadores deben integrarse a una solución, no seguir siendo parte del problema.

En el caso de Colima debe renunciar porque está claro que Indira no es apta para gobernar, o de plano, está involucrada con el crimen organizado, de ahí su evasión e inacción, de cualquier forma, ella es parte del problema y no es capaz de una salida política para la paz. 

La sola presencia de Francisco García Cabeza de Vaca en la vida política es una provocación para el gobierno federal, pero también para toda la sociedad. El mensaje es claro: el narcotráfico está fuerte y su sola figura en las elecciones primarias del Frente Amplio por México es un desafío para el Estado mexicano.